25N y siempre: las violencias contra las más vulnerables

Este 2020 que está ya cerrando nos deja como tema omnipresente en las políticas públicas, los medios de comunicación y las conversaciones, la pandemia por Covid-19. Un grave problema de salud pública que ha ensombrecido a lo largo del ejercicio todas las problemáticas adicionales que nos preocupan y ocupan a las rebeldes e inconformistas declaradas. En una fecha como el 25N toca abordar las distintas formas y dimensiones de las violencias hacia las mujeres, esa mitad de la humanidad que no se etiqueta dentro del género patrón, el masculino.

Desde Mujeres 24H hemos dedicado buena parte de este 2020 a profundizar y hacer seguimiento de una serie de casos locales en que las violencias hacia determinados grupos de mujeres se hacen más evidentes, centrándonos en las trabajadoras del campo y las trabajadoras del hogar, en especial con bagaje migratorio; es decir, lo que comúnmente llamamos trabajadoras inmigrantes o en términos de nacionalidad como temporeras marroquíes y domésticas latinoamericanas.

En este sentido no queremos dejar de denunciar el sobre-confinamiento y abuso múltiple que han experimentado muchas trabajadoras del hogar y cuidadoras a domicilio antes y aún más durante el estado de alarma. Este sector se encuentra tan denostado dentro de los regímenes laborales como infravalorado social y económicamente, a pesar de la incansable labor de denuncia y presión que diversas organizaciones realizamos.

Las labores de cuidados recaen mayoritariamente sobre los hombros de las mujeres y, aunque se ha demostrado que se realicen o no a cambio de un salario, ellas prestan un servicio esencial. No se cuenta con el respaldo público necesario para desarrollarlas de manera digna, ni para las cuidadoras, ni para las personas receptoras de cuidados, la mayoría personas mayores, diversas funcionales, o enfermas. España aún no ha ratificado el Convenio 189 de la OIT, y la prestación que se aprobó para las empleadas de hogar durante el primer estado de alarma, o bien no la han cobrado aún la mayoría de las mujeres o sólo ha alcanzado a aquellas que tenían su documentación en regla.

Teniendo en cuenta que se trata de un sector donde la economía sumergida —o ‘informal’— es la tónica general, no es de extrañar que gran parte de las cuidadoras haya quedado sin ninguna prestación en este tiempo de confinamiento, así como desprotegidas frente al virus por falta de medios para llevar a cabo adecuadamente su trabajo.

Otro ejemplo sangrante de abuso sistemático es el que sufren las trabajadoras del campo. En concreto, las temporeras marroquíes en la agricultura de Huelva suponen actualmente apenas un cuarto del total de trabajadoras en la campaña de recolección de los frutos rojos. En el campo trabajan cada año muchas más mujeres de origen nacional o de otras nacionalidades y, sin embargo, la presencia de las mujeres marroquíes se ha visibilizado enormemente gracias al trabajo de denuncia que diferentes colectivos y organizaciones, así como medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, hemos realizado en especial en los últimos años.

No porque su situación sea peor o se merezcan mayor atención que otras, sino porque constituyen un ejemplo paradigmático de reproducción de opresiones cruzadas a las mujeres. Las tensiones que generó la dificultad para el retorno a Marruecos del contingente contratado en origen en la campaña 2020 amplificaron más si cabe la notoriedad del caso.

La contratación en origen de temporeras marroquíes está regulada por una garantista orden ministerial y está respaldada por las subvenciones de la Unión Europea que lo presenta como un modelo de buenas prácticas a exportar. No obstante, se ha demostrado profusamente en los veinte años de su funcionamiento que se cometen demasiadas arbitrariedades y abusos de todo orden, en lo laboral y asistencial, así como los relacionados con la integridad física y sexual de las mujeres.

Es comprensible que al empresariado y responsables públicos no les guste que se conozca la trastienda de una actividad económica que proporciona suculentos ingresos en evidente forma de pirámide invertida. De ahí que comúnmente nieguen y hasta acusen a los demás de estar orquestando campañas de descrédito al intachable sistema de explotación del agro, como se desprende de sus declaraciones. Calculan que desacreditando a las organizaciones sociales sus argumentos van a ser mejor digeridos. Es más lamentable, sin duda alguna, que buena parte de la ciudadanía justifique estas violencias sobre la base de una actitud abierta o veladamente xenófoba.

Desde nuestra perspectiva ecofeminista, al factor de unas opresivas relaciones de producción asentadas, aunque sin decirlo, en la supuesta mayor docilidad de la mano de obra femenina, hay que añadir la relación depredadora que se mantiene con los medios que posibilitan la producción de alimentos. En realidad, la violencia contra las mujeres que trabajan la tierra viene acompañada de una violencia hacia el territorio, que es consustancial a un tipo de agricultura de monocultivo intensiva en recursos, tan escasos como preciados, como es el agua dulce. La relación fuerza de trabajo-medios de producción, en este sentido, no es muy diferente a la que se producía en las explotaciones de azúcar o algodón esclavistas.

Desde luego al empresariado, distribuidor y comercializador de los frutos del campo, hoy por hoy les interesa el ecologismo y el feminismo en especial en cuanto suponga una oportunidad de expandir su negocio, de adquirir lo que en sus pomposos congresos denominan ‘los valores añadidos’ que los distingan de su competencia en terceros países. Este es el feminismo y el ecologismo de tinte liberal al que se apunta la economía capitalista de crecimiento ilimitado y acumulación de base especulativa. Y así no dudan en referirse a la contratación en origen de mujeres marroquíes, quizás mañana también hondureñas o moldavas, como una política de codesarrollo; es decir, un ejercicio de buena voluntad al ofrecer a través de un exiguo ingreso la oportunidad a las pobres mujeres musulmanas para su emancipación y empoderamiento. En un avezado ejercicio de tergiversación, lo que es por parte del empresariado local una búsqueda desesperada de mano de obra más sumisa y barata que la que tiene en suelo nacional, se disfraza de caridad hacia las que una vez en España toleran como mano de obra pero no aceptan como personas, porque ni les dan el trato que ellos mismos quisieran para sí, ni permiten que realmente sean libres.