Asociaciones y colectivos de toda España urgen al Gobierno la regularización “permanente y sin condiciones” de migrantes y refugiados

112 organizaciones denuncian las precarias condiciones laborales, explotación y desprotección que sufren 600.000 personas migrantes en España.

La campaña #RegularizaciónYa para sumar adhesiones se ha lanzado en redes a las 11,00 horas de este  y busca sumar el máximo de adhesiones a la petición.

Una «red estatal de colectivas migrantes y antirracistas  autoorganizadas» que engloba a 112 organizaciones de ámbito nacional, autonómico y local, ha puesto en marcha a las 11,00 horas de este lunes una «acción articulada» para buscar adhesiones ciudadanas a la carta que, también hoy, han enviado a varios miembros del Gobierno, (incluidos el presidente Pedro Sánchez y el vicepresidente social, Pablo Iglesias) y al Defensor de Pueblo Francisco Fernández Marugán, para pedir una «regularización urgente, permanente y sin condiciones» para más de medio millón de trabajadores extracomunitarios que viven en España en el limbo legal de los sinpapeles. Mujeres y hombres condenados a la economía sumergida y atrapados en un interminable infierno burocrático.

«La lucha de las personas migrantes y refugiadas que exige al Gobierno la regularización extraordinaria y sin condiciones, está más vigente que nunca», asegura el texto difundido a través de las redes sociales con la etiqueta #RegularizaciónYa. «Hoy, pese al confinamiento para contener al COVID19, los colectivos siguen movilizados para que se reconozcan nuestros derechos y nuestra dignidad, e interpelamos a todas las autoridades competentes para que asuman este desafío de manera integral, inclusiva y humana».

En la misiva, las organizaciones firmantes reprochan al Consejo de Ministros que no haya tenido en cuenta al colectivo migrante en las medidas excepcionales de ámbito laboral tomadas en el actual contexto de estado de alarma, y lamenta que la legislación española se caracterice por «dejar fuera a las personas que sufren mayor vulnerabilidad y que se encuentran en riesgo de exclusión, en su mayoría personas migradas y refugiadas».

«La pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia, una vez más, que es la población migrante y refugiada quienes más sufrimos los efectos nefastos de las políticas de ajustes y recortes del Gobierno en el ámbito sanitario, social, laboral y económico», asegura el texto remitido al Gobierno y al Defensor del Pueblo, que asevera que «la consecuencia es el agravamiento de nuestras condiciones de vida, sobre todo para las casi 600 mil personas que nos encontramos en situación administrativa irregular.

En este sentido, los colectivos trasladan al Gobierno y al Defensor del Pueblo «las precarias condiciones laborales, la desprotección y la explotación que vivimos, las cuales han sido reivindicadas por diversas organizaciones y  colectivos en todo el territorio español. Así se evidenció el pasado mes de febrero por el Relator especial sobre la Pobreza Extrema y los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)», añade la carta, haciendo mención a la visita realizada en enero pasado por el Relator Philip Alston, quien visitó los asentamientos de temporeros de Huelva y se reunión en Madrid con trabajadoras del hogar y cuidados, dos de los sectores ocupados mayoritariamente por personas migrantes en situación de precariedad. Alston afirmó de los primeros que sus condiciones eran “inhumanas”, de las peores que había visto por el mundo, y de las segundas que eran un sector empobrecido, exento de la adecuada protección legal.

Los promotores de la campaña #RegularizaciónYa coinciden en criticar que las leyes españolas «son redactadas sin tomar en cuenta la realidad de todas las personas que vivimos en España, independientemente de nuestra situación administrativa. Por esta razón, desde el inicio del decreto de estado de alarma venimos denunciando que las medidas adoptadas por el  Gobierno son insuficientes, cortoplacistas e instrumentalistas».

Medidas como el «injusto e inhumano» Real Decreto ley 13/2020, que, en opinión de los firmantes de la carta, adolece de «carácter mercantilista» y promueve «un contrato a uso y desuso de los trabajadores migrantes. O el Real Decreto ley 11/2020, «cuyas medidas obvian la situación de infravivienda o sin techo en que vivimos muchas personas sin papeles». Los colectivos consideran que son políticas «insolidarias, explotadoras, ciegas a nuestra realidad», por lo exigen al Gobierno «un cambio de paradigma migratorio» centrado en los derechos y libertades de las personas migradas y refugiadas. Para que se produzca, piden al Gobierno que aborde un «proceso extraordinario» que contemple, entre otras, las siguientes medidas:

1. 1. 1. 1. Regularización amplia y extraordinaria de todas las personas migrantes que viven en territorio español, independientemente de los requisitos que impone la Ley de Extranjería.

1. 1. 1. 2. Resolución favorable e inmediata de todas las solicitudes y expedientes de asilo y refugio. 

1. 1. 1. 3. Para la consecución de esta regularización extraordinaria, el Gobierno debe de asegurar  procedimientos y medios administrativos expeditos para la tramitación y resolución de estos expedientes. 

1. 1. 1. 4. Priorizar el derecho a la vida familiar y el interés superior del menor en todos trámites de regularización familiar, sin supeditarse a ningún requisito administrativo.

1. 1. 1. 5. Liberación inmediata de todas las personas internas en CIEs y CETIs de Ceuta y Melilla, anulación de todos los expedientes de deportación y agilización de los laisse-passez y, por último, cierre definitivo y permanente de estos centros.

1. 1. 1. 6. Sanciones efectivas y eliminación de todo tipo de acción policial y de seguridad discriminatoria, basada en la identificación por perfil étnico.

1. 1. 1. 7. Que el Gobierno y las autoridades autonómicas garanticen la protección de los menores migrantes no acompañados prohibiendo su trabajo en las edades comprendidas entre 16 y 18 años, garantizado el permiso de trabajo a los mayores de 18 años y ampliando la protección institucional hasta los 21 años.

1. 1. La carta remitida al Gobierno y la Defensor del Pueblo sostiene que los colectivos migrantes «no podemos seguir en este limbo vital y administrativo en el que nos sumerge y condena el racismo institucional», y apela «a la voluntad política de acabar con las violencias estructurales que nos clasifican en las categorías de ciudadana/ inmigrante, legal/ no legal, persona/ no persona».

«El Estado español nos pide que este virus lo paremos todas las personas unidas, pero nosotras no podemos luchar partiendo desde una posición tan desigual», advierten los colectivos de migrantes. «Para salir todas de esta crisis sanitaria tenemos que hacerlo todas juntas, en igualdad de condiciones».