Desde 7.304,47 € por seis meses de contrato de las primeras 494 mujeres llegadas en diciembre del pasado año, hasta 3.652,23 € por tres meses de las últimas 2.075 llegadas en la primera quincena de marzo.
El salario neto total a percibir por las 7.081 trabajadoras roza los 40 millones de euros.
Las retenciones y cotizaciones de las marroquinas han debido dejar en la caja pública más de 16 millones de euros.
El Estado desconoce cuánto ingresa por cotizaciones y retenciones de las temporeras marroquíes contratadas “en origen”
La estimación se basa en los datos oficiales facilitados por la Subdelegación del Gobierno en Huelva, y en estipulado en la Ley 4/2000 (Ley de Extranjería,) Orden TMS/1277/2019 de 23 de diciembre (Orden Gecco 2020), y las tablas salariales establecidas para 2020 por el Convenio Colectivo del Campo para las provincia de Huelva.
Los cálculos no incluyen la extensión de contrato hasta el próximo 31 de julio aprobados por la Subdelegación del Gobierno de Huelva a 3.081 de las trabajadoras. Tampoco incluye las horas extraordinarias que hayan podido realizarse durante la campaña de frutos rojos.
Según desveló La Mar de Onuba, el pasado año, el 99,9 % de las contrataciones en origen ignoraron ambas normativas, de obligado cumplimiento.
Miércoles, 24 de junio de 2020. El contrato de trabajo firmado en origen debe garantizar una actividad continuada (y remunerada) durante todo el periodo de vigencia de la autorización. Así lo establece el artículo 36.4 de la Ley Orgánica de Extranjería, desde su última actualización, publicada en el Boletín Oficial de Estado el 9 de noviembre del 1998.
Esta obligación, que corresponde al contratante (es decir, a los empresarios), y por cuyo cumplimiento debe velar el Estado Español a través de las diversas herramientas presupuestadas para ello (ITSS, FCSE y entidades contratadas a tal efecto por Administraciones Públicas sindicatos, ONGD u otros colectivos sociales y ciudadanos), implica que desde el momento que pisan suelo español las mujeres contratadas se convierten en personal laboral de las empresas a las que son adscritas, con una jornada laboral de 39 horas semanales distribuidas en seis días de trabajo y un día de descanso hasta la extinción del contrato, cuya fecha debe coincidir con la de caducidad el visado extraordinario por motivos de producción otorgado a cada una de las marroquinas.
Trasladando estas obligaciones a las nóminas de las trabajadoras, esto supone un salario bruto mensual de 1.311,30 euros, a razón de 43,71 euros para cada día de estancia en España. De estas cantidades, y según recogen nóminas de varias empresas que obran poder de esta redacción, habría que descontar las correspondientes retenciones realizadas a cada trabajador (hasta un 8,33 %), recaudación a las que hay que sumar para las arcas publicas (Seguridad Social y Hacienda) las cotizaciones que corresponden al empresario (23,71 % sobre el salario bruto del empleado).
En la temporada de frutos rojos que ahora termina, y según los datos oficiales facilitados por la Subdelegación del Gobierno en Huelva, de las 7.081 mujeres contratadas en origen, 494 han debido devengar derechos salariales equivalentes a seis meses completos de trabajo, lo que supone un ingreso neto individual de 7.191,47 cada una (un total de 3.552.437,58 €). 762 mujeres habrán disfrutado de 5,5 meses de actividad continuada, lo que supone un salario neto individual de 6.591.,91 € (un total 5.023.031,69 €).
1,204 mujeres, siempre según los datos oficiales de la Subdelegación del Gobierno en Huelva, habrían devengado salarios durante 5 meses completos, un salario neto total e individual de 5.992,64 € (un total de 7.754.477,00 €). A las 1.398 trabajadoras llegadas a comienzos de febrero les corresponde un salario neto individual de 5.393,38 € (un total de 7.539.940,91 €). A las 1.058 trabajadoras llegadas en la segunda quincena de febrero, un salario neto individual de 4.794,11 € (total 5.072.171,34 €). Por último, a las 2.075 mujeres llegadas en marzo, y cuyos contratos han tenido una duración de sólo tres meses, les corresponde un salario neto total de 3.595,58 €, un total 7.460.838,05 euros.
TOTALES Y APORTACIÓN A LA CAJA PÚBLICA
En total, las jornadas que han debido cotizar las 7.081 trabajadoras marroquíes, suponen un desembolso en salarios de 39.828.11490 euros (36.402.897,02 € que han debido ir al bolsillos de las temporeras, más 3.425.21788 € que las trabajadoras habrían aportado a la caja pública en concepto de retenciones por Seguridad Social e IRPF).
La recaudación total obtenida por el Estado debe haber alcanzado los 17.205.745,64 €, correspondientes a las aportaciones realizadas por las propias marroquinas, más otros 13,780.527,76 € de cotizaciones sociales a cargo de los empresarios. (A esta cantidad hay que sumar otros 219.406,24 €, en concepto de tasas administrativas).
SITUACIÓN DE «CRISIS HUMANITARIA»
A estas cantidades, en todo caso, habrá que sumar los salarios y aportaciones a la Hacienda Pública y Seguridad Social que devenguen las 3.281 mujeres a la que, a petición de los propios empresarios, se les ha renovado el visado vinculado a un contrato de trabajo hasta el próximo 31 de julio.
El resto de marroquinas llegadas a España, 3.800, finalizaron sus contratos entre el pasado 31 de mayo y el 15 de junio. Todas ellas, según explicó la semana pasada José Luis García Palacios, presidente de la patronal agraria Asaja y del lobby interprofesional Interfresa, así como de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), estarían a punto de enfrentar un escenario «con claros tintes de una crisis humanitaria», dada la imposibilidad de las temporeras marroquíes de regresar a sus casas, ya que Marruecos mantiene aún cerradas las fronteras con motivo de la pandemia de COVID-19.
Según el patrón de patrones onubenses, el lobby Interfresa ha enviado «numerosas» cartas a los ministerios y a la Junta de Andalucía, que carece de competencias en esta materia, y de la que García Palacios destaca que «ha sido la única administración de la que hemos obtenido una respuesta oficial».
Asimismo, han hecho gestiones solicitando a la Casa Real española que intercediera con la de Marruecos y «trasladaran la situación humanitaria en la que se podían llegar a encontrar más de 7.000 conciudadanos de los que es responsable directo su Gobierno».
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