Demoliciones, ese fuego silencioso

Imágenes: Asociación Multicultural de Mazagón

A la devastación causada por los incendios, se unen las demoliciones de chabolas practicadas por las administraciones locales. Sin previo aviso. Sin alternativa habitacional. Las denuncias de las organizaciones no han dado resultado hasta la fecha. “Tenemos miedo a todo”, es la frase más repetida en los asentamientos de personas trabajadoras migrantes de Huelva.

por Pepa Suárez

Viernes, 1 de octubre de 2021. Mamadou salió a las seis de la mañana de su chabola para ir a trabajar a una finca. Cuando volvió a las 14.30h, encontró un amasijo de palés y plásticos en el lugar donde había estado su hogar desde 2018. Construido con sus propias manos. “Estuve buscando mi ropa, mis zapatos, la bombona, el hornillo de cocinar…” todo había desaparecido, relata. Compartía su chabola con tres paisanos malienses, Assimi, Motar y Mobido. Los dos primeros se habían ido a Mali unos días antes de la demolición. Allí se enteraron por Mamadou que sus pertenencias, dos maletas grandes con ropa, las bicicletas y una mochila con documentos, pruebas de su estancia en España, se habían perdido en la demolición.

Ocurrió el 25 de junio pasado a las nueve de la mañana. Ante el desconcierto y la impotencia de los vecinos, dos operarios del Ayuntamiento de Moguer se presentaron en el asentamiento de las Madres, situado cerca de la carretera que une el núcleo costero de Mazagón con Palos de la Frontera y, con martillo en mano, demolieron cuatro chabolas sin mediar palabra. Entre ellas, la de los cuatro trabajadores malienses.

“Es una forma sutil de potenciar la permanencia en la precariedad, la marginalidad y la vulnerabilidad de la mano de obra”

“Ahora estoy viviendo con un amigo pero, cuando termine de trabajar, no sé que voy a hacer”. Las palabras de Mamadou destilan resignación. Quizás aprendió durante su paso por el peligroso camino a través de Libia a aceptar las adversidades con temple. Ahora, ni siquiera podrá disponer de un techo de palés y plástico porque el Ayuntamiento deniega, por norma, el permiso para volver a construir. Mobido, el otro compañero de Mamadou, tuvo que marcharse a Almería buscando la ayuda de un amigo para cobijarse en algún lugar. En otra de las cuatro chabolas demolidas vivían dos trabajadores también de Mali. Uno de ellos había fallecido en un accidente de tráfico, unos meses antes, y la policía acordonó la chabola. Su compañero intentó recuperar sus pertenencias pidiendo permiso a la policía en varias ocasiones. Nunca se lo dieron.

Cuentan en Las Madres que, una semana después, los operarios volvieron al asentamiento preguntando por Sadio y su pareja. Como hacen todos los veranos, esta pareja de temporeros inmigrantes se habían trasladado a Lérida para trabajar en la fruta, pero Sadio tuvo que volver, desde Lérida a Las Madres, alertado por sus compañeros, para presentarse en el Ayuntamiento de Moguer. Una vez concluido el trámite de hacer acto de presencia, volvió a su trabajo en Lérida. Dos días después demolieron su chabola. “A veces, los llaman desde el ayuntamiento y les dicen que tienen que presentarse un día determinado y, si no están, tiran la chabola”, cuenta Abdoulaye Sanogo, presidente de la Asociación de Malienses de Mazagón. La intranquilidad cuando se marchan es total. Tienen muchas posibilidades de tener que volver y gastar dinero de un presupuesto escaso, como apunta Sanogo. “Y tienen contratos de trabajo que cumplir”.

Y precisamente estas ausencias temporales son las que aprovechan las administraciones locales para demoler las infraviviendas. Entre mediados de junio y finales de octubre es la época del año donde las ofertas de trabajo en el cultivo de la fresa se encuentran al mínimo. Los trabajadores temporeros regresarán, de manera escalonada, de octubre a enero, momento en el que comienza la época alta de la recogida de la fresa, como Sadio y su pareja. Pero este año solo encontrarán los restos de su chabola.

A diferencia de Lepe y Palos de la Frontera, municipios freseros donde los asentamientos están ubicados en terrenos privados, en Moguer y Lucena del Puerto se encuentran en monte público. Según estos dos últimos consistorios, las demoliciones se hacen, por una parte, sobre chabolas no habitadas y, por otra, responden a la obligatoriedad de limpiar el monte público de construcciones ilegales. Pero la erradicación de los asentamientos sin alternativa habitacional, pone en evidencia, también, otras razones. Ya en 2005, José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz, denunciaba en un informe sobre chabolismo dirigido al Parlamento Andaluz estas demoliciones: “La Policía Local los quitó de los lugares cercanos al núcleo urbano de Mazagón, para que la población no viera las condiciones en las que se encuentran”. También lo demuestra casos como el de Mamadou.

Que los asentamientos son incómodos para los Ayuntamientos no es nada nuevo. El incendio producido en un asentamiento de Palos de la Frontera, en febrero pasado, que arrasó las chabolas de 400 personas, fue aprovechado por el alcalde, Carmelo Romero, para solicitar a los dueños de los terrenos donde se ubicaba el asentamiento, que presentaran una denuncia ante el Juzgado para la eliminación definitiva del asentamiento. Mientras en Lepe, la desaparición de tres asentamientos enteros por el fuego, en los dos últimos años, y la negativa del alcalde a nuevas construcciones de chabolas provocó, la temporada pasada, un aluvión de temporeros y temporeras durmiendo en la calle.

En Huelva hay unos 50 asentamientos de chabolas repartidos entre Lepe, Palos de la Frontera, Moguer y Lucena del Puerto, donde viven entre 2500 y 3500 trabajadores inmigrantes

La última demolición ocurrió hace unos días, también en Las Madres. Los operarios derribaron una pequeña chabola, que hace las veces de baño, de Ousmane y este plantó cara: “Volví a reconstruirla y volvieron a derribarla. Y volví a reconstruirla otra vez. Ahora estoy esperando a ver que ocurre”. Ousmane, ciudadano maliense, asegura que las demoliciones se practican desde que llegó al asentamiento en 2014. “Pero la gente que vive aquí antes que yo, las conocen desde siempre”. Un goteo continuo que no trasciende fuera de los asentamientos y del que poco se sabe. Pero un paseo por el monte público de Moguer deja al descubierto las huellas de los derribos de pequeños asentamientos completos.

Censo de chabolas

Los Ayuntamientos disponen de un censo de los asentamientos ubicados en sus términos municipales. Consiste en identificar cada chabola, construida por las personas migrantes, con un número pintado en sus fachadas y un listado de sus moradores con datos personales, incluidos los números de teléfonos.

Las administraciones locales aprovechan estas ausencias temporales para demoler las infraviviendas

Los operarios de los ayuntamientos hacen acto de presencia diaria en los asentamientos y, con listado en mano, comienzan a indagar sobre las ausencias. La mayoría de las chabolas no están ocupadas por sus antiguos moradores porque se trata de una población con muchas necesidades, se trasladan de un lugar a otro buscando trabajo, empadronamientos, contratos de un año para conseguir el permiso de trabajo, cambian de lugar de residencia con frecuencia, como señala Sanogo. “Pero además, las chabolas están ocupadas, mientras tanto, por amigos o familiares que, los ayuntamientos, no reconocen porque no están censados en el listado”.

Según las asociaciones de apoyo a las personas inmigrantes, en Huelva hay unos 50 asentamientos de chabolas repartidos entre Lepe, Palos de la Frontera, Moguer y Lucena del Puerto, donde viven entre 2500 y 3500 trabajadores inmigrantes, número que varía según la época del año. Pero la fisonomía de estos asentamientos puede cambiar por el fuego y las demoliciones. Algunos desaparecen.

Miedo a todo

Los incendios continuos que dejan al raso a cientos de trabajadores sin ayuda institucional de emergencia, la acumulación de basura y la presencia de roedores, la falta de agua y energía eléctrica, la lejanía de los núcleos urbanos, de los servicios básicos y las temperaturas extremas hacen de los asentamientos unos lugares tan precarios como vulnerables. También hay que añadir las demoliciones planificadas por parte de las administraciones locales, un fuego silencioso más selectivo, menos visible fuera del contorno de los asentamientos, pero no menos dañino, que golpea la vida de sus habitantes justo cuando ponen fin a una agotadora temporada de trabajo.

“Si no quieren dar permiso para construir más chabolas, por lo menos que dejen las que están”. Quién habla es Asunción de Guinea Ecuatorial. Vive en Las Madres hace seis años y se queja con amargura mirando las cinco chabolas demolidas: “Tengo que ir a Zaragoza porque aquí ya no hay trabajo. Necesito un contrato para renovar mis papeles, pero tengo miedo a quedarme sin chabola en mi ausencia y no tenga donde vivir cuando vuelva”. La presencia, casi diaria, de los operarios y las demoliciones recientes paralizan la vida de las personas temporeras. Asunción no consigue, tampoco, el permiso para reparar su chabola deteriorada por el sol y la lluvia, con agujeros por donde, dice, pueden entrar culebras y ratones. Compró hace tiempo mallas y plásticos nuevos y espera, con infinita paciencia, un permiso que no llega nunca. “En todas las partes del mundo se reparan las casas”, exclama sin entender la razón de esta actitud. El desasosiego hace mella en su rostro desde que asistió, atónita, al derribo de la chabola de Mamadou y Saido . Y todo se traduce en miedo: “La gente tiene miedo a viajar a sus países y encontrar la chabola derribada a su vuelta, tenemos miedo a los incendios, tenemos miedo a todo, no podemos ni descansar con tranquilidad”. Finalmente, Asunción le echó valor y se fue. Dejó la llave a un vecino que le abre todos los días la puerta de su chabola para despistar a los operarios en su ausencia.

“En todas las partes del mundo se reparan las casas”, exclama sin entender la razón de esta actitud. El desasosiego hace mella en su rostro desde que asistió, atónita, al derribo de la chabola de Mamadou y Saido . Y todo se traduce en miedo: “La gente tiene miedo a viajar a sus países y encontrar la chabola derribada a su vuelta, tenemos miedo a los incendios, tenemos miedo a todo, no podemos ni descansar con tranquilidad”.

Diarra Zoumana llega al asentamiento en una motocicleta desde la finca donde vive y trabaja. Cada día, al atardecer, visita a sus amigos y, muchas noches, se queda también a dormir. Comenta que su jefe es muy bueno y le deja vivir en la finca aunque no haya trabajo, pero otros compañeros tienen que abandonar la habitación cuando la temporada de la fresa termina y no tienen donde vivir. “En África ningún trabajador vive en la calle. Tenemos vergüenza de que nuestras familias vean como vivimos, cuando hacemos una videoconferencia nos vamos a una plaza, nunca lo hacemos en el asentamiento”. Y termina repitiendo con enojo las mismas palabras de Asunción: “tenemos miedo a todo, al fuego, a las demoliciones, la misma ceniza de un cigarro puede prender en los plásticos”.

A unos diez metros de Asunción vive Amira. Está sentada en la puerta de su chabola, junto a su hermano y su prima, tomando un té con hierbabuena. Con un español muy precario cuenta que está angustiada porque no tiene dinero para enviar a sus tres hijos, pero no puede desplazarse a Granada, donde pensaba trabajar, por miedo a la demolición. Los operarios ya la han visitado. Esta temporada ha trabajado dos meses porque no tiene papeles, solo la llaman cuando hay mucha fresa y hace falta mucha mano de obra, explica su hermano. Sufre una fuerte alergia al polvo y nos enseña un documento médico donde le aconsejan limpiar la casa con un aspirador. Nunca le dijo al médico que vive en una chabola. Tampoco quiere salir en la foto por miedo a que su familia sepa donde vive. “Mi familia tiene una casa grande allí en Marruecos y no queremos que se preocupe”, aclara su hermano. Amira llegó a España en 2018 con un contrato en origen, pero trabajó solo 35 días y decidió quedarse para ganar más dinero. Pero entró en un laberinto del que es difícil salir. Y, por si fuera poco, también la espada de Damocles en la que se ha convertido la posible demolición de su techo. Otra vez el miedo.

Demolición de chabolas sin alternativas

Este afán por erradicar los asentamientos contrasta con la ausencia de vías de solución de un drama humanitario que dura ya más de 20 años. Tampoco ha encontrado una alternativa habitacional El Foro Provincial de la Inmigración de Huelva, órgano encargado del seguimiento del Plan de Desarrollo Territorial Inclusivo 2020 firmado en 2014 entre colectivos, organizaciones sociales y todo el espectro político de aquel momento. El principal objetivo era encontrar una alternativa habitacional y erradicar los asentamientos en cinco años. Dependiente de la Dirección General de Políticas Migratorias, el Foro no logró resolver este grave problema humanitario a pesar de estar compuesto por todas las partes implicadas: representantes de la Administración Nacional, Autonómica, Local, Diputación, organizaciones empresariales del sector agrícola, sindicatos mayoritarios y asociaciones que trabajan con inmigrantes.

Para Ana Mateo, presidenta de la Asociación de Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad (ASNUCI), una asociación de apoyo a los inmigrantes ubicada en Lepe y firmante del Plan Inclusivo, la ausencia de respuesta es “una clara muestra de falta de voluntad política y empresarial”. Y añade: “Es una forma sutil de potenciar la permanencia en la precariedad, la marginalidad y la vulnerabilidad de la mano de obra”. Esta asociación puso en marcha, hace unos meses, un albergue en Lepe para 40 personas migrantes, con pequeñas donaciones de cientos de personas. Por eso, Mateo tiene muy claro que si una asociación pequeña y sin medios haya sido capaz de construir un alojamiento en menos de un año, y en plena pandemia, significa que sí se puede.

Más optimista es Javier Pérez, actual vicepresidente del Foro y coordinador de la Fundación CEPAIM para Andalucía, en cuanto a la búsqueda de soluciones: “Este año, el Foro está haciendo un trabajo muy serio y, en septiembre, se celebrará una reunión para buscar una alternativa a los asentamientos”. Confía en disponer de fondos para llevar a la práctica esta voluntad y asegura no conocer el asunto de las demoliciones aunque opina que, sin alternativa, no se puede hacer.

“Cuando intentas alquilar una vivienda, lo primero que te preguntan es de dónde eres y nos dicen inmediatamente que la vivienda ya está alquilada”. Termina su queja con un reproche: “En España somos sucios para alquilar, pero no para trabajar”.

En cuanto a la posibilidad de alquilar una vivienda, Zoumana asegura que es imposible. Lo ha intentado muchas veces antes de vivir en la finca donde trabaja, a pesar de tener contrato de trabajo. Este maliense. que llegó a España en 2005, afirma con rotundidad que es muy difícil vivir en el pueblo: “Cuando intentas alquilar una vivienda, lo primero que te preguntan es de dónde eres y nos dicen inmediatamente que la vivienda ya está alquilada”. Termina su queja con un reproche: “En España somos sucios para alquilar, pero no para trabajar”.

Ante el desconcierto y la impotencia de los vecinos, dos operarios del Ayuntamiento de Moguer se presentaron en el asentamiento de las Madres, y, con martillo en mano, demolieron cuatro chabolas sin mediar palabra

Que los trabajadores extranjeros lo tienen muy difícil para alquilar lo sabe muy bien FECONS (Fundación Europea para la Cooperación Norte -Sur). Según un estudio realizado por esta fundación, en 2017, solo en el término municipal de Lepe, había 1.450 viviendas vacías. Muchas de ellas eran segundas residencias. En base a este estudio, esta Fundación puso en marcha, en 2019, junto con el Ayuntamiento de Lepe, el Programa HABITAT para incentivar el alquiler de estas viviendas a personas en riesgo de exclusión social y trabajadores inmigrantes de los asentamientos. A pesar de ser FECONS mediadora y garantista, tanto de la limpieza de la vivienda como del pago, solo han logrado alquilar 15 viviendas desde entonces. El principal problema, según FECONS, son las reticencias de los arrendadores. “Nosotros hemos demostrado que los trabajadores extranjeros son buenos pagadores. Que dejan de pagar sus alquileres es un mito más sobre las personas extranjeras, como tantos otros.”, explica Marius Nsadap, presidente de la Fundación. “Se puede erradicar el chabolismo como se ha demostrado en Sevilla, Valencia o Jaén. En todas esas zonas había chabolas. Lo que no se puede hacer, para erradicar el chabolismo, es demoler chabolas sin alternativas porque eso empeora la situación de estas personas”, añade Nsadap.

Denuncias de organizaciones

En el último año, no han faltado las denuncias de organizaciones y colectivos a esta práctica de las demoliciones en plena pandemia. Se basan en el derecho fundamental a la vivienda, a la ausencia de expedientes administrativos, que otorguen poder a los ayuntamientos para demoler una chabola, a la falta, en la mayoría de los casos, de notificación a los interesados y demolición de chabolas con pertenencias personales dentro. Pero también se denuncia la violación de los derechos humanos que supone la falta de viviendas dignas para los trabajadores y la negativa de las corporaciones municipales a empadronar a las personas migrantes. A pesar del censo de que disponen.

También se denuncia la violación de los derechos humanos que supone la falta de viviendas dignas para los trabajadores y la negativa de las corporaciones municipales a empadronar a las personas migrantes.

El 21 de julio del año pasado, el Ayuntamiento de Lucena derribo 20 chabolas en uno de los asentamientos ubicados en monte público de este término municipal y Adelante Andalucía denunció el hecho ante el Juzgado de Huelva. La denuncia fue archivada en septiembre del mismo año y uno de los puntos a los que hacía alusión la resolución se basaba en el ejercicio de competencias del Ayuntamiento legalmente exigibles ya que el SEPRONA denunció las construcciones ilegales en monte público, refiriéndose a las chabolas. Meses más tarde, la Asociación Multicultural de Mazagón denunció ante el Juzgado de Moguer la demolición de otras cuatro chabolas también en el término municipal de Lucena. Hasta la fecha la denuncia se encuentra en trámite. Por su parte, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha presentado multitud de quejas y reclamaciones, a lo largo de estos 20 años, ante el Defensor del Pueblo Andaluz basadas en la violación de derechos humanos que supone la falta d acceso a la vivienda. La última se hizo ante el Relator de NNUU sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos por los derribos de chabolas en Lucena. Hace unos meses, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo admitió a trámite una denuncia formulada por Izquierda Unida, junto a la Asociación Multicultural de Mazagón y Almería Acoge. En ella también se denuncia la situación de los asentamientos y lo que significa d atentado a la dignidad humana. Actualmente se encuentra a la espera de una investigación por parte de este organismo.

Pero hasta la fecha, no existe ninguna propuesta determinante sobre la que se esté trabajando para dar solución a un problema que afecta a cientos de personas. En este sentido Ana Mateo piensa que administraciones, empresarios y sociedad civil, todas las partes, están obligadas a exigir y crear, de urgencia, alternativas habitacionales para quienes vienen a la provincia de Huelva a vivir y a trabajar. Y augura un futuro incierto si no se da una solución ajustada a las nuevas necesidades sociales: “La mala gestión está convirtiendo un hecho tan importante como la migración en un problema social, cuando es y debería ser asumido como una oportunidad. Negar la evidencia se traduce en racismo institucional y, ni lo merecemos, ni lo deseamos”.

Pepa Suárez es viajera, periodista a ratos y activista siempre.

Los nombres de las personas migrantes han sido cambiados para preservar su anonimato.

Imágenes: Asociación Multicultural de Mazagón

Adelante Andalucía vuelve a reclamar protección para los asentamientos de temporeros en Huelva tras el nuevo incendio de este sábado

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