El Defensor considera que las condiciones de trabajo son «difíciles y exigentes, donde sus trabajadoras pueden convertirse en objetivo de situaciones de presión o de amenazas en muy diversos aspectos. Una posición de inferioridad que merece, sin duda, nuestra atención como Defensor del Pueblo Andaluz».
Maeztu pregunta a la Subdelegada del Gobierno en Huelva por las medidas para garantizar los derechos de las temporeras.
Las Temporeras contra la Esclavitud abren una «caja de resistencia» ante un extravagante calendario judicial al que se suman impedimentos burocráticos para obtener permiso de permanencia en España a la espera de juicio.
Martes, 25 de septiembre de 2018. Las informaciones recogidas y difundas por los medios de comunicación después de que La Mar de Onuba y Confidencial Andaluz se hicieran eco, este año, de un polémico artículo publicado por Correctiv y Buzz Feed que denunciaba graves casos de explotación laboral y abusos sexuales sufridos por jornaleras en Marruecos, Italia y España -con especial incidencia en los campos de fresa onubenses-, han llevado al Defensor del Pueblo Andaluz a iniciar una actuación «de oficio» para obtener información sobre las medidas de protección destinadas a la integridad de derechos de las temporeras agrícolas en Huelva.
La queja del Defensor, según reza en el escrito, ha sido propuesta, «por propia iniciativa» y al amparo de la Ley del Defensor del Pueblo Andaluz, ante el Foro Provincial para la Inmigración de Huelva, coordinado por la Delegación de la Junta en Huelva con la Dirección General de Coordinación de Política Migratoria y la Fiscalía Provincial, a fin de clarificar la situación de las temporeras y dimensionar su efectiva entidad solicitando las colaboraciones necesarias. También se dirige a la Subdelegación de Gobierno en Huelva, a fin de recabar su colaboración en relación con los trabajos de elaboración de los programas que regulen la próxima campaña relacionada con la fresa y productos análogos.
Jesús Maeztu ha elaborado la queja «tras observar varias reseñas en medios de comunicación en las que se relataban casos de supuesto maltrato físico o abusos contra trabajadoras agrícolas producidos en los escenarios de trabajo en las fincas, en las zonas de acceso o en las instalaciones de alojamiento que ocupan estas mujeres durante sus contratos. En estos contenidos se aludía a una variedad de casos y a las supuestas dificultades para garantizar la presentación de las denuncias y para impulsar las actuaciones judiciales correspondientes».
Precisamente, en este particular aspecto, la oficina del Defensor pretende conocer, «con el imprescindible rigor», el tratamiento que se viene siguiendo «ante estas publicitadas denuncias y la tutela judicial efectiva que hubieran merecido, gracias a la colaboración que habitualmente presta la Fiscalía provincial de Huelva a esta institución».
A la vez, y más allá de estas circunstancias de ámbito judicial, desde la oficina se sitúan en un escenario más amplio que afecta a las condiciones de trabajo de este colectivo de empleo, fuertemente feminizado y con importante presencia de mujeres extranjeras.
A pesar de toda la experiencia avanzada en la provincia, y de la aplicación de sistemas regulatorios de estas campañas, el Defensor considera en su escrito que las condiciones de trabajo son «difíciles y exigentes, donde sus trabajadoras pueden convertirse en objetivo de situaciones de presión o de amenazas en muy diversos aspectos». «Una posición de inferioridad que merece, sin duda, nuestra atención como Defensor del Pueblo Andaluz», ha remarcado.
En suma, desde la institución del Defensor del Pueblo no han relegado su «honda preocupación» por las acciones concretas y específicas que exige esta situación dirigida, ante todo, a «una imprescindible clarificación de las intervenciones judiciales que estuvieran, en su caso, siendo tramitadas», y, a su vez, «analizar los objetivos de mejora en la capacidad de acogida, integración y atención social de estos colectivos presentes en la actividad productiva del sector agrario en Huelva».
Un extravagante calendario judicial
Precisamente, la tramitación judicial es una de los mayores escollos con los que se han venido encontrando las mujeres que en los últimos años han tenido el coraje de denunciar la situaciones de abusos, laborales y sexuales, sufridos en los campos de Huelva. No son pocos los casos en los que las denunciantes han sido llamadas a declarar para ratificar sus denuncias cuando ya no se encontraba, en España, al haber finalizado las campañas y haber regresado a su país, Marruecos. No consta que desde los juzgados se hayan emitido comisiones rogatorias u otras fórmulas para garantizar el derecho a una tutela judicial efectiva, por lo que muchas denuncias acaban siendo archivadas, y las denunciantes no ha vuelto ser contratadas en origen para regresar a España en sucesivas campañas.
Así, en el caso de las 10 temporeras de la empresa Doñana 1998 que decidieron quedarse en España para ratificarse en las denuncias de acoso sexual interpuesta en los primeros días de junio, se da la circunstancia de que el Juzgado nº 3 de La Palma, que instruye el caso, no las ha citado hasta el próximo 7 de diciembre (en pleno puente de la Constitución), aún cuando el juez tiene plena constancia de que para esa fecha habrán pasado ya cuatro meses desde que el permiso de trabajo para venir a España habrá caducado. Los visados fueron expedidos hasta el 31 de julio.
Llama más la atención, si cabe, la tramitación judicial de sus reclamaciones por despido tras haber interpuesto una denuncia ante la Inspección de Trabajo, así como las de los salarios que aseguran no haber cobrado. El precedente y obligatorio Acto de Conciliación fue fijado para el 1 de octubre, y, en algunos casos, el Juzgado de lo Social ha puesto ya fecha de juicio para septiembre del año 2019
Impedimentos burocráticos para obtener permiso de residencia y trabajo
Como viene informando La Mar de Onuba, las 10 temporeras de Doñana 1998 continúan en España, dispuestas a defender sus derechos, por lo que ante el adverso calendario judicial, han solicitado la concesión de un permiso temporal de residencia y trabajo, al objeto de regularizar su estancia en el país. Técnicamente, ahora mismo se encuentran en situación irregular y temen que puedan ser expulsadas sin que sus casos se hayan juzgado.
Sin embargo, también se están topando con problemas a la hora de poder obtener dichos permisos. Según ha podido saber esta redacción, la Subdelegación del Gobierno en Málaga, provincia en la que se encuentran acogidas, está poniendo «impedimentos de carácter burócrático». El último, exigir a las temporeras certificados «originales» de antecedentes penales, tras rechazar los emitidos, vía fax, por el gobierno marroquí.
Una exigencia que sorprende a los abogados que están llevando su representación, ya que se supone que la ausencia de antecedentes penales es una condición para poder acceder a la contratación en origen. Es decir, que del mero hecho de haber sido contratadas para la campaña de recogida de fresas y formar parte del contingente de trabajadoras desplazadas a España, se infiere que se trata de ciudadanas sin condenas o deudas pendientes con la justicia de su país.
A la espera de que vayan subsanando todos estos impedimentos, las 10 temporeras subsisten en España gracias al apoyo que han venido recibiendo por parte del Sindicato Andaluz de Trabajadores y de la Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia (AUSAJ), entidad cuyos abogados representan, de forma desinteresada, a las 10 trabajadoras marroquíes.
También están recibiendo ayuda económica para enviar a sus familias en Marruecos y poder permanecer en España a través de la campaña de crowdfunding «Temporeras contra la Esclavitud», que ha conseguido recaudar ya más de 21.000 euros, de los que 15.000 han sido destinados para el envío a sus familiares. La campaña, que sigue abierta, está destinada ahora a una caja de resistencia para garantizar que las temporeras pueden seguir en España y tener una vida digna mientras defienden sus derechos frente al extravagante calendario judicial y las trabas del Gobierno.
Miles de personas gritan en toda España “¡Fresas sí, pero con derechos!”
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