José Manuel Correa levantó en julio las medidas cautelares que él mismo había impuesto en abril a la empresa Valle del Guadiana SL, propietaria de los terrenos.
La Mar de Onuba accede a las dos resoluciones contradictorias firmadas por el Delegado Provincial.
La actual alcaldesa de Ayamonte, Natalia Santos, tampoco ordenó ninguna medida concreta para proteger el yacimiento, que todos los expertos consultados han calificado como “el más importante de Europa” de sus características.
Ecologistas en Acción, Podemos Ayamonte y el Consistorio ayamontino han presentado denuncias ante la Fiscalía y el Seprona.
Huelva, 7 de diciembre de 2019. A efectos legales, la empresa Valle del Guadiana SL, propietaria de los terrenos donde se ubica el milenario yacimiento megalítico hallado en Ayamente (Huelva)no habría incumplido ninguna norma cuando sus máquinas han arrasado y destruido centenares de piezas (de incalculable de valor histórico y científico) que conformaban la estructura original del yacimiento megalítico de Ayamonte, el más importante de los hallados en Europa hasta la fecha, según la opinión de todos los expertos consultados por esta revista, que adelantó en exclusiva la información sobre el importante hallazgo. Y ello, porque el Delegado de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía levantó las cautelas que él mismo había ordenado tres meses antes, y permitido el movimiento de tierras, autorizando, de facto, los destrozos causados por los movimientos de tierra realizados por maquinaría agrícola pesada.
En una resolución firmada en abril de este mismo año, José Manuel Correa había dictado estrictas «cautelas» para proteger el hallazgo realizado por el equipo de arqueólogas y arqueólogos de Ánfora (empresa onubense que suma en su haber, además de este importante descubrimiento, otros de destacada relevancia como el “yacimiento del Seminario” en Huelva capital, igualmente afectado por un doble expolio posibilitado por la falta de adecuadas medidas de protección). Sin embargo, fue el mismo Correa quien, en julio pasado, firmó una segunda resolución, en la que no sólo levantaba las cautelas ordenadas en abril, sino que incluyó una línea que dejaba expedito el camino para -como así ha ocurrido- el arrase y destrucción de una importante cantidad de menhires, estelas y otros enseres, cuya mantenimiento en su ubicación original habría permitido el estudio del yacimiento, cuyo origen podría remontarse a más de cinco mil años Antes de Cristo. La línea en cuestión especificaba que en caso de que el levantamiento de las cautelas fuera recurrido, el recurso no implicaría la paralización del movimiento de tierras.
Correa cuestionó la importancia del yacimiento a pesar de conocer de primera mano la Memoria Preliminar que advertía de la misma
Las consecuencias de la segunda resolución firmada por José Manuel Correa han quedado registradas en el vídeo publicado en exclusiva en el canal de YouTube de La Mar de Onuba el pasado domingo, 1 de diciembre, en el que puede observarse cómo centenares de las «piedras» encontradas han sido desplazadas de su ubicación original, y amontonadas sin control, catalogación ni protección de ningún tipo.
El pasado 25 de noviembre, el mismo día que esta revista informó en rigurosa primicia sobre el hallazgo (silenciado durante meses por todas la Administraciones conocedoras del mismo), el Delegado Provincial de Cultura contravenía las conclusiones que le habían llevado a firmar la primera resolución, y difundía unas sorprendentes declaraciones en las que restaba valor a la información adelantada por La Mar de Onuba y aseguraba sobre los «hallazgos megalítico prehistóricos», que contenían poco más de cien piezas halladas. Correa también relativizaba la importancia que otorgaban al yacimiento los informes que le llevaron a dictar su primera resolución, avalados por especialistas de reconocida solvencia, y confirmado por expertos en arqueología prehistórica de las universidades de Huelva, Sevilla y Alcalá de Henares: Juan Carlos Vera, Leornardo García Sanjuán y Primitiva Bueno.
José Manuel Correa llegó a cuestionar tanto el trabajo realizado por los autores del hallazgo como los informes posteriores encargados por la propia Junta de Andalucía, al asegurar que «será a partir del 1 de enero de 2020 cuando se proceda a garantizar que la investigación que se va a hacer de todo lo que hay allí en la finca es la adecuada y la conveniente y nos va aportar datos fiables y suficientes para valorar el grado de importancia de esos hallazgos». Correa añadía que «a día de hoy estamos hablando un poco aleatoriamente» y que «más que una valoración real de lo que hay allí, hay una valoración ficticia (sic), porque no se conoce la realidad aún de lo que hay».
Como informó esta revista sólo 24 horas después, las declaraciones de Corra causaron un profundo malestar en ámbitos académicos y del propio Gobierno Andaluz. Tanto, que un portavoz autorizado de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico desautorizó lo dicho por su propio Delegado Provincial y confirmaba los datos ofrecidos por La Mar de Onuba. calificando el hallazgo como “un yacimiento megalítico de primera magnitud, a nivel internacional que evidencia el legado histórico que la provincia de Huelva posee», y que coloca a Huelva y Ayamonte «en un lugar de referencia para la investigación arqueológica”. Asimismo, las mismas fuentes autorizadas confirmaban que «los resultados de la investigación arqueológica”, presentados en la Consejería en agosto de este mismo año, “ponen de manifiesto la existencia de un importante yacimiento arqueológico megalítico en las fincas de La Torre y La Janera, en los términos municipales de Ayamonte y Villablanca”.
Tres denuncias ante la Fiscalía y ante el Seprona
Los movimientos de tierra acreditados por La Mar de Onuba que han ocasionado daños irreparables tanto a las piezas encontradas como a la estructura original del yacimiento han dado pie a tres denuncias presentadas en los últimos días en ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Huelva por Ecologistas en Acción, el secretario de organización del «circulo local» de Podemos en Ayamonte, Juan Manuel Estévez, y el propìo consistorio ayamontino.
Esta última denuncia ha sido confirmada a esta revista por la propia alcaldesa de la localidad, Natalia Santos, quien, casualmente, ostentaba antes llegar a primera edil de Ayamonte el puesto que hoy ocupa el Delegado Provincial de Cultura y Patrimonio, José Manuel Correa, cuya resolución de julio ha permitido los destrozos causados por los movimientos de tierra efectuados por al empresa Valle del Guadiana. Este a su vez, era entonces el titular Urbanismo del Ayuntamiento de Ayamonte. En ambos casos, fuentes de toda solvencia han asegurado a esta revista que tenían conocimiento tanto del hallazgo como de la importancia y valor arqueológico del mismo desde su descubrimiento.
En una nota de prensa emitida por el Ayuntamiento de Ayamonte el mismo día que La Mar de Onuba daba a conocer en primicia la existencia del yacimiento, Natalia Santos aseguraba que durante su última etapa como Delegada Provincial había tenido conocimiento del hallazgo de la memoria preliminar y que «paralicé toda actividad agrícola que pudiera dañar estos importantes hallazgos, al tiempo que autoricé la realización de la actividad arqueológica preventiva de prospección superficial y control arqueológico de movimientos de tierra en las fincas “La Torre” Y “La Janera”,
Sin embargo, tras ser preguntada este viernes por La Mar de Onuba por la Orden, Resolución o cualquier otro formato administrativo que ordenara medidas de protección para el yacimiento. Santos no ha podido precisar ni el formato ni las fechas. Esta redacción ha podido confirmar, a través de la propia alcaldesa y de otras fuentes de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, que, en realidad, la participación de Santos como responsable de la custodia y defensa del patrimonio histórico onubense se limitó a «autorizar» la preceptiva prospección arqueológica, obligatoria por Ley, y a ampliar, el 20 de diciembre de 2018 (después de celebradas las elecciones autonómicas que desplazaron al PSOE del gobierno andaluz), «el plazo para resolver sobre la Memoria Preliminar de la actividad arqueológica preventiva de prospección superficial y control arqueológico de movimientos de tierras en la citada finca, quedando ampliado el citado plazo del 27 de diciembre de 2018 hasta el 27 de enero de 2019». Para esa fecha, Natalia Santos ya había sido cesada por el nuevo gobierno andaluz de PP, Ciudadanos y, de forma externa, el partido de la nueva ultraderecha parlamentaria, y preparaba su candidatura como alcaldable del PSOE en las elecciones municipales del 28 de mayo.
Sería importante que publiquen las dos resoluciones al completo. Una página aislada de cada una no es totalmente objetivo.