por David Hernández
Las tensiones en los últimos meses entre el Gobierno de Tel Aviv y las diferentes facciones palestinas vuelven a crecer, con diversos choques violentos fronterizos. En un contexto de enorme conflictividad, los principales líderes de Gaza y Cisjordania intentan consensuar una postura común para hacer frente a la política de Netanyahu y retomar la presión internacional para el reconocimiento de la soberanía palestina.
La división interna entre las distintas facciones palestinas ha marcado la vida política en Cisjordania y la franja de Gaza en los últimos diez años. Mientras el Gobierno de Israel reforzaba su estrategia de asentamientos, las dos principales organizaciones del lugar —Hamás y Fatá— protagonizaban una dura disputa por el poder y control de los territorios palestinos. Entre 2016 y 2017 se inicia un camino de conciliación entre ambas formaciones, auspiciado por Egipto y Arabia Saudí, para favorecer la unidad palestina y promover la estabilidad interna. La cercanía de Donald Trump al Ejecutivo de Netanyahu parece reforzar la necesidad de los líderes palestinos de unirse en un frente común con el fin de seguir avanzando en la constitución de un Estado palestino.
El propósito de las distintas formaciones palestinas presentes en Cisjordania, Gaza y los campos de refugiados repartidos por los países vecinos no es otro que lograr una nación Palestina independiente. Sin embargo, las diferencias surgen tanto en la forma de conseguir dicho objetivo como en el tipo de relación que deben tener con el Estado de Israel. Además, la cuestión palestina ha sufrido tradicionalmente la injerencia de terceros, que han intentado influir en el devenir del conflicto. Durante mucho tiempo, Palestina fue una prioridad para la mayoría de las naciones árabes de Oriente Próximo, convertida en símbolo de la unidad y emancipación de los pueblos de la zona, pero en los últimos tiempos ha dejado de ser un tema de primer orden en la agenda regional, a pesar de que la situación está lejos de solucionarse.
Después de un intenso año de negociaciones, a lo largo de 2017 comenzó a funcionar un Gobierno de unidad nacional dirigido por el primer ministro, Rami Hamdalá, hombre de máxima confianza del presidente, Mahmud Abás. Formado tras un complicado reparto de cargos entre las distintas organizaciones, los esfuerzos del Ejecutivo están orientados a la centralización de la administración de los territorios palestinos. Un punto peliagudo a este respecto es el de la cuestión de la seguridad interna y el control de los pasos fronterizos con Israel, ya que la mayoría de las facciones palestinas son reacias por ahora a disolver sus brazos paramilitares en las estructuras policiales de la Autoridad Nacional Palestina (ANP). Por otra parte, cada grupo palestino sigue manteniendo sus propias alianzas con otros países y actores extranjeros, lo que impide que el Gobierno pueda establecer una política internacional medianamente coherente. Superar estas diferencias y los problemas económicos arrastrados desde hace décadas supone el paso previo para encarar de forma sólida las pretensiones de un Estado soberano.
La división territorial de Palestina
Palestina es una nación fragmentada en tres partes: Cisjordania, Gaza y los campos de refugiados de los países vecinos —Siria, Jordania y Líbano—. En cada uno de estos lugares el control está en manos de autoridades diferentes. Cisjordania y la ciudad de Ramala quedan bajo el dominio de la ANP y del histórico partido Fatá. Desde hace más de diez años, la única administración real en la franja de Gaza ha sido la realizada por Hamás. En cuanto a los campos de refugiados palestinos en Siria y Líbano, han estado fuertemente controlados por el régimen sirio de Bashar al Asad y Hezbolá, que han sido durante años los grandes valedores de la causa palestina.
La administración territorial de la zona palestina es verdaderamente compleja. Por un lado, Israel sigue reconociendo la franja de Gaza y Cisjordania como parte de su territorio soberano, sobre el que se reserva la potestad de intervenir en cualquier aspecto de su administración. Sin embargo, desde los Acuerdos de Paz de Oslo de 1993, Israel reconoció la creación de la ANP, una institución de autogobierno para que fueran los propios palestinos los encargados de gestionar los territorios cisjordanos y gazatíes. El Gobierno israelí cedía competencias en materias de educación, salud, políticas sociales, recaudación de impuestos, infraestructuras y hasta la constitución de una policía palestina. Esta situación de interinidad debería haber sido el paso previo a un acuerdo final para la creación de dos Estados que nunca llegó.
En enero de 2013, 20 años después de los acuerdos de paz, la ANP pasó a autodenominarse Estado de Palestina justo un mes después de que la Asamblea de Naciones Unidas le hubiera dado el estatus de Estado observador. El Estado de Israel se niega a oficializar este reconocimiento, pese a que la diplomacia palestina ha conseguido establecer delegaciones permanentes en casi todos los países del mundo —más de 130 lo reconocen como un Estado soberano—. Pero la realidad es que los líderes palestinos aún están lejos de dirigir su propio país. En el verano de 2014 se produjo la última gran intervención militar de Israel en la franja de Gaza. Los enfrentamientos se han ido sucediendo a lo largo de estos años y han dejado entrever que la salida a una solución pacífica aún está lejos de lograrse.
Durante todo este tiempo la ANP ha tenido graves problemas para funcionar como una entidad política autónoma. La administración de los territorios palestinos sigue estando de facto en manos del Gobierno israelí y los recursos continúan tutelados desde Tel Aviv, que constantemente retiene las tasas recaudadas en estas zonas y los fondos llegados del extranjero. Las autoridades de Palestina solo son capaces de gestionar las rentas que obtienen directamente del turismo y de las ayudas llegadas desde organizaciones internacionales, principalmente la Unión Europea, la Liga Árabe y el Banco Mundial. Pese a estas dificultades, la ANP ha conseguido desarrollar paulatinamente un amplio cuerpo de funcionarios cuyo sueldo se extrae directamente de los presupuestos palestinos. Aproximadamente 50.000 empleados trabajan en Cisjordania y otros tantos en la Franja de Gaza. La mayor parte de ellos —unas 80.000 personas— son miembros de las fuerzas de seguridad, que se dividen entre policía civil, servicios de inteligencia y guardia presidencial.
Actualmente los territorios palestinos se encuentran divididos a dos niveles. Una primera clasificación es netamente política y está formulada por la propia ANP, que demarca los territorios en gobernaciones. Cisjordania queda estructurada en once gobernaciones con 2,5 millones de habitantes y la franja de Gaza está organizada en cinco gobernaciones con una población cercana al millón y medio. Sin embargo, según los acuerdos de paz, los territorios palestinos quedan fraccionados en tres tipos de espacios: las zonas A, B y C. La primera es donde la ANP es capaz de realizar una gestión autónoma de la economía, política y seguridad. La zona B la forman áreas donde la administración civil recae en manos palestinas, pero la seguridad es competencia del ejército israelí. Por último, está la zona C, controlada exclusivamente por los israelíes y que representa más de 60% del suelo palestino. La política de asentamientos de Israel se ha centrado en ampliar los núcleos de población judía de las zonas B y C y restringir cada vez más los espacios de la zona A.
Las divisiones entre las fuerzas palestinas y la presión del Estado de Israel han condicionado el funcionamiento normal de las instituciones en Palestina. A la cabeza de ellas está el presidente, que debería ser elegido cada cuatro años —Abás preside desde 2005—, con capacidad de designar un primer ministro encargado de formar Gobierno. Las sedes presidenciales y gubernamentales se encuentran en la ciudad cisjordana de Ramala. También existe una cámara legislativa, el Consejo Legislativo Palestino, cuya sede está en la Franja, con 132 miembros elegidos mediante elecciones parlamentarias; además, teóricamente deberían celebrarse elecciones municipales para cada uno de los consejos municipales. Sin embargo, este órgano no se reúne desde la guerra enfre Fatá y Hamás de 2007. Con todo ello, la ANP no tiene ningún tipo de control sobre los asentamientos judíos en territorio palestino, administrados directamente por el Gobierno de Tel Aviv.
La batalla política por el control de Gaza y Cisjordania
Desde mediados de los años sesenta, los principales partidos palestinos y fuerzas paramilitares se habían reunido en torno a la figura de Yasir Arafat y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). Tras los Acuerdos de Paz de 1993, la OLP reconocía la existencia del Estado de Israel y el Gobierno israelí asumía a la OLP como representante legítima del pueblo palestino y le permitía constituir una administración autónoma como la Autoridad Nacional Palestina. Los territorios palestinos fueron administrados por esta autoridad, presidida por Arafat hasta su muerte en 2004, cuando fue sustituido por el actual presidente Abás. Uno de los grupos miembros de la OLP, Fatá, fue capaz de monopolizar casi todas las corrientes políticas palestinas hasta 2005, cuando fue sobrepasado electoralmente por Hamás.
La muerte del gran líder palestino trajo consigo casi inmediatamente la división de las principales fuerzas palestinas. Su sucesor político, Abás, ha sido incapaz de generar el mismo consenso interno. La Ley Básica de Palestina, aprobada en 2002, rige el funcionamiento político de la ANP —a falta de una Constitución propia— y establece elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales cada cuatro años, pero desde 2005 no todos los palestinos han podido acudir a las urnas. En 2012 y 2017 se celebraron elecciones locales solo en Cisjordania, ante la falta de acuerdo entre Fatá y Hamás. Esta circunstancia excepcional intenta ser corregida por el actual Gobierno de concentración, que busca afianzar la unidad entre los territorios cisjordanos y la franja de Gaza tras las duras negociaciones de estos dos años.
En enero de 2005 Abás ganó las elecciones presidenciales, aunque algunas organizaciones, como Hamás, no participaron, críticas con el poder de Fatá. Meses después, en las elecciones municipales, Hamás obtuvo un resultado excepcional . Era la primera vez que Fatá era derrotada políticamente en Palestina. Desde entonces, Cisjordania y Gaza han quedado totalmente separadas. Hamás, considerado un grupo terrorista por Estados Unidos, Israel y otros países occidentales, tomó el poder de la Franja, mientras que la zona cisjordana siguió bajo la ANP. Entre 2006 y 2007 se producen enfrentamientos en distintas ciudades palestinas entre partidarios de ambas formaciones que acaban con la expulsión de la ANP de Gaza, la retirada de Hamás de algunas ciudades cisjordanas y el bloqueo de Israel a la Franja.
Las relaciones de Hamás y Fatá han estado prácticamente rotas durante casi doce años. En 2014 se dio un primer intento de acercamiento con el Acuerdo de Reconciliación de Shati, pero la ofensiva militar israelí sobre Gaza en verano de 2014 y las diferencias entre ambas organizaciones volvieron a truncar las posibilidades de unidad. La llegada de Donald Trump y el desgaste económico de Gaza y otros territorios palestinos por el bloqueo israelí motivaron de nuevo un acercamiento entre todos los partidos palestinos. A lo largo de 2017 se produjeron intensas negociaciones, que culminaron en septiembre de ese año con la constitución de un Gobierno de unidad dirigido por Hamdalá.
El Ejecutivo es de tinte claramente tecnócrata; deja a un lado a los personajes más polémicos o controvertidos de cada formación. Hamás se comprometió a disolver el Comité Administrativo creado en la franja de Gaza, que actuaba en realidad como Gobierno en esa área. Como paso previo a la confirmación de la unidad política entre palestinos, Hamás publicó en mayo de 2017 un nuevo documento oficial que enmendaba su carta fundacional de 1988: sin citar el Estado de Israel, asumía la creación de un Estado palestino basado en las fronteras de 1967, demarcaciones territoriales previas a la guerra de los Seis Días. La suavización del discurso de Hamás, que dejaba de lado su retórica más beligerante con Israel, confirmaba su adhesión a la línea de actuación defendida por Fatá y el presidente palestino. Las diferencias políticas se centran ahora en el proceso por el cuál Hamás debe dejar de administrar la franja de Gaza, desarmarse y ceder la seguridad a la policía palestina y celebrar nuevos comicios.
El futuro de Israel y Palestina, aún por resolver
La posición palestina parece estar hoy en día mucho más debilitada que en décadas anteriores. Las luchas por el poder entre Fatá y Hamás han erosionado la unidad de los palestinos frente a Israel, que ha tomado ventaja de estas circunstancias. Las crisis regionales desencadenadas por la primavera árabe han provocado que la atención de sus vecinos árabes se traslade hacia otros escenarios locales, como las guerras en Siriao Yemen, y desatiendan la situación en Gaza y Cisjordania. De hecho, la inestabilidad e inseguridad generalizadas en la zona están conduciendo a un realineamiento de alianzas entre distintos Gobiernos, causa de un asombroso e histórico acercamiento entre el Estado israelí y otras naciones árabes, como Jordania o las monarquías del Golfo.
A finales del siglo XX y principios del siglo XXI, Arabia Saudí fue el principal valedor internacional de la causa palestina, convertido en el soporte más importante de la ANP. Sin embargo, en los últimos años la defensa del reconocimiento de un Estado palestino soberano ha pasado a un segundo plano en la agenda exterior saudí. El ascenso regional de Irán y su ambiciosa política internacional han puesto en alerta al resto de los países, especialmente a sus enemigos históricos: Israel y el reino saudí. Tanto para la monarquía de Riad como para el Ejecutivo de Netanyahu, el régimen iraní supone una amenaza directa a su seguridad, lo que provoca que compartan el mismo interés por reducir los márgenes de influencia de Teherán. Este contexto ha motivado un clima de distensión entre israelíes, saudíes y el resto de las monarquías árabes, que ya no se muestran tan beligerantes en la cuestión de Palestina.
Otro elemento que ha debilitado enormemente las posibilidades de Palestina ha sido la llegada a la Casa Blanca de Trump. Bajo la Administración Obama, las tesis defendidas por Washington chocaban directamente con los planteamientos de Israel, lo que favoreció una comunicación más fluida entre palestinos y estadounidenses. No obstante, este entendimiento se ha fracturado totalmente con Trump. El actual presidente de Estados Unidos está en total sintonía con el plan de Netanyahu para Palestina. Desde la creación del Estado de Israel, nunca antes un líder estadounidense se había mostrado tan próximo a la defensa de los intereses israelíes. Ahora el Gobierno de Tel Aviv se siente mucho más fuerte que antes mientras los palestinos siguen intentando recabar apoyos en un escenario internacional fragmentado. La consecución de un Estado palestino y la coexistencia pacífica entre árabes e israelíes siguen siendo hoy por hoy una lejana utopía en una tierra abatida por la violencia.
David Hernández Madrid, 1991. Analista de El Orden Mundial. Doctorando en Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Máster en Economía Internacional y Desarrollo (UCM). Especialista en geopolítica, comunicación y estrategia política y gobernanza. @david_hm91
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