ENLACE reclama que las medidas para prevenir el COVID-19 en prisión respeten los derechos de las personas privadas de libertad

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COMUNICADO

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El doble confinamiento arbitrario, la suspensión de las comunicaciones o la limitación de entrada de organizaciones sociales no son medidas proporcionadas ni responden a recomendaciones sanitarias.

En Andalucía hay más de 13.000 personas en prisión, la mayoría provenientes de entornos de exclusión social, existiendo un alto porcentaje de personas con problemas de adicciones y de salud mental. Según la Constitución Española, estas personas presas mantienen todos sus derechos a excepción de aquellos expresamente limitados por “el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria”. Es decir, que son ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho, cuya dignidad y sus derechos son incuestionables. Tienen limitado su derecho a la libertad, pero no son andaluces y andaluzas de segunda. Por eso, las entidades que trabajamos en el ámbito penitenciario, como muchas de las entidades federadas en ENLACE, reclamamos que las medidas que se tomen para prevenir el COVID-19 en prisión sean proporcionadas y respetuosas de los derechos de las personas privadas de libertad.

Durante el pasado confinamiento general decretado por el estado de alarma, las personas presas vieron suspendidos sus permisos de salida y comunicaciones familiares. A las entidades sociales se nos prohibió el acceso a prisión, quedando paralizadas actividades básicas como las de tratamiento de adicciones, pese a lo cual continuamos realizando nuestra labor de acompañamiento y asesoramiento por carta, por teléfono y por medios creativos e innovadores, como el envío de vídeos, películas, libros y materiales de estudio. En aquel momento, ya solicitamos que las medidas de control de la enfermedad en el ámbito penitenciario debían seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Consejo de Europa, que abogaban por la ex carcelación de las personas en situación vulnerable, la mejora de la atención sanitaria y el mantenimiento de las actividades de reinserción.

En estos momentos, pese a la finalización del estado de alarma, los centros penitenciarios están imponiendo con carácter discrecional una serie de medidas que no parecen proporcionadas ni necesarias. En concreto, en muchas prisiones siguen suspendiendo las comunicaciones y, además, se exige una cuarentena de 10 días a las personas que vuelven de permiso. En estos 10 días se ven aisladas en un módulo independiente y no pueden mantener comunicaciones íntimas ni familiares. Sin embargo, durante esos días mantienen contacto con el personal penitenciario, que entra y sale de prisión a diario, y además pueden compartir celda con personas internas que acaban de regresar del exterior, por lo que no se entiende el sentido preventivo de la medida. Este doble confinamiento no parece ser una solución efectiva ni fundamentada en la evidencia científica. La realización de un test PCR a la vuelta del permiso parece ser la medida más adecuada y respetuosa con los derechos de las personas presas.

Por todo ello, y desde una perspectiva de respeto a los derechos constitucionalmente reconocidos, las entidades que formamos ENLACE valoramos negativamente estas restricciones y reivindicamos una mejora general de la atención sanitaria en prisión, que debe partir de la asunción por parte de la Junta de Andalucía de las competencias en sanidad penitenciaria.

Queremos transmitir a la sociedad que la desigualdad y la exclusión social son factores que impactan enormemente sobre la salud pública, y que solo es posible superar situaciones como las de esta pandemia mediante mayor justicia social e inversión en políticas públicas de sanidad, educación y cuidados, no mediante medidas punitivas.


Comunicado emitido por la Federación Andaluza Enlace el jueves 24 de setiembre de 2020.
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