Miércoles, 20 abril de 2022. Las empleadas de hogar siempre han estado discriminadas por ley. Su convenio laboral no les permite cobrar el desempleo y pueden despedirlas sin motivo. Después de 10 años de lucha, en los que estas trabajadoras se han organizado y movilizado, el Gobierno, empujado por la justicia europea, ha impulsado los trámites en el Congreso para la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para reconocerles lo que les pertenece. Aunque nunca se había llegado tan lejos, en cuanto al reconocimiento de derechos de este sector fundamental para el sostenimiento de la vida, todavía es pronto para cantar victoria: la ratificación ha de pasar por las cámaras del Congreso y del Senado, lograr los apoyos necesarios para su aprobación y, después, será imprescindible asegurar herramientas que garanticen su implementación.
El colectivo de trabajadoras de hogar y cuidados en España está formado en un 96 por ciento por mujeres, la mayoría tiene entre 35 y 44 años, la presencia de extranjeras es muy grande y muchas de ellas se encuentran en situación administrativa irregular. Estas mujeres han sabido organizarse, tejer redes de ayuda y solidaridad, visibilizar sus problemáticas y reivindicaciones y entrelazarse con diversos colectivos. Se han convertido en una parte fundamental del movimiento feminista, que ha incorporado sus demandas.
Rafaela Pimentel es integrante del colectivo de trabajadoras de hogar Territorio Doméstico. Ayer por la tarde participó en la asamblea feminista convocada para abordar la ratificación del convenio 189 de la OIT: en qué consiste, en qué momento nos encontramos, cuáles son las demandas y los pasos a seguir. En definitiva, cómo convertirlo en una reivindicación social.
“Es importante visibilizar el proceso y estar atentas para que se garanticen nuestros derechos y no metan cualquier cosa en alguno de los pasos”, advierte Pimentel a las compañeras presentes en la asamblea, consciente también de que hay un tiempo para lograrlo, ya que la legislatura acabará en un año aproximadamente. “Hasta que no se apruebe y pase todos los trámites, no vamos a celebrarlo”.
Un proceso lleno de incumplimientos
El Real Decreto que reguló el convenio de las trabajadoras de hogar data de 1985. En el año 2012 se encaró su integración en el Régimen General pero no se avanzó como se pretendía. La reforma contemplaba que las trabajadoras de hogar pudieran cobrar el paro y se formó un grupo de trabajo que en un año tenía que diseñar un plan que contemplara la forma legal de conseguirlo. Sin embargo, esto no llegó a cumplirse.
En 2013, el Partido Popular hizo una reforma que acabó con este plan y se redujeron las altas en la Seguridad Social. Ya en los Presupuestos Generales del Estado aprobados en 2018 se introdujo la enmienda 6777, propuesta por el PP, apoyada por los grupos conservadores y acatada por el PSOE, que postergaba hasta 2024 –prevista para el 2019- la equiparación de derechos de empleadas de hogar con el régimen general de la seguridad social.
Desde entonces hasta ahora los distintos gobiernos no se han planteado cumplir la promesa de equiparar los derechos de este colectivo al resto de las trabajadoras del país, lo cual va de la mano de la ratificación de convenio internacional 189 OIT. Ellas han seguido peleando por distintas vías, también mediante los tribunales. Y es gracias a uno de estos procesos judiciales, impulsado por una trabajadora de hogar en Vigo, Mariana, que su situación llegó al Tribunal de Justicia europeo, que se pronunció a su favor y en una histórica sentencia reconoció que el Estado español discrimina a las trabajadoras de hogar al no reconocer su derecho a cobrar el paro.
Según datos del Ministerio de Seguridad Social y Trabajo, en el mes de marzo había 380.000 personas afiliadas al sistema especial de empleo de hogar, que serían todas las que tienen contrato. Pero según los sindicatos, habría al menos otras 200.000 personas trabajando en el sector, sin él.
Aquellas empleadas de hogar y cuidados que trabajan con contrato están discriminadas, pues no cuentan con los mismos derechos que cualquier otro trabajador o trabajadora. La ley especifica que no tienen derecho a cotizar por la contingencia de desempleo y, por tanto, cuando se quedan sin trabajo no pueden recibir la prestación. No es un problema de economía sumergida, es una indefensión frente a una discriminación amparada por la ley.
Pero la equiparación del sistema de cotización no es lo único que las trabajadoras domésticas vienen reivindicando desde hace tiempo. También exigen: una jornada laboral de ocho horas y derecho al descanso; derecho a un contrato y a la cotización en la Seguridad Social; derecho a un salario digno y a la baja laboral; derechos cuando finalice el contrato; y derecho a un trato digno.
Es el momento de avanzar y pedir lo que las organizaciones de trabajadoras de hogar y cuidados y el movimiento feminista lleva años reclamando: la ratificación del convenio 189 de la OIT para que se acabe con la discriminación del colectivo respecto al resto de las trabajadoras y trabajadores del país.
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