Integrantes del Área de la Mujer de Izquierda Unida en Huelva han realizado este jueves un acto para “recordar que a largo de este años un total de 44 mujeres y ocho menores de edad han sido asesinadas a manos de hombres. Mientras, por la falta de recursos públicos y políticas efectivas que el actual pacto de estado no tiene previstas, miles de mujeres siguen siendo víctimas de la violencia machista y cada día sus vidas corren peligro”, según ha señalado Charo González, Responsable del Área de la Mujer de IU en Huelva.
Por ello, se han colocado carteles con los nombres que se conocen de todas estas víctimas de la violencia machista en las ramas del ficus que crece frente a la sede provincial de Izquierda Unida en la ciudad de Huelva, en la Calle Puerto. “Con esta acción queremos recordar a todas estas mujeres y a sus hijos e hijas que también fueron asesinados por hombres criminales que se creían sus amos, imbuidos por una manera de pensar patriarcal y enferma que sigue recorriendo nuestra sociedad, mientras los políticos del PP, del PSOE y de Ciudadanos se han conformado con sumarse a un Pacto de Estado insuficiente, ya que carece de plazo de ejecución ni cuenta con recursos para llevarse a cabo. Tampoco contiene medidas efectivas para acabar con la violencia machista que sigue amenazando a la mitad de la población, a todas las mujeres. Es sólo papel mojado”, ha expuesto González.
Tras este acto, en el que también ha participado el Coordinador Provincial de IU en Huelva, Rafael Sánchez Rufo, y el Secretario Provincial del PCA, Rafael Sánchez Velo, las mujeres de Izquierda Unida se han sumado a las diferentes actividades que en la jornada de hoy están celebrando instituciones públicas y sindicatos, como CCOO, contra la violencia machista. En este sentido, Izquierda Unida llama a toda la población de Huelva para que participe mañana, 25 de noviembre, en la manifestación unitaria contra la violencia machista que sale a las 12 horas de la Plaza de Los Litris, en la ciudad de Huelva.
Izquierda Unida exige un “verdadero e integral” Pacto de Estado contra la violencia machista porque es fundamental hacer políticas de prevención, sensibilización y detección, que englobe la violencia contra las mujeres de forma integral, que partan del origen estructural de la violencia y que sean capaces de detectar las diferentes formas de expresión de la violencia machista.
Además, Izquierda Unida pide ampliar las formas de acreditación de la violencia machista, que se quedan por detrás de leyes autonómicas aprobadas hace ya casi 10 años, como es el caso de la Ley Catalana de Violencias Machistas.
Tampoco se ha dado un paso sustancial en cuanto a las garantías, recursos y servicios que se ponen a disposición de las mujeres en situación de violencia machista. En este sentido, González llama la atención de que “en Huelva la Justicia y la Policía saben perfectamente que hay casos diarios de hombres que están amenazando de muerte a mujeres y que éstos siguen en la calle, mientras sus víctimas poco pueden hacer para defenderse a pesar de denunciarlos continuamente. Por ello, es imprescindible y urgente que sde pongan muchísimos más recursos públicos al servicio de todas estas mujeres para defender sus vidas, así como medidas efectivas de verdad para detener la brutalidad homicida que demuestran sus agresores”.
Izquierda Unida también denuncia que con las medidas del Pacto de Estado ante el que Unidos Podemos tuvo que abstenerse por ser del todo insuficiente y efectivo, se sigue derivando en las propias víctimas la responsabilidad de la denuncia, en muchos de los casos, cuando éstas sobreviven en un régimen de terror e indefensión total.
La nueva Ley que reclama Izquierda Unida debe entender la violencia machista, como una grave vulneración de los derechos humanos de las mujeres, así como estar orientada a la prevención, la detección, las sensibilización y erradicación de la violencia contra las mujeres. Además, Izquierda Unida exige medidas orientadas a la asistencia, protección, y atención a las mujeres en situación de violencia, que garantice el pleno acceso a los derechos y a la red de recursos, que deben ser reales y efectivos, en cuya implementación se deben responsabilizar las diferentes administraciones públicas, con un desarrollo estructurado y perfectamente coordinado de competencias y responsabilidades públicas.
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