El auto de la jueza María José Fernández complica el futuro del secretario provincial del PSOE.
Ferraz ratifica que aplicará el Código Ético del PSOE exigirá la dimisión de Caraballo si se sienta en el banquillo.
Nuevo varapalo judicial para el líder de los socialistas onubenses, Ignacio Caraballo, al que, según adelantaba este viernes el diario ABC de Sevilla en su edición digital, esta semana le ha sido notificada la desestimación de los recursos de apelación contra la incoación del procedimiento del Tribunal del Jurado por la presunta comisión de los delitos de cohecho y tráfico de influencias que se le imputan en el denominado “caso Aljaraque”.
En un auto notificado esta misma semana a las partes, al que ha tenido acceso La Mar de Onuba, la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Huelva, María José Fernández, rechaza las alegaciones de Caraballo y de los otros cuatro imputados (“investigados”), dos concejales de la formación Aljaraque Si se Puede (Pedro Escalante y Francisco Martín), José Luis Rodríguez, representante de CCOO y el director de Recursos Humanos de la empresa Aguas de Huelva.
«El Auto recurrido contiene una descripción de los hechos y una calificación de mismos en base al resultado de las diligencias hasta hora practicadas,la cual colma las exigencias del citado artículo 24 de la LOTJ, que solo exige en estos momentos procesales una valoración de los hechos denunciados y su subsunción en los delitos competencia del Tribunal del Jurado», sostiene la Audiencia Provincial de Huelva al rechazar el recurso presentado por Caraballo, y concluye que «por ello, deviene necesario continuar el procedimiento para concretar o descartar una intervención penalmente relevante del ahora apelante».
Así, la causa judicial por el presunto soborno de Aljaraque sigue su curso. La Audiencia ordena continuar la instrucción, señalando que la investigación «no está agotada». En el caso concreto de Caraballo, indica, respecto a la petición de quedar fuera de la causa. De esta forma, el juzgado de instrucción 1 dará inicio al procedimiento del Jurado, y señalará fecha para una comparecencia en la que se concretarán las imputaciones en cada caso. En una fase posterior, se abriría juicio oral.
El caso Aljaraque investiga el presunto soborno a dos concejales de la formación Aljaraque Si Se Puede en el municipio para reconducir una moción de censura con la que pretendían desbancar –junto al PP- al equipo de gobierno del PSOE. A todos los implicados en la causa, la instructora les atribuye inicialmente la presunta comisión de delitos de cohecho y tráfico de influencias.
La decisión de la jueza María José Navarro se produce sólo unos días después de que el secretario provincial del PSOE-A anunciara su intención de repetir como Presidente de la Diputación, propósito para el que cuenta con el apoyo de los socialistas onubenses. Caraballo esgrime los resultados obtenidos en las pasadas elecciones municipales, en las que el PSOE ha logrado hacerse con el mayor número de escaños en la Diputación, aumentando la mayoría absoluta lograda en los comicios de 2015.Los hechos se remontan a diciembre de 2016, cuando PP y Si se puede Aljaraque registraron una moción de censura contra la Alcaldesa socialista de esa localidad. La instructora considera “verosímil” el relato de que PSOE e IU mantuvieron contactos con representantes de ‘Si Se puede’, entre los que se encontraban los dos ediles de dicha candidatura, vinculada a Podemos, para frustrar la moción de censura a cambio de un puesto de trabajo en la empresa de Aguas de Huelva para la esposa de uno de los concejales, que “no debía saber nada”. Las gestiones se harían directamente con Aguas de Huelva, con «autorización expresa de Ignacio Caraballo», según consta en la denuncia a la que hace referencia la jueza. El acuerdo incluiría la inclusión en el equipo de gobierno del otro edil de Si se Puede. Finalmente, la moción de censura no se realizó, ya que sus promotores desistieron de la misma. Estos hechos, según la instructora, «revisten por ahora y sin perjuicio de ulterior y mas definitiva calificación, los caracteres de delito de cohecho y/o tráfico de influencias, que son de los atribuidos a la competencia del Tribunal del Jurado».
Antes de esa fecha, la dirección federal del PSOE deberá decidir si ratifica a Ignacio Caraballo como candidato a presidir el ente provincial, so riesgo de tener que sustituirle si tras el Procedimiento del Jurado ordenado por la Audiencia Provincial se abre juicio oral contra los imputados en el caso Aljaraque. En ese caso, Ferraz ya ha manifestado su intención de aplicar el Código Ético del partido, que desde 2015 suscriben todos los candidatos socialistas a puestos de representación institucional. El texto señala que cuando un miembro del PSOE se ve incurso en un procedimiento penal, deberá renunciar a todos sus cargos orgánicos e institucionales. En caso de no dimitir, se le dará de baja en el partido.
Así, si como todo parece indicar, Caraballo acaba siendo juzgado por los delitos que se le imputan en el caso Aljaraque -cohecho y tráfico de influencias-, el secretario provincial del PSOE deberá dejar su cargo en el partido; y de ser ratificado en los próximos días por el Comité Federal del PSOE, también como presidente de la Diputación. A nadie se le escapa que Ignacio Caraballo es el hombre fuerte del susanismo en la provincia de Huelva, uno de los bastiones del socialismo a nivel nacional, y que para la dirección federal del partido su caída allanaría el camino para constituir una gestora y tomar el control de la Diputación Provincial (para la que ven buenos ojos al alcalde electo de Moguer, Gustavo Cuéllar, quien hace unos días expresó su deseo de competir por la presidencia), y del partido a nivel provincial. Sería, lo que algunos han definido en las redes sociales como "matar dos pájaros de un Auto".
En cualquier caso, el propio Caraballo aplazó su decisión definitiva, en principio, hasta el domingo 16 de junio. En ese tiempo habrá reflexionado sobre las implicaciones "personales y familiares" de su continuidad al frente de la Diputación. Si, finalmente, decidiera no presentarse, algunas fuentes señalan a los actuales vicepresidentes, José Fernández y María Eugenia Limón, quienes ya habrían iniciado contactos para medir los apoyos que podrían lograr llegado el caso. De esa forma, la actual dirección provincial mantendría el ente provincial, aunque un eventual enjuiciamiento del actual secretario general obligara a constituir una gestora en el PSOE de Huelva.
La dirección federal del PSOE aplicará el Código Ético y exigirá su dimisión si se sienta en el banquillo de los acusados
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