El programa responde a «las dificultades de las condiciones de vida y trabajo detectadas y denunciadas por sindicatos y entidades privadas sin ánimo de lucro y la especial vulnerabilidad de mujeres extranjeras».
La gestión se adjudicó a la asociación Mujeres en Zona de Conflicto (MZC), que contrató a cuatro mediadores (tres mujeres y hombre) durante cinco meses.
Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad declinó la propuesta, y CEIM fue descartada al presentar un presupuesto superior a la partida destinada por la Junta.
Los mediadores centraron su trabajo en tareas administrativas como la expedición de tarjetas sanitarias o la inscripción de recién nacidos, y acompañamiento de trabajadoras enfermas a los centros de salud.
No consta que los mediadores de MZC detectaran irregularidades laborales o gestionaran quejas de las trabajadoras, según la información ofrecida por el Vicepresidente de la Junta, Juan Marín, en la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, recogida en el Diario de Sesiones de la Cámara andaluza.
Lunes, 6 de enero de 2020. «Las dificultades de las condiciones de vida y trabajo detectadas y denunciadas por sindicatos y entidades privadas sin ánimo de lucro, y la especial vulnerabilidad de mujeres extranjeras que desconocen el idioma, la legislación española y los recursos que tienen a su disposición, hacen indispensable la actuación de las Administraciones Públicas que eviten situaciones indeseables o delictivas. Desde esta perspectiva, esta Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias considera una actuación adecuada la contratación de mediadoras y mediadores interculturales para que acompañen a estas mujeres en su proceso migratorio y realicen actuaciones que faciliten la integración de las mismas y de las empresas contratantes evitando la aparición de conflictos y abusos.»
Así consta, textualmente, en la Memoria justificativa sobre la necesidad y oportunidad de contratar los servicios necesarios de mediación intercultural para la atención a las personas inmigrantes durante la campaña de la fresa de Huelva 2019, en la que la Junta de Andalucía anunciaba, en febrero de este año, la contratación, por algo menos de 15.000 euros y a través de organizaciones no gubernamentales, de cuatro personas para realización durante cinco meses de tareas de «mediador intercultural» entre las trabajadoras migrantes de los campos de frutos rojos, las empresas y las propias administraciones públicas.
La creación del figura del mediador intercultural junto a las Organizaciones No Gubernamentales fue un compromiso adquirido por el anterior Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y propio sector empresarial, tras conocerse a través de La Mar de Onuba nuevos casos de explotación y acoso sexual sufridos por trabajadoras marroquíes contratadas en origen.
Los servicios se adjudicaron de forma directa (sin concurso previo, al tratarse de un «contrato menor«), a la asociación Mujeres en Zona de Conflicto (MZC), tras ser rechazada la propuesta por el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad, y descartar la Junta el plan de trabajo propuesto por el Centro de Estudios e Investigación Mujeres (CEIM), cuyo presupuesto excedía la cantidad ofrecida por la Junta de Andalucía para la contratación de cuatro profesionales por espacio de cinco meses, 14.995 euros
Este año 2019 llegaron a trabajar en la provincia de Huelva durante la campaña de la fresa algo más de 14.000 mujeres, acogidas al Acuerdo suscrito entre el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y la Agencia Nacional de Empleo de Marruecos (ANAPEC), con la participación de las principales organizaciones de agricultores de la la fresa de Huelva. Mujeres en Zona de Conflicto, adjudicataria del servicio financiado por la Junta, contrató de marzo a julio a cuatro mediadores culturales, tres mujeres y un hombre. Dos personas estuvieron «directa y permanentemente» en la zona oeste de la provincia de Huelva, que abarca desde Huelva capital hasta Ayamonte, y las otras dos en la zona este, desde la capital hasta Almonte.
Así lo explicó en el Parlamento Andaluz al término de la campaña el vicepresidente de la Junta de Adalucía, Juan Marín, cuyo departamento corrió con los costes del programa, el trabajo de los mediadores se centró «en la promoción y garantía de los derechos y facilitar la inclusión». Para ello, como explicó el también Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, se articularon dos líneas de actuación.
Por un lado, una «línea de protección» centrada fundamentalmente en «la coordinación de agentes claves intervinientes en la propia campaña», y con la patronal, que «también había contratado personal de mediación a nivel privado», dijo Marín, en referencia los 9 mediadores del Plan Prelsi de Interfresa, un protocolo de adscripción voluntaria para los asociados a la interprofesional fresera, quetambién cuenta con el apoyo de ñla Junta de Andalucía. Por otro lado, se puso especial énfasis en «la atención social y también la atención sanitaria», para lo que los mediadores se coordinaron con los servicios sociales y comunitarios y sanitarios de los centros de salud y hospitales de la zona, especialmente del hospital Juan Ramón Jiménez y del Infanta Elena, y también del distrito sanitario de Huelva. Se llevó a cabo la tramitación de tarjetas sanitarias y asignación de médico a través del protocolo de coordinación con el distrito sanitario, y «se dieron de alta a 792 trabajadoras de 22 empresas», según los datos aportados por el Vicepresidente de la Junta.
En relación con las líneas generales de trabajo, el servicio de mediación contratado por la Junta a MZC contemplaba la acogida de trabajadoras a su llegada final a la finca; información sobre las condiciones laborales, derechos y deberes que tenían; información sobre los recursos sociales, sanitarios, asistenciales, que les ofrece tanto la provincia, a través del Servicio Andaluz de Salud y de todas las instituciones, como en los municipios donde han estado residiendo; acompañamiento a los servicios sociales y sanitarios; información sobre derechos sexuales y reproductivos; información sobre horarios de transporte, de comercios, de bancos; de acercamiento y formación del idioma, y costumbres de la sociedad de acogida.
Respecto del desarrollo del programa, el Vicepresidente de la Junta, destacó que este se hizo en coordinación con Interfresa, la interprofesional que gestiona los intereses de los agricultores onubenses de frutos rojos, a los que Marín agradeció su colaboración por haber activado «un protocolo de coordinación durante la fase intermedia y final de la campaña con ellos para la derivación de casos de asistencia sanitaria y registro consular de las temporeras». A partir de esta coordinación, según los datos ofrecidos por el Consejero en el Parlamento Andaluz, se activaron 20 procedimientos de asistencia sanitaria coordinados, que incluyeron traslados, acompañamientos y seguimientos de las atenciones sanitarias, así como el asesoramiento y seguimiento en el Registro Civil, para los nacimientos, y el retorno de estos niños posteriormente con sus madres a su país de origen».
El Vicepresidente de la Junta consideró que la experiencia «ha sido positiva para este año 2019», y anunció que «vamos a reforzar estos servicios también y nuestra colaboración con todas las instituciones que han participado en él y con todos los servicios públicos que garantizan la permanencia de estas trabajadoras en nuestra comunidad autónoma para el ejercicio 2020». En los presupuestos de este año, finalizó Marín, el programa llevará «un incremento en su partida presupuestaria».
El pasado mes de noviembre, el sindicato CCOO puso en tela de juicio la suscripción por parte de la Junta de Andalucía de un convenio de colaboración con la interprofesional Interfresa para el desarrollo del conocido como Plan de responsabilidad ética, laboral y social (PRELSI), una medida que el sindicato ha tildado de «falsa», y que considera que se «salta» el Convenio Colectivo del campo.
Asimismo, el sindicato ha indicado que el citado plan es un documento interno de «aplicación exclusiva» a las empresas asociadas a Interfresa, compañía que «no tiene representatividad como patronal aunque la Junta parece que intenta darle una legitimidad que no tiene». «El convenio colectivo del campo, que es mucho más exigente, más completo y afecta a todas la empresas agrarias, está por encima de cualquier plan interno», ha subrayado el sindicato. «El Plan de Interfresa, por lo tanto, no puede eximir a las empresas del cumplimiento de lo que se recoja en el convenio en relación a las condiciones laborales, a las medidas de igualdad y de prevención del acoso sexual y por razón de sexo, como la negociación de planes de igualdad, creación de una comisión de igualdad sectorial, la aplicación del protocolo de acoso sexual o formación en igualdad», ha alegado.
En esta línea, CCOO ha considerado que en el plan hay cuestiones que «no se pueden aceptar» porque «invaden competencias y regulaciones establecidas en el convenio colectivo del campo». «Uno de los problemas de mayor calado es que deja fuera a la representación legal de los trabajadores y a los sindicatos mayoritarios de cualquier tipo de intervención que legalmente les corresponde».
Por otra parte, el sindicato ha censurado que se contemple la formación en prevención de conductas ilegales «sin nombrar el acoso, mezclándolo con la formación profesional y solo para mandos intermedios» así como la creación de la figura de consultor de integración, dependiente de Interfresa, «lo que ya la hace parcial, que pretende controlar a las personas trabajadoras y sustituir a la Comisión de Igualdad Sectorial recogida en el convenio colectivo». «El objetivo es evitar cualquier tipo de presencia sindical en todos los procedimientos establecidos para los casos de acoso sexual, o del control de las condiciones laborales», sostiene el sindicato. Además, el coste se pretende repercutir en el salario de las personas que vienen con contrato de origen. Así, CCOO ha mostrado su «perplejidad» ante las pretensiones del Gobierno andaluz y ha apuntado la posibilidad de que esté intentando establecer en la campaña de la fresa un «modelo alegal de relaciones laborales, dejando al margen a sindicatos, organizaciones empresariales, a la inspección de trabajo, y sin negociación colectiva».
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