La Junta opta por la vía judicial ante la negativa del Gobierno a evaluar el impacto del proyecto de Gas Natural.
Susana Díaz: «La Junta no se va a quedar de brazos cruzados y hará todo lo que esté en su mano para detener el proyecto».
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha exigido al Gobierno central que «mueva ficha» para paralizar el proyecto de almacenamiento de gas promovido por la empresa Gas Natural en el entorno del Espacio Natural de Doñana.
Díaz ha reclamado, en declaraciones a los periodistas en Sevilla, que el Ejecutivo central haga el informe que impida «trocear el proyecto», ya que las cuatro piezas en las que se ha dividido el almacenamiento no han abordado adecuadamente los efectos acumulativos de la iniciativa en su conjunto.
Ante la inacción del Gobierno, la Junta de Andalucía iniciará las acciones legales pertinentes ante lo contencioso, ya que, tal y como ha explicado Susana Díaz, «no nos vamos a quedar de brazos cruzados con dos informes tan claros como los del Instituto Geológico Minero y el CSIC», que advierten del «impacto» de este proyecto en «esa joya de Andalucía y de Europa» que es el Espacio Natural de Doñana.
«Haremos todo lo que esté en nuestra mano para detener» el proyecto, ha insistido Susana Díaz, que ha considerado que se trata de la «responsabilidad y obligación» del Gobierno andaluz.
INICIO DE LA ACCIONES JUDICIALES
Por su parte, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha firmado una orden para que el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía inicie las acciones legales pertinentes contra la negativa del Gobierno central a evaluar de forma conjunta el proyecto de almacenamiento de gas promovido por la firma Gas Natural en el entorno del Espacio Natural de Doñana, así como para paralizar cautelarmente el subproyecto ya en marcha, denominado Marismas Occidental.
La decisión se adopta al no haber obtenido respuesta del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente al requerimiento realizado el pasado mes de diciembre que solicitaba una evaluación conjunta y pedía instar al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital la paralización cautelar del subproyecto Marismas Occidental.
El titular de Medio Ambiente ha subrayado que los argumentos de esta iniciativa se recogen en sendos informes del Defensor del Pueblo de España y del Defensor del Pueblo Andaluz, así como en la respuesta a este último del delegado institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Extremadura y Andalucía, que considera que el riesgo sísmico que presenta el proyecto es suficiente para suspender su ejecución. Fiscal se ha referido también a un informe del Instituto Geológico Minero de España del que se desprende que la empresa promotora habría rebajado el nivel de riesgo por inundaciones en el caso del subproyecto Marismas Occidental.
Los cuatro proyectos de instalaciones de almacenamiento de gas en la zona (denominados Saladillo, Marismas Occidental, Marismas Oriental y Aznalcázar) cuentan con otras tantas declaraciones de impacto ambiental favorables emitidas por la Administración central en el ejercicio de sus atribuciones. No obstante, la Junta considera que estas evaluaciones por separado no han abordado adecuadamente los efectos acumulativos del proyecto en su conjunto, por lo que reitera su exigencia de un trabajo único.
En el ámbito competencial autonómico, y de acuerdo con las normas del planificación, uso y gestión del Espacio Natural de Doñana, la Junta denegó la Autorización Ambiental Unificada (AAU) a uno de los subproyectos (Marismas Oriental) por su afección negativa, lo que hace inviable el de Aznalcázar, con el que está estrechamente conectado. El de Saladillo carece de la autorización de la Ley andaluza de Espacios Naturales Protegidos para actuar en suelo no urbanizable, mientras que el único que dispone de permiso de explotación (Marismas Occidental) está localizado fuera del territorio protegido. La paralización de este último se solicita como medida preventiva en tanto se lleva a cabo la evaluación conjunta.
Por otra parte, los nuevos instrumentos de planificación de Doñana aprobados en agosto de 2016 extreman la conservación de esta zona en toda su extensión y prohíben expresamente la acumulación y el enterramiento de materias primas, productos y residuos sólidos, líquidos y gaseosos.
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