La Compra Pública de Innovación, dotada con 50 millones, arrancará con cinco proyectos piloto en infraestructuras, salud, servicios sociales y agroalimentaria.
La Junta de Andalucía ha puesto en marcha la Estrategia para el Impulso y Consolidación de la Compra Pública de Innovación (CPI) en la Administración, dotada con 50 millones de euros procedentes del fondo europeo Feder hasta finales de 2020. Esta nueva fórmula de licitación permitirá satisfacer en el sector público demandas de servicios y productos avanzados aún no disponibles en el mercado, impulsando a su vez respuestas innovadoras de la iniciativa privada.
La estrategia arrancará con 10 millones de euros y cinco proyectos piloto en las consejerías de Salud; Igualdad y Políticas Sociales; Fomento y Vivienda; Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, y Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, seleccionados a partir de un trabajo de diagnóstico en el que se han identificado una veintena de necesidades y demandas prioritarias. Las soluciones más demandadas se relacionan con tecnologías big data, sensores, reciclaje de materiales y residuos, aplicaciones y plataformas TIC y sistemas de gestión de la información, así como pseudosatélites y drones.
En Fomento y Vivienda se llevará a cabo un proyecto de iluminación inteligente en las carreteras de titularidad autonómica (10.574 kilómetros), con el fin de mejorar la seguridad y la eficiencia energética ante el alto consumo que supone la señalización de los tramos conflictivos. El sistema incorporará innovaciones como la evaluación de situaciones meteorológicas o el envío y análisis de datos sobre usuarios vulnerables (ciclistas y motoristas, principalmente).
En el área sanitaria se ha seleccionado el desarrollo del Servicio Regional de Patología Digital, que atenderá a escala autonómica el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de alta prevalencia y mortalidad, además de servir de soporte a la implantación de las nuevas terapias avanzadas y de la medicina personalizada. El proyecto, basado en la digitalización de la imagen anatomopatológica y en la deslocalización del soporte diagnóstico, mejorará el tiempo de respuesta, la eficiencia y la equidad en el acceso a estos recursos. Asimismo, permitirá a los profesionales la visualización de información integrada de datos clínicos, como imágenes radiológicas o endoscópicas.
La tercera de las iniciativas piloto previstas desarrollará nuevos métodos analíticos rápidos y herramientas para la identificación temprana del fraude en el sector agroalimentario. El proyecto se dirigirá a reducir costes y plazos de respuesta, aumentar la calidad de los productos y optimizar los procesos productivos, asegurar la trazabilidad y mejorar la gestión de riesgos, especialmente en la aceituna, el aceite de orujo, la uva, el mosto y el vino. También pondrá el foco en las adulteraciones de lácteos y en la mejora de las analíticas de la fibra de algodón.
Por su parte, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales contará con una plataforma para laimplantación del futuro sistema andaluz de teleasistencia avanzada; basada en el uso de dispositivos móviles, adaptada a personas con discapacidad sensorial y cognitiva, orientada a aumentar la autonomía de los usuarios y mejorar el apoyo a cuidadores. El proyecto prestará especial atención a la detección de eventos no previstos en el hogar, a la compatibilidad de equipos y a la integración con otros servicios como el 061 o Salud Responde.
Finalmente, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio avanzará en las soluciones basadas en ‘cloud computing’ para la monitorización de indicadores ambientales a escala regional. El objetivo es facilitar a las distintas unidades responsables de los seguimientos el acceso a productos y servicios a medida que los demanden, así como incrementar las posibilidades de procesamiento ‘on line’ de datos de diferentes procedencias.
Una estrategia de apoyo al desarrollo empresarial
A diferencia de la licitación convencional, con la CPI la Administración fomenta el desarrollo futuro del producto o servicio que necesita y sus características, contribuyendo así a dinamizar la I+D en sectores económicos claves, tanto consolidados como emergentes; impulsar mercados innovadores; apoyar el desarrollo empresarial, y facilitar al tejido productivo el potencial de universidades y los centros de investigación.
La estrategia pretende, entre otros objetivos, aumentar en un 2,6 % anual la inversión media anual en I+D de las administraciones públicas y en un 0,15 % la del sector privado y la enseñanza superior, además de elevar del 10 % al 17 % la proporción de empresas que realizan innovaciones tecnológicas.
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