Las personas detrás de los ERTE: “Facturan 2.000 millones, fijan sueldos de 700 y quieren que los pague la ciudadanía”

Más de medio millón de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) causados por el coronavirus. Más de 4 millones de trabajadores y trabajadoras afectadas. Empresas con cuantiosos beneficios (otrora inmarcesibles transatlánticos) que no han dudado ni un segundo en cargar en la mochila del Estado (o, dicho de otro modo, en la de todos y cada uno de los contribuyentes) las nóminas de sus empleados y empleadas.

Cifras altamente preocupantes, que reflejan la realidad de millones de familias que tendrán que hacer virguerías para llegar a fin de mes, a pesar de que su trabajo diario ha supuesto pingües dividendos en las cuentas de los directivos que les pagan. Son las personas que están detrás de los ERTE. Las verdaderamente importantes.

121 millones de beneficio “y pretenden que la factura la paguemos entre todos”

El decreto del Gobierno de España que flexibilizaba este “mecanismo de ajuste temporal de actividad para evitar despidos” –como se define en el propio texto normativo– entró en vigor el pasado 18 de marzo (aunque con efecto retroactivo hasta el momento en el que se dieron las circunstancias que provocan el ERTE por fuerza mayor, es decir, hasta el inicio del estado de alarma).

Según el artículo 270.2 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en caso de ERTE, la prestación que recibirá el trabajador será del 70 % de la base reguladora, durante los primeros 180 días, y del 50 % a partir de ese momento. Esta base reguladora será la resultante de computar el promedio base de los últimos 180 días cotizados.

Se da la opción a las empresas de compensar para que sus empleados puedan cobrar el 100 % del salario base. Algunas lo hacen, pero otras muchas no. Es el caso de Meliá Hotels, que forma parte del Ibex 35 y que en 2019 ingreso 1.789,5 millones de euros, lo que supuso un resultado neto de explotación de 121,7 millones de euros. Sumando desde 2017, el beneficio roza los 400 millones de euros.

A pesar de ello, no complementan nada a ese 70 % que paga el Estado y, antes incluso de que se decretara el estado de alarma –en los primeros días de marzo–, despidieron a 230 trabajadores. Posteriormente, hicieron un ERTE que afectó a otros 8.400. Con grandes beneficios en los últimos años, apuntan desde CCOO, “se limitaron a pagar el salario convenido, al mismo tiempo que sus directivos se embolsaron primas por beneficios u objetivos, pero ahora que tienen falta de ingresos quieren que la factura la paguemos entre todos, pretendiendo socializar las pérdidas. Su actitud con los trabajadores está siendo mezquina”.

Recientemente, Meliá Hotels fue reconocida como una de las mejores empresas para trabajar en España, según Forbes. No comparte el veredicto Gladys Medina, camarera de piso en el Meliá Palacio de Isora –un cinco estrellas de Tenerife– y miembro de la Sección Sindical Estatal de Meliá por CCOO.

Su sueldo es de 1.000 euros y asegura que es una “privilegiada”. En Canarias, explica a cuartopoder, “no se puede externalizar nuestro trabajo, por lo que pertenecemos a la plantilla del centro”. Pero muchas de las mujeres que hacen su misma labor –en otras comunidades– dependen de empresas multiservicios y “cobran un 40 % menos, así que con el ERTE están recibiendo una miseria”. Eso, destaca, “si han entrado en el ERTE, porque en la mayoría de los casos se ha cancelado el contrato con la multiservicio y ni siquiera se les ha aplicado”.

Para ella, Meliá “tiene que ser responsable y asumir que es una de las empresas pioneras de España. La única manera de salir de esta crisis es que empresas como esta arrimen el hombro. No vale con que pongan hoteles a disposición de los sanitarios, eso es un lavado de imagen”.

Con las especiales características implementadas por el Ejecutivo para los ERTE derivados de la covid-19, se exonera a la empresa del abono de la Seguridad Social, en el caso de tener 50 o menos trabajadores, y sólo pagan el 25 % si la plantilla es mayor: “Es incoherente que una empresa con tantos beneficios se aproveche de las cotizaciones de los trabajadores y del dinero público”, apunta Gladys.

“No es sólo tener buena prensa y donar mascarillas”

Primark, Tendam o H&M son algunas de las empresas del sector textil que han aplicado un ERTE. Entre las tres, casi 21.000 empleados que se han marchado a casa, teóricamente, de manera temporal. Las dos primeras, tal y como informan desde CCOO, complementan la prestación del Estado hasta el 100 %. H&M también lo hizo en el inicio (para los primeros 14 días), el 26 de marzo anunció que las complementaría otras dos semanas, pero sólo al 90 %. El pasado 10 de abril informó de que prorrogaría estas aportaciones más allá del 11 de abril, esta vez al 80 %.

H&M obtuvo, en 2019, un beneficio de 13.443 millones de coronas suecas (unos 1.254 millones de euros). Desde 2015, los beneficios han sido de más de 7.500 millones de euros.

Alejandro Salvador es miembro de la Ejecutiva Federal de CCOO y ha coordinado la atención sindical de la parcela textil. Asegura que, desde un primer momento, pidieron a las grandes marcas que hicieran un esfuerzo y no cargaran a las arcas públicas con las prestaciones por desempleo. Casi ninguna lo hizo.

En el caso de H&M, que ha aplicado un ERTE para 6.200 trabajadores, Salvador explica que ese complemento del 30 % para llegar al 100 % de la base reguladora le suponía a la empresa, en muchos casos, no más de 25 euros. Han logrado, no obstante, que las vacaciones no se vean mermadas por la suspensión de los contratos de trabajo.

En un H&M de Madrid trabaja Santiago Sanza. Su situación, como la de muchos de sus compañeros y compañeras, es preocupante: “La empresa nos ha pagado, pero falta el 70 % del Gobierno, así que estamos sobreviviendo con el salario de 13 días de marzo”. Comenta que la falta de ingresos les obliga a pedir un adelanto de las pagas extras, “pero las tenemos prorrateadas, porque son salarios tan bajos que, o las prorrateas, o no llegas a fin de mes”.

En su opinión, empresas como H&M “tienen solvencia suficiente para dar respaldo a los trabajadores y no cargar a las arcas públicas con esto. No es sólo tener buena prensa y donar mascarillas, es contribuir a no colapsar el Sistema Público de Empleo”.

“Con una nómina de 13 días de marzo tengo que pagar el alquiler, y ellos, con 2.000 millones facturados, no”

Argumentan desde el Ejecutivo estatal que es complicado concretar cuántos ERTE se han presentado en España, ya que, si se trata de una empresa que esté implantada en más de una comunidad, la autoridad competente es el Ministerio de Trabajo, pero si sólo se circunscribe a una autonomía, lo será el ente decretado por cada Ejecutivo autónomo.

Es lo que sucede con el Grupo mexicano Alsea, que gestiona 20 marcas de comida rápida, algunas tan conocidas como Domino’s Pizza, Burger King, Vips, Foster’s Hollywood, Ginos, Cañas y Tapas o Starbucks. En 2019, sus ventas alcanzaron los 57.444 millones de pesos mexicanos (casi 2.200 millones de euros). Desde 2012 suman 180.726 millones de pesos (6.900 millones de euros). Están presentes en 12 países de Europa y Sudamérica y el beneficio neto en 2019 fue de 41 millones de euros. En 2018, de 45,5.

Cantidades que no parecen ser suficientes para evitar el ERTE. Ni siquiera para complementar por encima de ese 70 %. Alex García, de la Sección Sindical de CGT en Starbucks, explica que el expediente ha afectado a 20.100 trabajadores en toda España. Se indigna cuando indica que una empresa con miles de millones de facturación, “y sueldos absolutamente precarios –de 700 u 800 euros–, encima se los hace pagar a toda la ciudadanía”. Crece el enfado si recuerda que, además, a finales del mes de marzo, Alsea comunicó que dejaba de pagar los alquileres de sus locales: “Con una nómina de 13 días de marzo, tengo que pagar alquiler, y ellos con sus beneficios, no”.

Destaca que, en el último comunicado de la empresa, les decían que habían llegado a un acuerdo con algunas entidades como La Caixa, BBVA o Bankia: “Nos facilitan pedir un crédito con buenas condiciones y cuando recuperemos el trabajo lo devolvemos. O sea, no sólo no nos pagan, sino que encima andan con chanchullos para que nos endeudemos”.

“Hemos cedido parte de las vacaciones para cobrar todo el mes de marzo”

3.201 millones de euros de beneficio neto tuvo el Grupo PSA en 2019, con una cifra de negocio total de 74.731 millones de euros. Bajo su paraguas conviven marcas automovilísticas tan reconocidas como Peugeot, Citroën, DS, Opel y Vauxhall.

Sara Martín es la presidenta del Comité de Empresa de PSA-Opel en Figueruelas (Zaragoza). Explica que han firmado dos ERTEs, en los que la empresa complementa hasta el 80 %. Uno afecta a 6.000 personas y están todos incluidos –también la dirección–. Del siguiente quedarán fuera las personas que cumplan 60 o 61 años en 2020.

Se muestra satisfecha, ya que han logrado que los días de ERTE no les perjudiquen “de cara a una paga extraordinaria variable que tenemos y que sigamos generando las mismas vacaciones”. Otro aspecto interesante, apunta Martín, “es que si cobramos el 80 % de nuestro salario generamos el 80 % de la paga de vacaciones y de las extras de verano y Navidad”.

La actividad en la planta de Opel en Figueruelas cesó el 16 de marzo. Llegaron a un acuerdo con la empresa para ceder parte de las vacaciones (como si las disfrutaran en marzo) y así cobrar el mes completo; por tanto, el ERTE se aplicó de manera efectiva a partir del día 30 de ese mes.

Con 59 años, y 37 en Opel, Ruperto Moraleda afirma que lo que quiere es llegar a los 61 “para tener un contrato relevo”. Tras unos primeros días de incertidumbre, anota, llegó algo de tranquilidad, “y el acuerdo de las vacaciones está haciendo que la gente sufra menos”. En cierto modo, comenta, “puedo llegar a entender a la empresa en este caso. Otras veces no, porque a la mínima se aprovechan, pero esta vez está justificado”.

ERTE en un servicio esencial con 352 millones de beneficio

El artículo 17 del Real Decreto por el que se declaró el estado de alarma en España apunta que se adoptarán “las medidas necesarias para garantizar el suministro de energía eléctrica”. En el 18, se dice que “los operadores críticos de servicios esenciales previstos en la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de infraestructuras críticas, adoptarán las medidas necesarias para asegurar la prestación de los servicios esenciales que les son propios”.

A tenor de lo estatuido, por tanto, entiende Fran Méndez Gómez, responsable del Sector de Energía Renovable de CCOO, que el mantenimiento de parque eólicos es una actividad esencial. Sin embargo, Erom, empresa del Grupo Acciona especializada en “la operación y mantenimiento de activos de energías renovables”, ha presentado un ERTE que afecta a unas 400 personas y en el que no compensan por encima del 70 %.

Acciona es otra de las empresas del Ibex 35, con presencia en más de 40 países de los cinco continentes, y con un beneficio neto en 2019 de 352 millones de euros. A los que se pueden adicionar los 328 de 2018 y los 2020 de 2017.

Un supuesto servicio esencial con considerables ingresos, ¿por qué un ERTE?: “Hay silencio administrativo”, dice Méndez, que no entiende que “la Seguridad Social tenga que pagar las nóminas de la gente de Acciona porque a ellos les dé por ahí”. Subraya, por añadidura, que la transparencia escasea por parte de la empresa: “La información de los ERTE nos llega tarde y no tenemos visibilidad aunque tengamos dos delegados. No sé qué juego se traen, pero están jugando muy sucio”.