“Resucitan” las movilizaciones contra los fosfoyesos

Dos convocatorias, una hoy jueves, y otra el próximo 6 de noviembre, buscan revitalizar la movilización ciudadana contra el mayor problema medioambiental de la capital onubense.

El grave problema que los onubenses vieron “apilar” en forma de balsas de fosfoyesos contaminantes a lo largo de 42 años sobre su Marisma, amenaza convertirse en tema destacado con el que habrán de bregar todos los partidos políticos durante un largo periodo electoral que ya ha empezado y copará la actualidad informativa, como mínimo, hasta las elecciones municipales y europeas del 26 de mayo de 2019.

No es la primera vez. El problema de los fosfoyesos es un tema recurrente en cada cita electoral, pero en este año 2018 concurren nuevos y decisivos hitos, que hacen que trascienda de las fuerzas minoritarias y colectivos ecologistas, a un verdadero asunto de Estado cuya resolución no se va a poder seguir postergando en mesas de participación y comités de expertos durante mucho tiempo más.

Por un lado, que -por fin- el Estado español vaya a contar con un catálogo de espacios afectados por contaminación radiactiva, ha situado a Huelva en la pool position del mismo, al reunir dos de las seis zonas catalogadas. Precisamente aquellas que albergan los residuos de Fertiberia, a los que se sumaron los procedentes de la catástrofe de Acerinox.

Las balsas de fosfoyesos y las Marismas de Mendaña son “terrenos afectados por contaminación radiactiva”

Por otro, que los comités de expertos hayan acreditado que los fosfoyesos siguen produciendo daño medioambiental. Lo hacen por efecto de “la intrusión del agua del estuario, que entra al subsuelo de las balsas con la marea alta, lava la contaminación y retorna al río contaminada”.

Y por último, el miedo a los efectos que el cambio climático está teniendo en la meteorología. Es seguro que la alarma creada el pasado fin de semana por el temor a que el huracán Leslie entrara en la península a través del Golfo de Cádiz ha hecho que las balsas estuvieran presentes en las oraciones de políticos y empresarios de la Aiqbe durante las largas horas de incertidumbre. Que Leslie optara finalmente por visitar primero el norte de Portugal ha sido más que un alivio. Así se lo reconocía, off the record, un alto mandatario onubense a este redactor el pasado sábado.

Cabe recordar que ya en febrero y marzo de este mismo año, tras el paso por Huelva de Enma y de Félix, varios colectivos ecologistas advirtieron fugas de vertidos tóxicos -“deslocalizadas y desde diferentes lugares”- de las balsas de fosfoyesos al río Tinto. «Estamos avisando. De nuevo la realidad nos sitúa ante lo que podría ser una catástrofe anunciada, un gran vertido tóxico a la ría de Huelva podría producirse en cualquier momento», señaló entonces el portavoz de Greenpeace, Julio Barea.

El aviso fue reducido por el gerente de la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Enrgéticas (Aiqbe), Rafael Eugenio Romero, a “algunas escorrentías internas en las balsas”. Romero aseguró entonces que “el canal perimetral está en perfecto estado” y que “no hay ningún problema». Es más cuestionó la palabra de Greenpeace porque la organización sólo había realizado su denuncia ante la opinión pública, pero no ante “el Seprona de la Guardia Civil o los tribunales”. La Universidad de Huelva, a través de su Unidad de Contaminación Atmosférica asociada al CSIC, emitió un informe sobre el estado de las balsas y zonas de borde en el que se descartaba cualquier incidencia. Greenpeace sigue manteniendo que lo que se ve en sus vídeos son filtraciones causadas por Enma y Félix.

Hubiera filtraciones o no, lo cierto es que el miedo a las inclemencias climatológicas no es injustificado. Se sustenta en antecedentes. Hay gran cantidad de jóvenes onubenses de generaciones que ni siquiera habían nacido cuando en 1998, hace ahora veinte años, se rompió una de las balsas, vertiendo al río Tinto 50.000 metros cúbicos de aguas ácidas, metales pesados y otros tóxicos. Esto afectó al medio fluvial, marino y a la salud de las personas. Fue necesario cambiar los compuestos a otra balsa para evitar más filtraciones. Los colectivos conservacionistas igualaron el desastre al de Aznalcóllar y advirtieron de la peligrosidad de estas balsas de residuos y de la falta de control de las instalaciones. La Justicia, por su parte, dio fe de la catástrofe en un auto de la Audiencia Provincial, señalando la “imprudencia” con la que había venido actuando la empresa, pero achacando el desastre a “circunstancias climáticas extraordinarias” que fueron la causa de la rotura de la balsa.

No son pocos los jóvenes de esas generaciones que este año votarán por primera vez, y que desconocen que aquella resolución del año 2000 fue la espoleta que alumbró la lucha ciudadana contra las balsas de fosfoyesos.

Tras una denuncia de Ecologistas en Acción, la Audiencia desestimó imputar o sancionar a Fertiberia porque la balsa la rompió la tormenta, pero los colectivos sostenían, entonces y ahora, que si la empresa no hubiera sobrepasado el máximo de tres metros de altura en el apilamiento de fosfoyesos para la que estaba autorizada, el vertido de residuos al río Tinto no hubiese sido de tal magnitud.

Por fin, en 2003, el Gobierno ordenó a Fertiberia cesar el vertido de más residuos contaminantes (“subproducto”, según la nomenclatura técnica que reclama la Aiqbe) sobre la Marisma onubense. La Orden Ministerial declaraba “caducada” la concesión, y esgrimía como motivo los incumplimientos por parte de Fertiberia, a la que se había permitido que los fosfoyesos fueran apilados en capas de 3 metros de altura en la Marisma, y la empresa ya había sobrepasado los 30 metros.

Fertiberia supo exprimir los mil y un trucos y artificios legales del Estado de Derecho durante siete años más, y no fue hasta 2010 que la Audiencia Nacional dictó la sentencia que fijó el cese definitivo de los vertidos, sin más demoras, el 31 de diciembre de 2010. Hasta esa fecha, Fertiberia siguió depositando sus residuos en la Marisma hasta acumular más de 120 millones de toneladas en 1.200 hectáreas de marisma.

Las balsas de fosfoyesos ocupan una extensión similar a la de Huelva

La empresa luchó hasta el final por seguir vertiendo fosfoyesos y recurrió “en súplica”, pero la Audiencia Nacional rechazó la pretensión y ratificó la prohibición de abrir nuevas balsas, y, lo más importante, estableció la obligación de Fertiberia de asumir el coste de la regeneración ambiental de los terrenos afectados por 42 años de vertidos incontrolados. Fertiberia ha tenido, además, que constituir un aval de 65 millones de euros para garantizar el cumplimiento de dicha obligación, sea cual sea.

Desde entonces, Huelva sigue conviviendo con un espacio de residuos radiactivos, aunque “sin peligro para la personas”, del mismo tamaño que la ciudad, a la espera de las conclusiones de mesas de expertos que ni siquiera han resuelto del todo cómo van a financiarse o si sus resoluciones serán de obligado cumplimiento.


Relacionado

El Comité de Expertos de los fosfoyesos asegura que la restauración de las balsas “no ha sido la correcta”


Sin solución a la vista

Cinco años más tardó Fertiberia hasta que el 31 de marzo de 2015 por fin presentó su proyecto para regenerar de la zona. La idea de la compañía pasa por “clausurar” las balsas en un proceso que define como “encapsulado”, pero que, en realidad consiste en desecar durante un periodo aproximado de diez años el fosfoyeso acumulado y, posteriormente, tapar (aunque a la empresa no le gusta que se utilice esta expresión, tapar) las balsas con un polímero que sería cubierto después por una capa de arcilla permeable de 60 cms, y sobre esta, otra más de tierra cultivable de 40 cms. Culminado este proceso, la idea es sembrar plantas propias de la zona y dejar que la naturaleza obre el milagro de la recuperación.

La idea, que Fertiberia sostiene que es la única viable, contó con el visto bueno del Gobierno, entonces en funciones, estando al frente del Ministerio de Medio Ambiente Isabel García-Tejerina, en cuyo currículo profesional destaca haber sido Directora de Planificación Estratégica de Fertiberia entre 2004 y 2012. Es decir, durante todos los años que la empresa luchó como gato panza arriba por seguir vertiendo fosfoyesos (y vertiéndolos) sobre la Marisma de Huelva. Hasta que llegó la Audiencia Nacional y ordenó parar.

Mientras García Tejerina fue responsable de planificación de Fertiberia, la compañía presentó, en junio de 2011 (fecha límite que dieron los jueces) ante el Ministerio de Medio Ambiente del anterior Gobierno (socialista) otro proyecto para recuperar las marismas, pero fue considerado “insuficiente” por el Ejecutivo de Zapatero.

Entre el 30 de junio de 2011, fecha en que Fertibreria remitió el “Proyecto director para la recuperación de las balsas de fosfoyesos en las marismas de Huelva”, y hasta el mes de agosto de 2012 no hubo más contactos entre la empresa y las Administraciones competentes en relación el cumplimiento de las medidas de ejecución acordadas por la Audiencia Nacional. Esta dejación fue recriminada en un nuevo auto de 27 de mayo de 2014 en el que acusó a la empresa de «pasividad impropia» en la regeneración ambiental de las balsas y exigió a Medio Ambiente que tutelara el proceso.

No fue hasta marzo de 2015, con García Tejerina sentada ya en el Consejo de Ministros, que la empresa presentó su nuevo proyecto, que, como se ha apuntado, recibió la bendición de su ex Directora de Planificación, ahora ministra competente. Sin embargo, la solución propuesta no termina de convencer a la Junta de Andalucía, al Ayuntamiento de Huelva, a los colectivos ecologistas… ni a buena parte de la ciudadanía.

Este jueves tendrá lugar la primera de las dos concentraciones que se han convocado para exigir una solución definitiva. A la primera han llamado Ecologistas en Acción y WWF, y cuenta con el apoyo de otros colectivos, Izquierda Unida y Mesa de la Ría.

Esta última organización también ha convocado una segunda movilización para el próximo 6 de noviembre, a la que también se han sumado WWF, Greenpeace, una decena de asociaciones vecinales y, según informa la propia Mesa, en torno a una veintena de organizaciones de Huelva y otras provincias.

El caso, como se apuntaba al principio de este artículo, es que el problema de los fosfoyesos vuelve a ser protagonista destacado del debate ciudadano cuando las urnas asoman. La posición de cada partido ante la mejor manera de abordarlo será, sin remedio, observada y escuchada con interés por los votantes onubenses. Y puede que por los de otras provincias. La solución, a día de hoy, no está decidida.


Relacionado

Aumenta el riesgo de colapso de la balsa 2 de los fosfoyesos al ceder el apilamiento

Sea el primero en desahogarse, comentando

Deje una respuesta

Tu dirección de correo no será publicada.


*


Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.