Los socialistas onubenses han querido realizar un gesto «contundente y claro», para «despejar el más mínimo resquicio de duda que pudiera subsistir en el ambiente sobre la postura que el PSOE mantiene en relación al proyecto de gas en Doñana». El secretario general de la Ejecutiva Provincial, Ignacio Caraballo, asó como parlamentarios, diputados, alcaldes y dirigentes locales del entorno del Parque Nacional, han «sentenciado» el proyecto a las puertas de Marismas Occidental, denominación del primero de los cuatro subproyectos en que ha quedado dividida una actuación que, “a juicio de todos, excepto del Gobierno y de la empresa proponente, merece y requiere un estudio sobre su conjunto y no por separado, para conocer el impacto real, si existe riesgo y si es viable”, ha asegurado Caraballo.
La cúpula del PSOE ha querido así visualizar, una vez más, su absoluto rechazo al proyecto, y ha pedido que se paralice de manera inmediata la ejecución de Marismas Occidental, en tanto en cuanto, el Gobierno no adopte la decisión de evaluar el impacto ambiental sobre el conjunto de los cuatro subproyectos. “Lo primero es que estamos en contra absolutamente de que Doñana sirva de almacén de gas; lo segundo es que no se puede jugar al engaño permanente, haciendo creer a los ciudadanos que no existe peligro porque la realidad es que el Gobierno no lo sabe con certeza; lo tercero es que es un clamor social, nadie quiere este proyecto, por tanto, el Ejecutivo debe pararse a reflexionar”. Por su parte, la alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, ha dicho, en nombre de todos los alcaldes socialistas del entorno, que suscribe la petición de paralización y la exigencia de la declaración conjunta del proyecto.
“Pedimos impulsar cuantas acciones legales procedan –ha dicho Caraballo- para detener cautelarmente su ejecución”. Para los socialistas, “Doñana no es el lugar más idóneo para almacenar gas, nos hemos negado a ello desde el seno del partido y desde la Junta de Andalucía, que gobernamos, a través de nuestro consejero, José Fiscal. Pedimos al Gobierno del PP que recapacite y dé su brazo a torcer. Si al PP no le importa Doñana, a nosotros nos importa, y mucho. Pedimos al Gobierno que se rinda. Que sepamos, es la primera vez que una comunidad autónoma deniega una Autorización Ambiental Unificada (AAU) a un Gobierno que ha emitido ya su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva, lo que demuestra la seriedad y contundencia con la que ha actuado la Junta de Andalucía”.
Las tesis que defienden tanto el Gobierno andaluz como los socialistas onubenses, vienen avaladas por las posturas adoptadas por el Defensor del Pueblo Andaluz, primero, y por el Defensor del Pueblo Español, después, así como por la Delegación del CSIC en Andalucía y Extremadura. Jesús Maeztu pide paralizar el proyecto en su conjunto y su impacto, así como estudiar los riesgos sísmicos que podría provocar esta actuación. Por su parte, Fernández Marugán ha solicitado al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que evalúe de manera conjunta los impactos acumulativos de los cuatro subproyectos que prevén la explotación y el almacenamiento de gas en el entorno de Doñana, además de sugerir que se revisen las declaraciones de impacto ambiental formuladas. De esta manera, se pretende valorar las distintas alternativas al almacenamiento de gas y garantizar que Doñana y su entorno no se vea negativamente afectado por la inyección y almacenamiento de gas. Este organismo se ha dirigido también al Ministerio de Energía para que suspenda la ejecución de los trabajos del proyecto Marismas Occidental hasta que no se complete la evaluación ambiental conjunta de los cuatro subproyectos.
La emisión de los informes emitidos por estos organismos se produce después de analizar la información remitida por el Instituto Geológico y Minero de España en la que se advertía de la insuficiencia de la evaluación ambiental de los mismos por separado. También generaba dudas sobre la idoneidad del emplazamiento de los almacenamientos de gas proyectados, además de considerar que las evaluaciones individuales de los mismos no permiten valorar adecuadamente el riesgo sísmico y su impacto en el acuífero. De esta manera, el defensor ha solicitado al Ministerio de Energía que aclare el estado de tramitación de las autorizaciones de los proyectos Saladillo y Aznalcázar, así como la situación en la que se encuentra el proyecto Marismas Oriental, tras denegar su permiso la Junta.
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ya está dando pasos para emprender acciones legales con que paralizar en el ámbito de sus competencias el proyecto del gas en el entorno de Doñana. De hecho, ha presentado un requerimiento al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente como paso previo a un futuro recurso contencioso administrativo. Esta decisión se ha adoptado tras ser desoída la exigencia de la Junta de que el Gobierno central modifique las condiciones de las declaraciones de impacto ambiental que amparan los cuatro subproyectos en que se ha dividido el proyecto de almacenamiento de gas en Doñana y de que se instase al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a que llevara a cabo la paralización del denominado Marismas Occidental y una evaluación conjunta de dichos proyectos.
Este proyecto “presenta muchos inconvenientes y perjuicios potenciales para Doñana y su entorno, una situación que el Gobierno andaluz quiere enmendar siempre dentro de los márgenes del Estado de derecho y con el máximo respeto a las resoluciones judiciales, pero que el Gobierno central del PP no quiere ver, dada su postura de brazos caídos”, ha dicho Caraballo.
Tras tener conocimiento de que el Instituto Geológico y Minero de España ha advertido en un informe interno de que Gas Natural “rebajó la peligrosidad por inundaciones al acuífero en su estudio de riesgos obligatorio para la autorización de puesta en servicio y se avisa de que la nueva normativa que limita los usos en el dominio hidráulico puede afectar al proyecto, hemos solicitado oficialmente, desde la Junta, a través de nuestro consejero, la remisión de dicho informe. Que no se demore más. Celeridad es lo que necesita este asunto”, ha concluido.
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