«El actual gobierno de la Junta de Andalucía se ha empeñado, de la mano de Javier Imbroda, en completar un proceso de privatización de la educación pública que ya empezó el gobierno de Susana Díaz«.
José Antonio Jiménez, docente jubilado y coportavoz de la coalición electoral Andaluces Levantaos, formada por Andalucía por Sí (AxSí), Más País Andalucía e Iniciativa del Pueblo Andaluz (IdPA), escribe en su colaboración para EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com sobre la educación pública: “El más emblemático de los “no cambios” es el de la privatización a rajatabla. La gestión de la educación andaluza se está caracterizando por el mantenimiento y la mejora de las prestaciones de la educación concertada a costa de la precarización de la educación pública”.
Lunes, 7 de marzo de 2022. Tradicionalmente cuando llega el mes de marzo (el “otro” en el recuento de meses de alguna gente del campo) las familias que tienen por delante la tarea de conseguir una plaza en un centro educativo se preocupan por conseguir la mejor opción para sus hijas e hijos. Un asunto que debería ser bastante rutinario, si no fuera porque el actual gobierno de la Junta de Andalucía se ha empeñado, de la mano de Javier Imbroda, en completar un proceso de privatización de la educación pública que ya empezó el gobierno de Susana Díaz.
Es la herencia que quiere dejar, profundizar en la mala gestión de la educación andaluza que venían haciendo los distintos gobiernos del PSOE susanista. Cuando llegaron al poder ya lo advirtieron, este es el gobierno del cambio. Dicho y hecho, cambiaron las personas que estaban por otras del mismo estilo y capacidad igual o peor. Hay varios ejemplos, desde el famoso D.G. que quiso remodelar su despacho al gusto de su pareja, hasta la viceconsejera de Educación que dejó su cargo para hacerse cargo de la Delegación Territorial de Educación de Sevilla y fue cesada fulminantemente en poco tiempo para que, a su vez, su sustituto tuviera que dejar el cargo por una presunta estafa. Cambios por doquier, pero puramente anecdóticos y ejemplares del concepto de la gestión política que tenía y tiene el mencionado melillense que presume de boquerón. En estas cuestiones no hubo cambios, sino profundización en el camino ya señalado hasta extremos imposibles de prever.
El más emblemático de los “no cambios” es el de la privatización a rajatabla. La gestión de la educación andaluza se está caracterizando por el mantenimiento y la mejora de las prestaciones de la educación concertada a costa de la precarización de la educación pública. Ya sé que algunos de los posibles lectores de este artículo pensarán que tengo un conflicto de conceptos. La educación concertada es también educación pública dirán, pero voy a tratar de demostrar que es una verdad a medias, que es la peor de las mentiras.
Permítanme que haga un poco de historia. La educación concertada como tal surge de la mano del primer gobierno del PSOE como consecuencia de una evidente falta de recursos públicos para atender al objetivo de educación obligatoria, primero a los 14 años y, al poco tiempo, a los 16. Fue una decisión controvertida, porque era un riesgo evidente de lo que decimos ahora, externalización de la educación, en roman paladino, privatización a secas.
Surgieron centros privados que buscaban las subvenciones estatales como fórmula de compensación de la escasez de centros educativos públicos. Algunos de esos centros privados fueron cooperativas de profesorado, pero la mayoría surgieron de las distintas congregaciones religiosas que ya tenían centros privados y que de esta manera se multiplicaron como el milagro de los panes y los peces. Eran momentos de expansión y de alta natalidad que provocaron que en el estado se consolidara progresivamente una oferta del 25% de centros privados concertados. Esta es nuestra realidad actual, aunque en Andalucía, la tasa de escolarización en centros privados concertados es del 19%, lo que viene ocurriendo en los dos últimos cursos es que se están cerrando aulas públicas y se mantienen aulas concertadas.
Todo ello se dice, por parte de la Consejería de Educación, que es consecuencia de una bajada de la natalidad. Pero se queda a medio camino, eso ya lo sabíamos. La consecuencia no puede ser que ahora, que vienen momentos donde la necesidad de plazas escolares puede ser cubierta por los centros públicos, sean estos los que cierran y se mantengan los privados concertados.
- “Si se mantienen las actuales proyecciones del INE (Instituto Nacional de Estadística), España tendrá 800.000 niños menos de aquí a 2030 y habría que cerrar más de 30.000 aulas en estos años. Existe, pues, una oportunidad si las fuerzas políticas lo consideran, de, ante el retroceso del alumnado, reducir las partidas de ayuda a las concertadas y consolidar las públicas, aunque existirían otras opciones, como mantener el presupuesto y ofrecer mejor calidad de enseñanza al poder dar clase el profesor a menos alumnos por clase.” [1]
Por eso decía antes que lo que está ocurriendo es una decisión de carácter ideológico frente a las necesidades reales de la población. El pensamiento conservador y neoliberal lo tiene claro, quiere eliminar lo público, porque es un espacio de negocio. Se utilizan para ello argumentos tan falaces como el de la libertad de educación, hay que ofrecer más educación concertada para que las familias elijan cómo quieren que se eduquen sus hijos e hijas. ¿No habíamos acordado anteriormente que la educación concertada es educación pública? ¿Por qué hay que ofrecer una supuesta educación pública (privada concertada) en centros que segregan por cuestiones religiosas y/o económicas?
La garantía de la educación en libertad está en manos de la educación de titularidad pública, entendiendo ésta de una manera más amplia que hace unos años. Hoy es compatible en estos términos, centros de titularidad estatal, autonómica o local con centros de economía social donde no se produzca ninguna discriminación como está ocurriendo con la educación privada concertada que de manera sutil e incluso saltandose todos los mecanismos de control impone pagos a las familias para mantener a sus hijos e hijas en esos centros [2].
El 89% de los centros concertados españoles cobran cuotas según un estudio de la CEAPA y de CICAE (Asociación de Colegios Privados e Independientes) entre 80€ y 202€ mensuales. En Andalucía esas cuotas oscilan entre 80€ y 100€.
Más allá de estas cuestiones los mejores ejemplos de la privatización los viene ofreciendo el propio Imbroda, se dio trazas de quitarse de la propiedad de una empresa dedicada a la educación para ver en el corto espacio de tres años que su exempresa se ha expansionado hasta el nivel de ser objeto de compra de un fondo de inversión y de conseguir que una de las dos universidades privadas autorizadas inicialmente por la Junta de Andalucía, también pertenezca a la misma empresa. De esta manera se muestra cómo es posible pasar de tener centros de Educación a empresas educativas de inversión rentable.
Por eso y porque creo que la educación es un servicio público para toda la población, yo apuesto por lo público desde siempre y con más ahínco, si se puede, en estos momentos. En marzo, yo elijo educación pública.
[1] https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/puede-espana-prescindir-educacion-concertada
[2] https://www.europapress.es/sociedad/noticia-87-colegios-concertados-cobran-cuotas-familias-ceapa-cicae-20211006140046.html
José Antonio Jiménez es docente jubilado y coportavoz de la coalición electoral Andaluces Levantaos, formada por Andalucía por Sí (AxSí), Más País Andalucía e Iniciativa del Pueblo Andaluz (IdPA).
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