Operación fruta: la Guardia Civil desarticula otra organización dedicada a la explotación de trabajadores en régimen de esclavitud en fincas agrícolas andaluzas

Han sido detenidas 5 personas y se han realizado 3 registros en domicilios y uno en una oficina gestora.

Las víctimas, entre las que se encuentran varias mujeres, en diversas situaciones de vulnerabilidad, eran principalmente ciudadanos moldavos, rumanos, ucranianos, magrebíes y subsaharianos.

La organización obtenía hasta 30.000 euros mensuales con la explotación de estas personas.

La Guardia Civil, en el marco de la operación “Fruta”, desarrollada en Sevilla ha desmantelado una organización criminal asentada en la Vega del Guadalquivir dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, favorecimiento de la inmigración irregular,  falsedad documental y blanqueo de capitales.
La investigación se inició a principios del presente año, tras tener conocimiento la Guardia Civil del posible asentamiento de organizaciones criminales dedicadas a la explotación laboral en el campo, por la zona de la comarca de la Vega del Guadalquivir.
Tras las primeras gestiones, los investigadores pudieron detectar en la localidad de Brenes la actividad de una organización dirigida por un ciudadano de nacionalidad rumana que captaba a inmigrantes en sus países de origen para trasladar e introducir en territorio nacional a personas a los que se les aseguraba un trabajo en explotaciones agrícolas.
Una vez en nuestro país, las víctimas entregaban su documentación y eran alojadas en domicilios en condiciones infrahumanas donde eran sometidos a un estricto control.
Igualmente, estas personas eran forzadas a trabajar largas jornadas, por las que no cobraban o cobraban míseros sueldos que apenas servían para cubrir la propia manutención. Además, la organización obtenía importantes beneficios gracias a las rentas que se veían obligadas a pagar dichas personas por su alojamiento en pisos de la organización.
En los casos en los que los inmigrantes trataban de escapar de esta situación, el líder de la organización se negaba a devolverles la documentación, llegando a amenazarles para que no acudiesen a las autoridades a denunciar su situación.
Asimismo, la organización empleaba las identidades que obtenía de las víctimas para crear sociedades sin conocimiento de ellas, a través de las que canalizaban los beneficios obtenidos, que ascendían hasta 30.000 euros al mes. Además, contaban con una asesoría local que les facilitaba los trámites, falsificando la documentación con la que justificaban los movimientos de dinero desde las cuentas bancarias.
Cabe destacar, que la red tenía carácter internacional ya que contaba  con abundante infraestructura en terceros países, en los que invertiría gran parte de las ganancias.
La operación ha sido llevada a cabo por el Grupo de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, que ha contado con el apoyo de Unidades Centrales del Servicio de Información, otras Unidades de la Comandancia de Sevilla y de la Comandancia de Córdoba.
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