🗞️ La Unidad Integral de Valoración de Violencia de Género hizo interpretaciones contrapuestas ante puntuaciones iguales obtenidas por denunciante y denunciado.
🗞️ Las evaluadoras de la UVIVG evitaron referirse en su informe a la unión entre la denunciante y el denunciado como «relación sentimental», y desarrollaron el concepto «relación instrumental», que quedaría fuera de las consideraciones de la Ley de Violencia de Género.
🗞️ El Juzgado admite a trámite el Recurso de Apelación de la denunciante y el caso pasa a la Audiencia Provincial.
🗞️ La Mesa del Parlamento rechaza tramitar una pregunta de la diputada María Gracia sobre las irregularidades en la UVIVG denunciadas por la denunciante de Caraballo en una entrevista publicada por La Mar de Onuba.
Jueves, 25 de noviembre de 2021. La Jueza de Violencia sobre la Mujer de Huelva Raquel Iniesta ha admitido a trámite el Recurso Subsidiario de Apelación contra su propio Auto de Sobreseimiento Provisional de las Diligencias abiertas a instancias de Victoria, nombre ficticio para preservar la identidad de I.B.A., ex dirigente socialista de 53 años y ex trabajadora de la Diputación de Huelva, quien denunció al ex líder de los socialistas onubenses, Ignacio Caraballo, por violencia de género. Iniesta, que en el mismo Auto desestima el Recurso de Reforma contra su orden de archivo provisional, cede así el testigo de la Instrucción a la Audiencia Provincial de Huelva, que deberá decidir sobre la continuidad de la misma. La Fiscalía se ha adherido al Recurso de Apelación, según han informado a esta revista fuentes cercanas al caso.
Como adelantaba La Mar de Onuba el pasado 29 de julio, la jueza Iniesta decretó el sobreseimiento provisional de las Diligencias abiertas ocho meses antes por su antecesor en el cargo, quien había ordenado investigar si los hechos denunciados por Victoria ante la Policía Nacional el 22 de octubre de 2020 son constitutivos de delitos de «amenazas, violencia sexual, violación, y acoso sexual y laboral». Iniesta decidió el archivo provisional basándose -principalmente- en un informe elaborado por la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG), dependiente del Instituto de Medina Legal y Ciencias Forenses de Huelva (Junta de Andalucía).
Una evaluación que ha sido impugnada por la denunciante con un Análisis Crítico Pericial que destaca la «falta de rigor en múltiples aspectos» y «errores» en las valoraciones de las puntuaciones obtenidas tanto por la denunciante como por el denunciado, según asevera con rotundidad el psicólogo Antonio Luis Maldonado (Alborán Psicología, Granada), autor del análisis crítico sobre el informe de la UVIVG. «Encuentro errores metodológicos importantes y los pongo de manifiesto en mi informe», explicaba ayer el experto en casos judiciales de violencia machista durante una conversación mantenida con esta revista.
«Lo primero que llama la atención es que las evaluadoras [de la UVIG] evitan a todo momento describir la relación mantenida entre Victoria y el denunciado como una relación sentimental, y se refieren en todo momento a la misma como relación instrumental«, destaca el psicólogo pericial, Maldonado asegura haber examinado «toda la literatura psicológica y sociológica» para realizar su análisis y que no ha logrado hallar menciones a «relaciones instrumentales» como un concepto evaluable . Para el psicólogo pericial, versado en este tipo de casos, dar valor judicial a esta «curiosa» valoración, aparentemente inédita, situaría los presuntos delitos denunciados fuera del ámbito de la Ley de Violencia de Género, lo que podría explicar que la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer haya declinado continuar la instrucción y admitir, sin embargo, el recurso de apelación que transfiere el caso a la Audiencia Provincial. «Hay que entender que no es lo mismo un delito de insultos dentro o fuera de una relación para la Ley de Violencia de Género», apunta el perito psicólogo a modo de ejemplo ilustrativo.
Misma puntuación, interpretaciones opuestas
Asimismo, Antonio Maldonado muestra su asombro por algunas valoraciones realizadas por las evaluadoras de la UVIVG ante las puntuaciones obtenidas tanto por la denunciante Victoria como por el denunciado Caraballo. A este respecto, el psicólogo forense destaca que ambos obtuvieron la misma puntuación (67) en el parámetro denominado «impresión positiva», que viene a valorar la percepción que la personas evaluadas tienen de sí mismas. En el caso de Victoria la evaluadoras escribían en su informe que 67 es una puntuación «muy alta» y «muy poco frecuente», que haría que la validez del perfil sea discutible. «Eso es mentira, la impresión positiva no invalida el perfil», asevera, tajante, Maldonado. Pero es que además, atendiendo a esa falsa premisa, el informe recomienda «extremar las precauciones en las interpretaciones del resto de las escalas». La UVIVG concluyó que el testimonio de Victoria no era creíble, lo que habría resultado determinante para el sobreseimiento de las Diligencias ordenado por la jueza Iniesta. «El error», sostiene Antonio Maldonado, «es que han aplicado a Victoria una interpretación que corresponde a una puntación muy superior a 67».
Una valoración que deviene controversia cuando el informe sostiene que el denunciado Caraballo obtuvo exactamente la misma puntuación, y, sin embargo, las evaluadoras se limitaron a anotar en su caso que «el individuo pretende mostrarse relativamente libre de los defectos normales que la mayoría de la gente está dispuesta a admitir. Este tipo de respuesta puede ser explícito e implicar procesos implícitos e inconscientes de defensa y posible negación de defectos comunes«. En ningún momento las evaluadoras cuestionan el testimonio de Caraballo, a pesar de haber obtenido la misma puntuación de 67 en «impresión positiva».
Maldonado tampoco entiende, y así lo hace costar en el análisis crítico aportado a la causa, que las profesionales de la UVIVG hayan ignorado en la evaluación del denunciado sus propias anotaciones durante las entrevistas. Entre ellas puede leerse que «evita el contacto ocular«, «no da detalles en muchas de las preguntas realizadas en el área sexual, de pareja, laboral, de partido..», «contesta con generalizaciones», o que en muchas ocasiones manifiesta «no sé», «no me acuerdo»‘ o «eso está en el Juzgado». Ante esta evasivas, la evaluadoras sostienen que «no da detalles que permitan evaluar la relación sexual, laboral o emocional«. Para el autor del informe del análisis crítico pericial, «aunque las evaluadoras no fueran expertas en valoración de veracidad de testimonios, deben conocer los indicadores conductuales y verbales del engaño, y valorarlos cuando los detecten. En este caso, estos indicadores están explícitamente recogidos durante la evaluación y, sin embargo, luego son ignorados y se otorga veracidad al testimonio del denunciado».
Por último, Maldonado considera que «el informe de la UVIVG no ha cubierto los objetivos mínimos que se podían esperar», y asegura que echa en falta una «evaluación detallada de los posibles trastornos que pueda padecer la denunciante. Llegar a un conocimiento mucho más exhaustivo de los hechos que ha vivido, y encontrar si hay una relación funcional o causal entre esos sucesos y la aparición de síntomas». El psicólogo también asevera que hay otros parámetros que no han sido evaluados correctamente; que no se han tenido en cuenta las «valoraciones clínicas» que se revelan de las puntuaciones dadas a la denunciante en cada una de las escalas y subescalas de valoración. Entre ellas, las que sugieren la «experiencia de un suceso traumático y perturbador que continúa siendo fuente de malestar y produciendo episodios recurrentes de ansiedad en Victoria».
Para el autor del Análisis Crítico Pericial que impugna las valoraciones de la UVIVG de Huelva y que deberá valorar la Audiencia Provincial de Huelva, «las evaluadoras no han hecho una interpretación correcta de los resultados obtenidos, aplicando puntuaciones erróneas sobre las que luego se elaboraron conclusiones erróneas». Maldonado concluye que, por las características del caso, «resulta necesario un estudio mucho más riguroso de veracidad de los testimonios de ambos, para, al menos en términos de probabilidad, poder pronunciarse sobre los mismos y evitar interpretaciones de profano».
Una valoración plagada de anomalías
En una entrevista publicada en La Mar de Onuba el pasado 10 de octubre, Victoria también denunciaba irregularidades en el informe elaborado por la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género de Huelva. Algunas de ellas acreditadas mediante grabaciones -que ella misma realizó durante el proceso de evaluación- que resultan mucho más significativas tras conocer las líneas argumentales del Análisis Crítico Pericial aportado a la causa judicial.
Por ejemplo, que en el informe de valoración se hiciera constar que Victoria había requerido el máximo de 45 minutos para responder el conocido como test PAI (Inventario de Evaluación de la Personalidad en sus siglas en ingles), y se sostuviera que agotar el máximo de tiempo es «inusual», apoyándose en esa aseveración también para cuestionar el testimonio de la denunciante y emitir una valoración negativa. Las grabaciones de las entrevistas demuestran que, en realidad, Victoria accedió a la sala, realizó el test y abandonó el espacio en algo más de 32 minutos, y no en 45 como afirma el informe. Era solo un ejemplo, pero, sin duda, ya era indiciario de irregularidades en el proceso de valoración de la UVIVG de Huelva.
Las grabaciones también recogen momentos como en el que Victoria estaba realizando un detallado relato de un episodio de las amenazas que denuncia haber sufrido, y una de las evaluadoras de la UVIVG le interrumpe para que espetarle “¡es que [Caraballo] está muy cabreado!”, o, en otro, que el ex líder socialista “está muy dolido” por la situación generada a causa de la denuncia. «Es algo que te deja aturdida ¿Acaso tengo yo que hacerme cargo del estado anímico de la persona a la que estoy denunciando?”, comentaba entonces indignada Victoria, quien aseguraba a esta revista haber sentido que se habían invertido los roles y que había perdido la condición de víctima en la valoración de la que estaba siendo objeto.
Tras conocerse la denuncia de irregularidades en los procesos de valoración de Victoria e Ignacio Caraballo llevados a cabo por la UVIVG a través de la entrevista concedida por Victoria el pasado 10 de octubre a La Mar de Onuba, la diputada de Adelante Andalucía María Gracia, registró el 20 de ese mismo mes en el Parlamento Andaluz una "pregunta con ruego de contestación escrita" dirigida al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, "ante la gravedad de los hechos contenidos en las informaciones periodísticas así como a la alarma social y la sensación de desprotección que estas puedan provocar en todas la mujeres víctimas de Violencia de Género".
Em concreto, María Gracia preguntaba al ejecutivo de Moreno Bonilla si se había iniciado "algún tipo de averiguación sobre las informaciones publicadas" por La Mar de Onuba. Asimismo, la parlamentaria por Huelva preguntaba si la Consejería "puede garantizar que se siguen estrictamente los protocolos de actuación en las unidades UVIVG dependientes de la Junta de Andalucía".
La Mesa del Parlamento Andaluz decidió una semana después inadmitir a trámite la pregunta al considerar que no existe una "relación directa" entre la acción de gobierno y el objeto de la pregunta. Las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG) dependen del Instituto de Medina Legal y Ciencias Forenses de la Junta de Andalucía.
La Consejería rechaza dar explicaciones
De igual forma, la Consejería de Justicia y Regeneración, Turismo y Administración Local de la Junta de Andalucía, de la que depende las unidades UVIVG, rechazó entrar a valorar los hechos denunciados por Victoria y publicados por esta revista. En un breve comunicado remitido a esta redacción, la Consejería sostenía que "los informes de la Uvivg están hechos por funcionarios, si se han dado esas irregularidades esta persona debería denunciar los hechos que os explica a vosotros o interponer alguna queja".
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