Según publica La Mar de Onuba, hasta 23 Colectivos claman por la clausura del vertedero de Nerva, como permanente foco de peligro contra la salud pública mediante reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea.
Vienen a ser como la mala hierba, aparecen de todo tipo y crecen en los lugares más insospechados contribuyendo a denigrar todo tipo de paisaje y salubridad.
El autor, viene siguiendo con suma atención, lo que ocurre en la querida Andalucía además de hechos tan llamativos como los que una vez más, España se ha visto condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el tema de Residuos, ya que sí no se domina de raíz vamos caminos de convertirnos en una extensión del Sur de Italia.
Además, podemos presumir, según la propia EU, de ser el Estado Miembro más sancionado por infracciones, durante los últimos años.
Igualmente, seguimos con regularidad las evoluciones de nuestros ya clásicos problemas Medio Ambientales y sus estancamientos en las Direcciones Generales pertinentes, lugar, donde los “muros del silencio, junto a la tolerancia de Bruselas”, son altos y escarpados.
Tengo entendido, que se elabora un Proyecto de Ley, extremo en sanciones, destinado a estos desalmados que juegan con la salud pública, pero tampoco creo que sirva de freno, ya que realmente influye es la condición humana.
No deja de tener interés para los lectores de media España, y en especial para los de la Comunidad Andaluza, este otro tema adicional como el presente, proveniente de parecidas circunstancias, casi hermanadas, respecto a la Sentencia condenatoria del T.J.U.E. a España, de fecha 15.3.2017, y en la cual, casualmente se encuentra manifestados como finalizados distintos sellados de Vertederos en España, hasta 61, pero según la mencionada Sentencia, se encontraban inconclusos en relación con la clásica inacción española, reiterada nuevamente el 8.6.2018, existiendo hasta la fecha un sepulcral silencio sobre su ejecución final.
La excepción la supuso la Comunidad Canaria, la cual no pudo soportar la presión, confesando su situación real de incapacidad.
Comprobado quedó, la totalidad de vertederos afectados y abandonados (61), en otras regiones españolas, cuando la Comisión Europea comenzó a expresar su desaprobación en 2005.
Desde entonces España ha venido incumpliendo más que lo contrario, pues se daba el hecho curioso de que determinadas CC.AA anunciaban “a bombo y platillo”, finalizados los sellados de los vertederos correspondientes, surgiendo a continuación la opinión contraria, más bien realidad, por parte de la Comisión Europea. Dicho coloquialmente, “les devolvemos el toro al corral”. Así hasta 61…
Afortunadamente, en dicha Sentencia condenatoria no aparece la Comunidad Extremeña.
Más recientemente, (8.11.18), aparece en documentación C.E. la existencia de 1.513 Vertederos, igualmente ilegales. Prosigue el silencio…pareciendo probable que alguno más nos toque en suerte, ¿y por qué no en tierra de descubridores?, dicha cantidad da para mucho.
En lo que a corto/medio plazo pueda afectar, su número es altamente preocupante, pues estas situaciones suelen resultar “sumamente contagiosas en un orden “in crescendo”.
Dichas situaciones suelen tener “tres paternidades responsables”: Estatal; Autonómico y Local, que suelen tirarse piedras los unos a los otros y los contribuyentes en medio.
Prácticamente, no existe una “receta magistral” para eliminar este tipo de vertederos, salvo el referente a la cultura urbana y sus denuncias, como ejemplo, valga el caso contemplado.
Cámaras de Vigilancia (si existen lugares para su instalación), “drones”, y sobre todo, más atención por parte de las autoridades, aunque repito, problema de difícil solución.
La creación de vertederos específicos en terrenos municipales y su posterior sellado, podría aceptarse de forma provisional, pero no es la solución.
Las Plantas de Valoración, son las soluciones más idóneas, pero tienen un gran enemigo, el ya mencionado de la cultura urbana, poco acostumbrada a ser disciplinada con sus congéneres.
Mientras tanto, continúan de forma impenitente la desinformación en las Administraciones Públicas.
Jesús Antonio Rodríguez es Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Certificado-Diploma de Estudios Avanzados. (Fundamentos de Derecho de la U.E. y problemas actuales en el ámbito del Derecho Público). Licenciado en Ciencias Políticas. Colaborador ocasional del “Boletín Económico de Andalucía” editado por la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía.
Sea el primero en desahogarse, comentando