Devoluciones en caliente, la vergüenza de España

Devoluciones en caliente, la vergüenza de España

Save the Children sostiene que todas las políticas públicas y migratorias deben tener un enfoque específico de infancia, por lo que hay que detener las devoluciones en caliente.

por Laura Ramos

Tras el reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre las denominadas «devoluciones en caliente», Save the Children recuerda el impacto vital de dicha práctica sobre la infancia y la adolescencia que busca protección en nuestro país y en Europa. Recientemente, la organización ha publicado un informe en el que denuncia el creciente uso de las devoluciones de niños y niñas en algunos de los países en los que opera, como los Balcanes, Italia y España.

La práctica de las ‘devoluciones en caliente’ comenzó en 2005. Consiste en el rechazo en frontera y la devolución inmediata a Marruecos, sin ningún trámite adicional, de los inmigrantes subsaharianos que intentan entrar de forma irregular en territorio español. Para legalizar esta práctica, en 2015 se añadió a la Ley Orgánica de Derechos y Libertades de los Extranjeros la disposición adicional 10ª, en virtud de la cual, “los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”.

Dicho rechazo debería realizarse de conformidad con el Derecho Internacional de los derechos humanos. Los inmigrantes podrán formular sus solicitudes de protección internacional (asilo o refugio) en los puestos fronterizos o en el resto de los lugares habilitados al efecto, principalmente las Oficinas de Extranjeros, las Comisarías Provinciales de Policía o las representaciones diplomáticas y consulares en el extranjero.

El Gobierno adoptó un “concepto operativo de frontera”, a los solos efectos de extranjería, según el cual la frontera vendría constituida por la línea formada por agentes de la Guardia Civil en las aguas interiores o por la valla interior en las ciudades de Ceuta y Melilla en las zonas de doble valla.

Devoluciones en caliente sin garantías a menores

Save the Children manifiesta su preocupación ante esta política y exige que los rechazos en frontera no se realicen ante el riesgo de expulsar sin garantías a niños, niñas y adolescentes migrantes cuya edad es imposible determinar sin un adecuado sistema de identificación. La organización insiste en que esta práctica no vela por el interés superior del menor y pide al Gobierno que adopte un mecanismo de cribado inmediato tras la entrada al territorio para identificar perfiles susceptibles de protección, como los niños y las niñas, las personas solicitantes de asilo y las víctimas de trata.

Save the Children sostiene que todas las políticas públicas y migratorias deben tener un enfoque específico de infancia y que la actual normativa no responde a las necesidades específicas de los menores migrantes y refugiados. «A los obstáculos que se encuentran durante el viaje se suman los impuestos por Europa, que prioriza la seguridad de las fronteras sin tener en cuenta que son niños y niñas que necesitan de una protección específica y adecuada que tenga en cuenta su realidad», asegura Catalina Perazzo, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children.

Save the Children señala que España debería aprovechar la posibilidad de proporcionar un mayor nivel de protección respecto al marcado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con el fin de evitar que una persona migrante o refugiada sea expulsada de manera automática sin que se conozcan sus circunstancias personales o las razones por las que ha entrado en el país.

Devoluciones en caliente, la vergüenza de España
Devoluciones en caliente, la vergüenza de España

Devoluciones en caliente, un fracaso para nuestro país

«Los saltos a la valla de Ceuta o Melilla son reflejo del fracaso de España y de la Unión Europea en la gestión responsable y sostenible de las migraciones», añade Perazzo. «Creemos que otra solución pasa por adoptar procedimientos trasfronterizos de valoración entre España y Marruecos para que los perfiles más vulnerables no tengan que jugarse la vida para solicitar protección y, en particular, para las familias con niños o niñas, las mujeres solas con hijos o hijas a cargo y la infancia que viaja sola», apunta.

Save the Children cree que es necesario y posible gestionar las migraciones de manera responsable y sostenible, con un enfoque integral que garantice el respeto a los derechos humanos, el cumplimiento de las obligaciones y que aproveche las oportunidades de la movilidad para los países de origen y de destino.

Por último, la organización pide contar con un adecuado sistema de visados que permita la planificación de las entradas al territorio, viajes seguros para las personas migrantes, planes de integración social y laboral que permitan aprovechar las sinergias con los recursos existentes para asegurar su eficiencia y acceso indiscriminado a los servicios para la población migrante, con sistemas de protección para los perfiles en situación más vulnerable que permitan su recuperación y estimulen su resiliencia.

Condena rotunda de la ONU

En febrero de 2019 esta política fue rotundamente condenada por el Comité de los Derechos del Niño (CDN) de la ONU. El Dictamen del Comité sienta un precedente que tendría que garantizar los derechos de los menores no acompañados en las fronteras de Europa. Es el primer Dictamen de la ONU sobre las devoluciones en caliente de menores de edad. Según el Dictamen el Estado español deberá revisar la legislación que autoriza este tipo de devoluciones.

El Comité de la ONU concluyó que la ley y la práctica española vulneran los derechos contenidos en los artículos 3, 20 y 37 de la Convención de los Derechos del Niño.

Esta decisión debería tener una importancia fundamental para la protección de los menores no acompañados, no sólo en la frontera hispano-marroquí, sino en las fronteras terrestres en general.


Fuente: Save the Children / ONU / ECCHR / The Conversation

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