Según los datos del análisis realizado para el informe anual del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en donde se evalúa tanto el ordenamiento jurídico sobre los derechos de las personas con discapacidad y la violación de los mismos, así como el texto asumido por España en 2008 acerca de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, España suspende una vez más.
La accesibilidad universal, la educación inclusiva, la protección contra la violencia, la explotación y el abuso de las personas con discapacidad son las áreas en donde existe más denuncias y por tanto, un mayor incumplimiento por parte del Estado. Los casos de violencia y los delitos de odio contra las personas con discapacidad registrados en el año pasado no solo aumentan sino que van in crescendo.
Por otro lado, las obligaciones general de nivel de vida, protección social y salud también acusan un cierto desamparo por parte de las autoridades que alega que España avanza en materia de discapacidad pero lentamente y con un tibio compromiso, según Jesús Martín, delegado de Derechos Humanos para la Convención del CERMI.
La accesibilidad universal, recogida en el artículo 9 de la Convención, es un buen ejemplo del camino que falta por recorrer en cuestión de cumplimiento de la legalidad vigente. Este área recoge el 10% de las denuncias registradas por el CERMI y más allá de lo que dice el texto de la ONU, España desarrolló su propia ley que establecía que el 4 de diciembre de 2017 expiraba el límite temporal para alcanzar la accesibilidad universal de todos los productos, servicios y entornos. Esta no se ha cumplido y lo que es peor, no se tiene constancia de la misma.
El permanente fracaso de las políticas públicas ha hecho que este país siga siendo un lugar en donde existen barreras y una inaccesibilidad manifiesta tanto en calles, parques, lugares, hoteles, bares, gasolineras desatendidas, infraestructuras ferroviarias impracticables, aeropuertos poco accesibles, invasión anárquica de aceras, elementos como patinetes, bicicletas y otros elementos en la vía pública, accesos sin rampas, y así un largo etcétera en donde no solo no existe accesibilidad sino tampoco concienciación social, educación y solidaridad.
La ONU ha suspendido a España y ha determinado que velará por el cumplimiento del artículo 24 de la Convención determinado en 2018 tras el análisis del modelo español que viola el texto legal y no asegura ni su legislación, ni sus políticas ni sus prácticas educativas en torno a la inclusión y otros aspectos del alumnado con discapacidad que pueda matricularse en centros ordinarios.
En el mismo sentido, el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia condenando al gobierno de La Rioja por no escolarizar a un niño y otras tantas denuncias en el área de la educación especial.
Palizas, agresiones, insultos, discriminación, abusos sexuales, vejaciones son casos que se han dado, en concreto 22, por parte de la sociedad que discrimina y viola los derechos de las personas con discapacidad. Por ello, el CERMI aconseja a los afectados seguir denunciando todo lo que suponga una discriminación en cualquier sentido para que quede constancia que los derechos se están vulnerando y de igual forma, la integridad física o la libertad sexual.
En materia de trabajo, la discriminación sistémica contras las mujeres en relación al acceso y derecho al trabajo digno. La representación de las mujeres con discapacidad en el mercado de trabajo es alarmantemente baja y existe de igual forma una importante brecha salarial.
En cuanto a los pocos avances que constan en este año figura la eliminación de la Constitución del término disminuido y discapacitado por el de persona con discapacidad para hacer referencia a su condición así como el derecho a voto de 100.000 personas en los pasados comicios. El logro de la X solidaria del pasado año reflejo que las empresas pueden dedicar el 0.7 % del impuesto de sociedades a financiar programas sociales sin coste alguno que está, aún, pendiente de desarrollo reglamentario pero sin duda, será un gran avance.
España no es accesible, no es inclusiva, no respeta a las personas con discapacidad.
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