España: suspenso en protección de alertadores
El ex juez participó este miércoles en el Parlamento Europeo en un nuevo debate sobre la protección de alertadores, un problema multidimensional en la realidad europea y la de todos sus estados miembros.
«Un alertador puede sufrir amenazas respecto a la estabilidad de su trabajo, acoses y abusos en su vida profesional y personal, incluso pueden ser amenazados sus propios hijos; te destruye», expuso Baltasar Garzón en su intervención en el Parlamento Europeo ayer, dejando clara, una vez más, la necesidad de legislar en la protección de alertadores de corrupción. El evento da cierre a su vez al proyecto A Change of Direction, que fue coordinado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), y busca la implementación y mejora de medidas legales y normativas para la protección de alertadores, entre otros.
La MPE Elly Schline (S&O), Quien ha hecho hincapié en la importancia de una regulación a nivel comunitario, ha sido anfitriona de un evento que convocó a diferentes organizaciones y expertos internacionales para reflexionar sobre una realidad que sigue siendo desconocida para muchos.
La definición de lo que es o no un alertador es una tarea que hace la diferencia cuando se refiere a legislar sobre los alertadores, pero también refiere a una pregunta filosófica-política que se encuentra en constante cambio y evolución. Bruno Galizzi. miembro de FIBGAR, presenta la complejidad del problema: No se trata sólo de la existencia de legislación o no, sino del funcionamiento práctico de la misma, del establecimiento de derechos y obligaciones tanto para los alertadores como para las instituciones involucradas».
El proyecto, llevado a cabo durante los últimos dos años, trabajó también sobre las percepciones sociales y culturales de los alertadores, para combatir una idea negativa. Federico Anghelé, miembro de Riparte iI Futuro-organización italiana de lucha contra la corrupción-, deja en claro que muchos son los alertadores que terminan siendo acusados de «chivatos», por haber atentado la confianza de una empresa u organización.
Según un estudio publicado recientemente por Blueprint for free Speech, una organización experta en derechos de libertad de expresión y protección de alertadores, Europa todavía está muy por debajo de lo esperado al comparar la situación legislativa de sus 28 estados miembros con una selección de estándares internacionales. Incluso los países que cuentan con mayores niveles de protección no presentan condiciones contundentes. «Es como si las calificaciones de sus hijos para entrar en la Universidad sean C, O; pero lejos de una A o incluso una e», ejemplifica Suelette Dreyfus en su exposición.
España: suspenso en protección de alertadores
En ese mismo estudio. España se encuentra entre los siete países miembro con un puntaje de 0, lo que significa que incumple con la totalidad de los estándares internacionales seleccionados.
Actualmente se espera en el Congreso de Diputados por una sesión que discuta la adopción de las enmiendas presentadas al proyecto de ley de Lucha Integral Contra la Corrupción y protección de Denunciantes. Según los estándares y las recomendaciones establecidos por A Change of Direction, el proyecto de ley no alcanza a dar una respuesta contundente en lo que refiere a la protección de alertadores.
¿Qué se espera de Europa?
Tras la posibilidad de una regulación dictada a nivel europeo se han encaminado diversas experiencias, como el borrador presentado por el grupo parlamentario The Greens en el año 2016, o la consulta pública realizada durante el año pasado perla misma Comisión Europea en donde se recibieron más de 5.000 comentarios. Sin embargo, no se ha logrado hasta el momento una regulación.
Antoine Colombani, miembro del equipo de Frans Timmermans, ha confirmado en el evento de este miércoles, que se está avanzando en una propuesta para regular al respecto de 105 alertadores en los países miembros. Lo que entre los expertos y la audiencia hace pensar en la posibilidad de una Directiva, aunque es todavía incierto. En su discurso, Colombani sí ha mencionado que la propuesta no comienza desde una hoja en blanco, sino que se basa en diferentes legislaciones que ya se encuentran en funcionamiento en sectores específicos, como el sector financiero.
Una cosa es segura: de avanzar esta iniciativa, el camino seguirá siendo todavía largo para garantizar que estos héroes anónimos cuenten con la protección, soporte y acompañamiento necesario en su lucha y denuncia contra la corrupción y el crimen. La posible traducción de la normativa a cada uno de los contextos nacionales será un paso tan complejo como este que, al parecer, está por darse.
«A Change of Direction es un grupo internacional de organizaciones no gubernamentales que impulsa la creación de un marco de protección que garantice la integridad general de los alertadores, tanto en la Unión Europea como sus estados miembros. Este provecto parte del reconocimiento de su papel en la lucha contra la corrupción y, por lo tanto, en el fortalecimiento de la democracia a través de la transparencia. El grupo busca dar un tratamiento integral a la problemática a través del análisis de los instrumentos jurídico – institucionales los procesos de revelación de ilícitos y los distintos contextos sociales de la Unión Europea.
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