Lunes, 6 de febrero de 2023. Ecuador acaba de celebrar elecciones locales este fin de semana. Destaca, además de la elección de los puestos de representación popular, la selección de siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana, así como un referéndum de ocho preguntas, un instrumento de control popular sobre la gestión de gobierno.
En el país andino las votaciones no son solo un derecho, sino una obligación. Además, los referéndums son un instrumento que frecuentemente se usa para la toma de decisiones políticas. Sin embargo, pese al vanguardista modelo de control gubernamental, la frágil democracia sigue enfrentando muchos retos.
De la lectura política de las elecciones se pueden sacar varias conclusiones:
- La consolidación de la derecha. Los ecuatorianos escogieron 23 prefectos y viceprefectos, 221 alcaldes municipales, 868 concejales urbanos, 437 concejales rurales y 4 084 miembros de juntas parroquiales. Los resultados preliminares muestran la pérdida de poder de la derecha encabezada por Guillermo Lasso, uno de los pocos gobiernos de derecha que sobreviven en América Latina. Después de un hilo de gobiernos izquierdistas como el de Rafael Correa, este grupo se consolida en 7 provincias, así como en Quito y Guayaquil.
- La seguridad, la principal preocupación ciudadana. La contienda electoral giró en torno a las preocupaciones ciudadanas, principalmente la seguridad y la rendición de cuentas. En las pasadas elecciones presidenciales, Lasso destacó la inseguridad pública y el avance del narcotráfico como los principales problemas del país. Esto ha afectado a la propia campaña con tres asesinatos y quince atentados contra candidatos por parte del crimen organizado.
Más aún, el Gobierno entregó a la Fiscalía una lista con 28 nombres de candidatos (principalmente a alcaldías) con supuestos nexos con el narcotráfico o la minería ilegal. Ecuador es una de las principales rutas del narcotráfico, un problema que se ha enfrentado con sucesivos estados de excepción que no han dado los resultados esperados.
Una de las preguntas del referéndum mas comentadas ha sido la extradición de ecuatorianos por delitos de crimen organizado bajo el supuesto de que al crimen organizado y el narcotráfico se le combate con la amenaza de las cárceles americanas, como sucedió en Colombia y después en México. La respuesta del referendum fue un rotundo no a la extradición.
Otro tema relevante sobre la administración de justicia tiene que ver con el bloqueo de la Corte Constitucional sobre la designación de sus miembros por el Consejo de Participación Ciudadana, situación que se resuelve con los resultados del referéndum. Pero que el resultado de la pregunta expresa parece ser negativo.
Importantísimo en el referéndum fue incluir en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas las áreas de protección hídrica. El agua representa un tema de prioridad nacional y es un asunto de confrontación entre grupos de interés.
La renovación del Consejo de Participación Ciudadana
Los ecuatorianos tuvieron que votar a siete nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), una de las instituciones mas innovadoras de América Latina. Se encarga de promover planes de transparencia y control público, designar autoridades de impartición de justicia y mecanismos de rendición de cuentas gubernamentales.
Dicha institución es una significativa evolución de los tiempos de las dictaduras y gobiernos militares en los años 70 y 80 y que los últimos 20 años no ha estado exenta de retos en la gobernabilidad democrática. Este se ha consolidado como un verdadero cuarto poder en la nación sudamericana.
El CPCCS es uno de los pilares de la gobernanza ecuatoriana, responsable del control social y la transparencia. Se trata de una entidad elegida por sufragio universal directo. Es responsable, junto con otras instituciones como la Defensora del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las Superintendencias, de ejercer el control ciudadano sobre el Gobierno.
En el referéndum se le preguntó al pueblo si le quitaban la facultad al CPCCS para designar 77 autoridades del Consejo, sustituyéndolo por la Asamblea Nacional a través de procesos públicos basados en meritocracia. La propia selección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana pasaría de una selección por sufragio universal a una elección por medio de la Asamblea Nacional. La respuesta del referendum también fue negativa.
El CPCCS ha estado involucrado en la lucha por el poder. Recientemente, la Corte Constitucional destituyó a siete vocales por inclumplir una de sus sentencias relativas a la elección del presidente de la Judicatura, después de una cuarta terna enviada por una Corte Nacional de Justicia.
Lucha entre los grupos de poder
En su búsqueda por la normalización democrática, Ecuador instituyó el voto obligatorio y los referéndum de consulta popular. Las ocho preguntas de esta elección reflejan las preocupaciones de la ciudadanía ecuatoriana. Desde la seguridad hasta la facultades y las funciones de las entidades públicas, incluyendo el propio Consejo de Participación Ciudadana.
Además de la preguntas sobre seguridad, se les preguntó también a los ciudadanos sobre la autonomía de la Fiscalía General del Estado, la reducción de los representantes de la Asamblea General, así como la posibilidad de exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados del 1.5 % del registro electoral, además de obligarles a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral. La respuesta abrumadora a las preguntas fue negativa.
Aunque en primera instancia pareciera que la ciudadanía participa activamente en la toma de decisiones políticas trascendentales con el referéndum, la selección de las preguntas muestra la lucha entre los grupos de poder. Un instrumento innovador de la democracia pero que sin embargo parece polarizar aún más a la ciudadanía.
Armando Jiménez San Vicente es Profesor Análisis Económico del Derecho, Instituto Universitario y de Investigación Ortega y Gasset. Abogado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Boston. Máster en Gobierno y Administración por la Universidad de Harvard. Máster en Derecho Financiero y Comercial por la Universidad de Georgetown. PhD en Economía Política por la London School of Economics. Posdoctorado en Desarrollo Sostenible, Universidad de Stanford.
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