Lunes, 29 de agosto de 2022. Urge hacer una planificación y ordenación que respondan a una nueva política forestal, basada en la emergencia climática. Las aportaciones realizadas a la adecuación del Plan Forestal Andaluz 2030, responden en su mayor parte a la necesaria aplicación de los conocimientos científicos más recientes sobre los ecosistemas forestales andaluces, sobre la mitigación de los efectos del cambio climático y sobre la adaptación a los mismos, para la mejora del mundo rural y sus habitantes.
Ecologistas en Acción de Andalucía da la bienvenida al nuevo curso político instando a la Junta de Andalucía a poner en marcha una nueva política forestal basada en el conocimiento que provee la ciencia y en la experiencia de más de 30 años del plan forestal pionero de España, fracasado sobre todo por falta de inversión.
Esta organización ha participado en la adecuación del Plan Forestal Andaluz con aportaciones para mejorar la situación de las zonas forestales y los pueblos que las habitan: «Hemos puesto el esfuerzo especialmente en realizar nuevas propuestas que vigoricen las economías rurales afrontando las amenazas que destruyen, merman o contaminan los recursos naturales y servicios que los montes andaluces proveen a los habitantes de los pueblos».
Andalucía lleva años sin política forestal. El pasado 19 de agosto, la Administración ambiental andaluza cerró el plazo de información pública para la adecuación del instrumento de planificación más importante para el medio rural forestal de Andalucía, su Plan Forestal Andaluz.
Sin perjuicio de la calidad y corrección del texto borrador propuesto por la Administración ambiental, Ecologistas en Acción ha realizado seis consideraciones a la Evaluación Ambiental Estratégica y quince alegaciones, además de cinco sugerencias, a la adecuación del Plan Forestal Andaluz.
Las aportaciones realizadas responden a carencias detectadas en la propuesta y a la ineficacia previsible de indicadores elegidos para el seguimiento y evaluación de la aplicación del plan. Esta adecuación se iniciará, como pronto, a principio de 2023 y se desarrollará solo hasta 2030, lo que supone un breve plazo en términos de naturaleza, traduciéndose en que la aportación de información de esos indicadores sea poco rigurosa.
Este hecho de carecer de una política forestal clara se evidencia ahora como cada verano, aunque cada año con peores incendios: la impotencia del ser humano ante la enorme magnitud que adquieren los incendios forestales está destruyendo nuestro territorio rural y las formas de vida que sostiene.
Se les llama incendios de 6ª generación, se buscan propuestas como la «prevención en invierno», se habla de «combustible» y habrá que hacer un esfuerzo presupuestario importante para ayudar a paliar los daños a todas las personas y pueblos que se han visto afectados directamente por estos incendios, así como para recuperar los paisajes, los bosques, la fauna, las formas de vida que proveen los ecosistemas den el monte mediterráneo.
Por ello, consideramos que, en primer lugar, urge impulsar una nueva política forestal andaluza basada en el conocimiento científico, con criterios de largo plazo, y de protección frente a la escasez y el deterioro del único yacimiento de empleo, vida y bienestar que permite a las personas arraigar en el medio rural, que son los recursos naturales.
En segundo lugar, es necesario crear y adaptar los instrumentos de ordenación y planificación, con las directrices de esa nueva política forestal andaluza, y que sean eficientes e inequívocos para desarrollar una gestión holística. Esta forma de gestión no es nueva, pero aún no ha sido muy aplicada en Andalucía. Es una forma de administrar el capital material, humano, natural y dinerario, al servicio de la regeneración de los recursos naturales y su conservación que permite consolidar un uso y aprovechamiento prolíficos de sus productos y servicios ecosistémicos, frente a las grandes amenazas.
En tercer lugar, es imprescindible no escatimar un euro en la dotación presupuestaria y sus previsiones anuales, para que la Administración ambiental goce de todos los recursos humanos, dinerarios y materiales necesarios para una óptima ejecución de esos instrumentos de ordenación y planificación orientados hacia esa nueva política forestal.
En particular, se ha tratado de aportar un enfoque holístico -más allá del puramente integrador-, en el que «lo forestal» es un todo espacio-persona-actividad-, donde el espacio es el forestal, las personas son las que habitan lo rural y la actividad es la bioeconomía. El quid de esta forma de gestionar radica en que cualquier programa, línea de actuación y medida que se planifique debe beneficiar a ese todo y no solo a una parte, sin perjudicar a ninguna de las partes que lo componen, garantizando de forma eficiente y convirtiendo en una realidad, más allá de las palabras, la sostenibilidad del monte andaluz.
Con estos criterios, uno de los temas donde más se ha redundado es la regeneración del suelo como actuación fundamental contra la desertificación y la sequía y para promover los suelos sanos como garantes de la eficacia de esta planificación forestal y proveedores de los incontables servicios ecosistémicos que arraigan con éxito la población al territorio forestal rural.
Así mismo, se ha incidido en el desarrollo y fomento de bosques sanos, diversos y resilientes característicos de los ecosistemas del monte mediterráneo para contribuir significativamente en materia de biodiversidad, garantizar los medios de subsistencia en las zonas rurales, y como respaldo a una bioeconomía forestal que se mantenga dentro de los límites de la sostenibilidad y sea compatible con los objetivos climáticos y de biodiversidad de la UE para 2030 y 2050.
Del mismo modo, las medidas transversales que consideramos más urgentes son, por una parte, la dotación del personal funcionario y técnico necesario para afrontar el gran reto que supone en materia de gestión pública la adecuación del Plan Forestal Andaluz, tanto en Servicios Centrales, como en las ocho Delegaciones Provinciales andaluzas, porque en la actualidad hay casi un 50% menos de personal que hace 15 años.
Por otra parte, que la simplificación administrativa, omnipresente objetivo en la política actual de la Junta de Andalucía y por ende en esta adecuación del plan forestal, debe de primar la garantía del cumplimiento de la normativa ambiental vigente europea, española, autonómica y local y los estándares que mejor respondan a las necesidades de mitigación y adaptación ante la situación de emergencia climática.
Sin ir más lejos, y como se recoge en el documento, los incendios forestales actuales son la muestra más palpable del gran problema que crea la falta de inversión y de un enfoque como un todo de lo forestal para su gestión, unido la relajación para el ejercicio de cualquier actividad en el medio forestal. No dedicar fondos y no hacer los deberes, políticos, de planificación, ordenación y gestión, está derivando en un empeoramiento de las características de los incendios forestales y un incremento de las catástrofes ambientales, sociales y económicas debidas a los mismos.
Finalmente, pero importante de principio a fin, si bien hay una previsión financiera aceptable en relación a los fondos europeos, el documento carece de previsión de financiación a cargo de los presupuesto propios de la Junta de Andalucía. Además, los presupuestos destinados el primer año y los siguientes años no solo no se mantienen, sino que tienen una sucesión decreciente, lo cual es absolutamente inaceptable. Por contra, para respaldar con garantías en esta nueva forma de gestión que se propone, sostenible, para la mitigación de los efectos del cambio climático y la adaptación a los mismos, la inversión de fondos propios de la Junta de Andalucía no solo debe ser creciente, en previsión de posible disminución de provisión de fondos europeos, sino que debe estar garantizada.
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