por Phil Gunson
Miércoles, 23 de marzo de 2022. Una inesperada visita a Caracas de una delegación estadounidense, la de más alto rango que ha ido al país en más de cinco años, ha abierto la posibilidad de que se reanuden los esfuerzos para resolver la prolongada crisis política y humanitaria de Venezuela.
Mientras tanto, una ráfaga de declaraciones de ambas partes ha sembrado la idea de que las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos podrían reactivarse. Fue Estados Unidos quien tomó la iniciativa, revirtiendo repentinamente su negativa a hablar directamente con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, tres años después de haber cerrado su embajada en Venezuela y cortado lazos diplomáticos.
La iniciativa fue aún más sorprendente a la luz del abierto apoyo de Maduro a Rusia tras su invasión a Ucrania. Sin embargo, precisamente los acontecimientos en Europa Oriental son los que parecen haber desencadenado el cambio de postura de Washington.
La decisión de la administración de Joe Biden de prohibir las importaciones de petróleo y gas de Rusia en represalia por el asalto a Ucrania significa que debe encontrar fuentes alternativas. Sin embargo, más allá de la cuestión del acceso a combustible, la importancia de esta parcial distensión para el conflicto en Venezuela y para la política de Estados Unidos en América Latina sigue siendo difícil de calcular.
La delegación que visitó Venezuela los días 5 y 6 de marzo 2022, encabezada por Juan González, del Consejo de Seguridad Nacional (el principal asesor de la Casa Blanca para América Latina) también incluyó a Roger Carstens, enviado especial para asuntos de rehenes, quien ha estado buscando la liberación de varios ciudadanos estadounidenses, que Washington considera están injustamente encarcelados en Venezuela.
En lo que se percibe como una medida esperanzadora para generar confianza, el gobierno de Maduro liberó a dos de los cautivos como resultado de la reunión.
La administración Biden le ha restado importancia a la cuestión del suministro de petróleo, insistiendo en que el viaje estaba planeado hace meses y que el tema de las importaciones de combustible «no es una conversación activa en este momento».
Pero no cabe duda de que la cuestión energética está detrás de su decisión de reiniciar el diálogo con un gobierno al que ha aislado desde enero de 2019. Las mayores reservas conocidas de hidrocarburos del hemisferio occidental se encuentran en el subsuelo venezolano y bajo sus aguas costeras.
Sin embargo, hay un problema: las sanciones de Estados Unidos prohíben las importaciones desde Venezuela y amenazan con graves consecuencias a los terceros que las faciliten.
Sobre el papel, hay margen para un acuerdo rápido entre Caracas y Washington en el que este último conceda licencias a compañías petroleras extranjeras no solo para producir y exportar petróleo, sino también para recibir pagos de la compañía petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, sin levantar las sanciones.
Las sanciones, sumadas a años de mala gestión y corrupción, han contribuido a la ruina de la que fuera una prospera industria petrolera; Venezuela ahora produce solo una fracción de los más de tres millones de barriles diarios que llegó a producir y no será fácil aumentar sus exportaciones rápidamente.
La repentina visita de la misión de Washington a Caracas ha desencadenado dos procesos paralelos.
Por una parte, conversaciones para determinar si el petróleo venezolano puede comenzar a fluir nuevamente hacia las refinerías estadounidenses y cómo hacerlo parecen estar en marcha.
Por otra parte, el gobierno de Maduro y la oposición venezolana evalúan la nueva configuración diplomática para determinar qué forma pueden tomar las negociaciones sobre un acuerdo político y humanitario.
Mientras tanto, los gobiernos latinoamericanos, incluidos los de Cuba y Nicaragua, se preguntan junto con sus aliados extranjeros qué significará para la región en su conjunto la aparente nueva disposición de Washington a relacionarse con lo que percibe como un gobierno hostil.
Romper el estancamiento político
Un acuerdo que se limite a establecer licencias para la industria petrolera, pero mantenga prácticamente intacta la disputa política de Venezuela no apaciguará a la oposición venezolana ni a los críticos estadounidenses de la distensión ni al gobierno de Maduro.
De la resolución de esta disputa, que en 2019 vio a dos presidentes rivales disputarse el control del país, dependen tanto las aspiraciones de la oposición a unas elecciones libres y justas, como la anhelada recuperación económica y el retorno a la plena legitimidad internacional del gobierno venezolano.
El presidente Maduro fue reelegido en mayo de 2018 en lo que Estados Unidos y muchos de sus aliados consideraron unas elecciones amañadas. Al año siguiente, el gobierno de Donald Trump (2017-2021) reconoció a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional controlada por la oposición, como presidente interino de Venezuela e impuso vastas sanciones al gobierno de Maduro en un fallido intento por derrocarlo.
Las sanciones siguen vigentes bajo la administración de Biden, aunque con la condición de que la Casa Blanca las aliviaría si Maduro toma medidas claras hacia unas elecciones libres y justas.
Pese a que a principios de 2021 se instaló una nueva legislatura, abrumadoramente dominada por leales al gobierno, y la popularidad de Guaidó ahora es tan baja como la de Maduro, Washington, junto con un puñado de aliados, aún reconoce al «gobierno interino» de la oposición.
Biden está bajo una gran presión para mantener esta política por parte de poderosos actores en Estados Unidos, como el demócrata Robert Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y líderes políticos de todo el espectro en el estado de Florida.
Sin embargo, el reconocimiento de Guaidó como presidente parece cada vez más incierto ahora que altos representantes del gobierno estadounidense, incluido el embajador James Story, acreditado ante la administración de Guaidó aunque con sede en la vecina Colombia, están tratando directamente con Maduro.
Al mismo tiempo, a pesar de la retórica a favor de las políticas económicas estatistas favorecidas por su predecesor Chávez, Maduro se ha visto obligado por las circunstancias desesperadas y ha llevado a cabo una serie de caóticas reformas de mercado, tales como eliminar controles cambiarios y de precios, permitir que el dólar estadounidense circule libremente y devolver activos del Estado a manos privadas. Incluso la industria petrolera, un símbolo del nacionalismo venezolano, no está fuera de los límites.
Pero la economía se ha contraído en más de tres cuartas partes desde que Maduro llegó al poder hace casi una década y el anémico crecimiento que ahora empieza a ver está lejos de ser una recuperación real.
De cara a las elecciones de 2024, y con la imperiosa necesidad de mejorar sus pésimos niveles de popularidad, Maduro está naturalmente inclinado a llegar a un acuerdo con Washington que alivie las sanciones.
Pero está mucho menos entusiasmado con la principal condición que Washington y la oposición mayoritaria venezolana han impuesto: que permita una contienda presidencial libre y justa.
¿Volver a las negociaciones?
Seguir adelante con las conversaciones facilitadas por Noruega entre el gobierno y la oposición podría ser la clave para resolver estas diferencias. La primera serie de negociaciones se llevó a cabo entre mayo y agosto de 2019, con sesiones en Oslo y Barbados.
El gobierno se retiró cuando la administración Trump endureció aún más las sanciones, y la oposición liderada por Guaidó declaró que el proceso se había «agotado» poco después.
La oposición y algunos de sus aliados extranjeros procedieron a explorar opciones militares, y buscaron primero que los vecinos de Venezuela invocaran un tratado de defensa mutua.
Cuando esa opción no prosperó, el equipo de Guaidó puso en marcha una tragicómica «invasión» de Venezuela por parte de un puñado de voluntarios y mercenarios mal equipados en mayo de 2020.
Aun así, en el contexto de la creciente crisis humanitaria, la COVID-19 y señales del gobierno de Maduro de que podía estar dispuesto a hacer concesiones, las negociaciones se reiniciaron con un formato diferente en agosto de 2021 en Ciudad de México.
Pero el principal negociador del gobierno venezolano, Jorge Rodríguez, anunció que el proceso de México había «cumplido su misión» y que el gobierno ya no aceptaría más «tutelaje» internacional.
La oposición, por su parte, ha reiterado su deseo de retomar las conversaciones y Washington ha insistido en la necesidad de un acuerdo integral que concluya en unas elecciones justas.
Espacio para avanzar
Incluso si estas cuestiones pueden resolverse, es evidente que existe el riesgo de que, una vez más, las dos partes se embarquen en negociaciones en las que una o ambas se resistan a hacer las concesiones necesarias.
La oposición parece dispuesta a negociar, pero sigue dividida sobre hasta dónde deben llegar sus concesiones hacia lo que muchos de sus líderes consideran un régimen dictatorial. El principal socio extranjero de la oposición, Washington, no ha cambiado formalmente su posición sobre el alivio de las sanciones.
En febrero, Estados Unidos emitió una declaración conjunta con otros diecinueve países y la Unión Europea (UE) diciendo, entre otras cosas, que cualquier levantamiento de sanciones requeriría un «progreso significativo» hacia elecciones libres y justas en el marco de las conversaciones de Ciudad de México.
El progreso hacia un acuerdo entre el gobierno y la oposición posiblemente sea difícil bajo estas condiciones, pero no imposible. Probablemente se requieran dos concesiones por parte del gobierno de Maduro para lograr a un acuerdo.
La primera consistiría en proporcionar las condiciones necesarias para una contienda electoral genuina en 2024, lo que podría incluir las reformas delineadas por la Misión de Observación de la UE durante las elecciones regionales de 2021, a cambio de un levantamiento progresivo de las sanciones.
Para el gobierno, no se puede hablar de igualdad de condiciones a menos que se levanten las sanciones, al menos parcialmente. La segunda, y potencialmente más problemática, concesión se refiere a las garantías postelectorales.
Como ha sostenido anteriormente Crisis Group, quienes resulten derrotados en las elecciones deben tener la certeza de que no serán perseguidos ni se les prohibirá participar en la política formal.
Para dar esas garantías se requerirá un acuerdo mucho más amplio, que casi con certeza implicará una reforma constitucional y algún tipo de esquema de justicia transicional.
En cuanto a la oposición, su división fundamental siempre ha sido entre aquellos que no se conforman con nada menos que la pronta remoción del chavismo del poder y aquellos que están dispuestos a negociar alguna forma de convivencia política con Maduro y sus aliados que eventualmente permita una alternancia pacífica del poder determinada en las urnas.
A pesar del evidente fracaso del ala más radical de la oposición, en alianza con la administración Trump, para lograr su objetivo a través de la «máxima presión», esta facción sigue gozando de un estatus privilegiado en Washington.
Este artículo se publicó originalmente en Crisis Group América Latina.
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