EL OBSERVADOR requiere a Ayuntamiento Diputación de Málaga advirtiéndoles que convoquen concursos públicos para repartir los millones que gastan en publicidad

Ambas instituciones han sido condenadas por el TSJA a indemnizar a la revista por discriminación en el reparto de la publicidad institucional

La veterana publicación malagueña ejercerá acciones penales contra los actuales responsables «si continúan repartiendo la publicidad ‘a dedo’ entre sus medios amigos»

Miércoles, 3 de mayo de 2023. La veterana revista malagueña El Observador ha presentado dos requerimientos, uno en la Diputación Provincial de Málaga y otro en el Ayuntamiento, en los que advierte a sus responsables que, tras las sentencias que condenan a las dos administraciones a indemnizar a EL OBSERVADOR por discriminación en el reparto de la publicidad institucional, pueden cometer un delito si continúan dando la publicidad a dedo entre sus medios ‘amigos’, en vez de convocar concursos públicos, por lo que emprenderá acciones penales directas contra los responsables, según informa la propia revista en su edición de este miércoles.

En las sentencias (AQUÍ) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se pone de manifiesto que ambas instituciones hacen un “uso abusivo de la contratación menor para adjudicar la publicidad institucional”, repartiendo el dinero (millones de euros) entre los medios de comunicación que quieren sin criterio objetivo alguno, e ignorando a aquellos que son críticos con su gestión. Para el tribunal es «la línea editorial de opinión de la revista EL OBSERVADOR la que ha llevado a su discriminación».

En los requerimientos presentados tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación se incorporan las sentencias del TSJA en la que condenan a “… la Administración demandada a cesar en la vía de hecho así como a indemnizar a la recurrente por los daños y perjuicios ocasionados por tal conducta”.

Así, las sentencias declaran constitutiva de vía de hecho la actuación de ambas administraciones al no haber contratado publicidad institucional nunca con esta revista, ni haberle dado siquiera la posibilidad de optar a ella, con vulneración del principio de no discriminación, condenándola a que cese en la vía de hecho y debiendo indemnizar a EL OBSERVADOR en la cuantía que se fije en ejecución de sentencia.

Por eso en los requerimientos se recuerda a los responsables que la situación continúa siendo idéntica a la juzgada por el TSJA, que EL OBSERVADOR sigue siendo discriminado y excluido cuando medios similares reciben continuados contratos menores. De esta manera, al haber recibido la advertencia tanto del TSJA como por parte de esta revista, a partir de ahora puede llegar a constituir un delito penal el mantener ese proceder a sabiendas de su injusticia.

Los máximos responsables de la discriminación publicitaria sufrida por EL OBSERVADOR son, por un lado el alcalde Francisco de la Torre y su director general de Comunicación, Jesús Espino. Por parte de la Diputación la discriminación comienza cuando era presidente Elías Bendodo (número 3 del PP a nivel nacional en la actualidad), y Marta Olea era directora de Comunicación de la Diputación (actualmente es directora general de Comunicación de la Junta), y continúa ahora con Francisco Salado como presidente y Javier Gómez como director general de Comunicación.

Por esto, EL OBSERVADOR solicita al Consistorio malagueño y a la Diputación Provincial que “tomen las medidas oportunas que eviten la exclusión de este medio en la contratación de difusión de publicidad y la equipare a medios similares”, además de pedir al Interventor un informe que “refleje los contratos menores de difusión de publicidad suscritos por esta administración desde 2019 hasta la fecha de este escrito, con indicación de los medios contratados y el importe de los contratos”.


Dos sentencias del TSJA por «discriminación publicitaria» abren la puerta a reclamaciones de todos los medios ‘ignorados’ por las administraciones públicas en el reparto de la publicidad institucional

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