El Grupo Popular ha hecho pública una proposición de ley el pasado 21 de diciembre a presentar en el Parlamento andaluz que beneficiará a la agricultura ilegal y fomentará el regadío intensivo, en detrimento de la agricultura legal, la economía sostenible, la conservación del Espacio Natural de Doñana y la calidad del acuífero Almonte-Marisma, y busca ya cómplices para que salga adelante.
No es casual que la ley que propone el PP andaluz aclare de forma explícita que los propietarios que pretende legalizar de un plumazo tendrán que solicitar después los correspondientes permisos de extracción de agua para toda la superficie de regadío a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir del Ministerio de Transición Ecológica o proveniente de las aguas internacionales de la cuenca del Guadiana, trasladando así el problema de la falta de agua en Doñana a otra administración.
Ecologistas en Acción solicitará que la proposición de ley del PP andaluz sea debatida en el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana antes de continuar el trámite, conforme a la norma sobre sus funciones y su reglamento, iniciará las acciones legales oportunas y denunciará la grave irresponsabilidad que se pretende llevar a cabo a sabiendas y sus consecuencias, ante la sociedad y ante todos los organismos internacionales que velan por la integridad del Espacio Natural de Doñana.
Lunes, 10 de nero de 2021. Toda España sabe ya que Doñana es rehén de la agricultura. El agua del acuífero Almonte-Marisma está ya hipotecada por los cultivos de regadío intensivo. A pesar de que desde 2014, con el consensuado Plan Especial de Ordenación de Zonas de Regadío al Norte de la Corona Forestal de Doñana o Plan de la fresa, se impulsó por las administraciones el cumplimiento estricto de la legislación vigente y los procedimientos para el cierre de pozos ilegales, actualmente aún hay unas 1.600 hectáreas de cultivo de regadío ilegal en Doñana.
Los delitos han sido continuos: desde la entrada en vigor del Plan de la fresa en 2014 no se debía volver a transformar ni una hectárea ni abrir un pozo, pero según las informaciones vertidas en los plenos del Consejo de Participación, ha habido 151 expedientes sancionadores en materia forestal: 83 en Lucena del Puerto, 50 en Moguer, 11 en Bonares, 5 en Rociana y Almonte no ha tenido ninguno; en materia de aguas ha habido 43 expedientes sancionadores y 2 en materia urbanística; se han clausurado 420 pozos ilegales y han sido dictadas varias sentencias judiciales condenatorias.
Son fincas transformadas a agrícola que detraen agua sin autorización del acuífero Almonte-Marisma, que fue declarado sobreexplotado en julio del año 2020 por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Se trata de robo de agua en toda regla, recogido en artículos del Código Penal como el 247, el 255 e incluso el 325. Es un delito penal que atañe a toda la sociedad, no solo la andaluza, ya que incluso el Tribunal de Justicia de Europa falló en junio de 2021 que el Reino de España está incumpliendo el Derecho Comunitario, en particular, la Directiva Marco de Agua y la Directiva Hábitats.
Por ello, Ecologistas en Acción considera que el Gobierno andaluz debería centrarse en acometer las actuaciones necesarias para recuperar el gran humedal que fue Doñana restaurando sus sistemas hídricos, que le fueron amputados: una irresponsabilidad histórica que ahora estamos pagando; y favorecer así a los agricultores que cumplen la legalidad desde el inicio, aquellos que verdaderamente respetan y conservan Doñana mientras ejercen su actividad económica.
Los culpables ahora van a ser las víctimas
Doñana está siendo utilizada para satisfacer a las patronales agrarias por el PP andaluz. Con mucha antelación a unas elecciones anunciadas para este año 2022 y mediante esta proposición de ley pretenden convertir en víctimas así, a golpe de norma, a los responsables de la situación deplorable del acuífero Almonte-Marisma y de los ecosistemas forestales de Doñana, los que ponen en riesgo los valores excepcionales de este espacio protegido de renombre internacional, pues no habrá agua para que puedan regar todas sus fincas legalizadas.
Denunciaremos la grave irresponsabilidad que se pretende llevar a cabo a sabiendas y sus consecuencias, ante la sociedad y ante todos los organismos internacionales que velan por la integridad del Espacio Natural de Doñana
Según la proposición de ley, los agricultores piden un trasvase de aguas superficiales de otras cuencas para poder regar más, y lo justifica como “derechos históricos y una actividad tradicional”. Sin embargo, ni son derechos adquiridos ni es agricultura tradicional.
Pero, lo cierto es que, respecto a los derechos históricos, los que lo eran fueron consolidados a través de la aprobación en 2003, con el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD). Además, Doñana era un humedal sin aprovechamiento relacionado con el agua hasta 1971, es decir, que la agricultura de regadío, no es una actividad tradicional. Ese año se declaró de interés nacional la colonización de zona regable del Plan Almonte Marismas con una superficie inicial de 45.960 hectáreas de las que 24.500 se podían transformar en regadío, si bien en 1988 se revisa el plan general de transformación para adaptarlo a la conservación del equilibrio biológico de los valiosos ecosistemas del Parque Nacional de Doñana, quedando en 14.000 las hectáreas que podían transformarse en regadío, repartidas entre las provincias de Huelva y Sevilla.
Para compatibilizar la agricultura con la conservación en Doñana es necesaria una verdadera revolución verde que lleve a cabo una ordenación y limitación de la expansión de los regadíos. Es una falacia que Doñana sea la despensa de frutas y verduras de Europa, porque serlo no sería compatible con su conservación, ni compatible con otras actividades económicas que comparte el espacio natural. Y el mercado europeo valora el producto porque es de Doñana, porque lo cree sostenible, sano y respetuoso con los recursos.
Amenaza para la integridad del estado de conservación de Doñana
El robo de agua es un delito penal y promover el incremento de superficie de regadío en Doñana y con ella las solicitudes de agua de riego que van a llegar a la administración de cuenca va en contra de todo criterio científico y de sostenibilidad. Organismos internacionales del más alto nivel corroboran año tras año la necesidad de poner límite a los regadíos y las extracciones de agua.
Así, el Convenio de Ramsar (relativo a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) evalúan periódicamente el estado de conservación y los valores excepcionales de Doñana y realizan un informe con las recomendaciones que consideran indispensables para mantener el alto estatus de protección y reconocimiento internacional del espacio protegido, gracias al cual, el Gobierno autonómico tiene acceso a importantes cuantías de diversos fondos europeos.
Desde 2011, en todos sus informes, el Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco, solicita al Estado español que asegure la implementación del Plan Especial de Gestión de la zona de regadío, localizada en el norte de la Corona Forestal de Doñana, sin que se diluyeran los objetivos esenciales acerca de la protección de los excepcionales valores naturales de Doñana y el uso racional del agua.
La Revolución verde del presidente de la Junta de Andalucía da la espalda a Doñana
En el alegato por su “Revolución verde” durante el Acto del 50 Aniversario de Doñana en octubre de 2019, Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía y del Grupo Popular andaluz, afirmaba que “sabremos estar a la altura de los retos futuros y redoblaremos los esfuerzos para su conservación” y llamaba a la participación social.
Sin embargo, la ley que propone el PP andaluz consiste en dar amnistía y legalizar las fincas agrícolas que detraen agua sin autorización desde hace años, así como anima a propietarios con fincas forestales que fueron antaño agrícolas, que reviertan su uso, todo ello, reconociendo que, en todos los casos, será necesario solicitar los permisos de extracción de agua para toda esa superficie de regadío a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que declaró el acuífero sobreexplotado en 2020 y es imposible que pueda conceder toda ese agua para regar. Es evidente que, de aprobarse esta proposición de ley, el Gobierno andaluz habrá trasladado el problema de la expansión incontrolada al Gobierno central en un momento tan delicado como los meses previos a unas elecciones autonómicas.
Además, el día 15 de diciembre tuvo lugar un Pleno del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, seis días antes de que se hiciera pública la proposición de ley. Ello demuestra la falta de interés por la participación de este grupo político, y el incumplimiento de la normativa que regula el funcionamiento de este órgano colegiado, donde ya, en el Pleno ordinario de 2019, tras el cierre de 420 pozos ilegales se puso sobre la mesa la posibilidad de modificación del llamado Plan de la fresa. El presidente del Consejo de Participación, Miguel Delibes, aclaraba entonces que “si hubiera una idea de modificar el plan especial de la fresa, debería de volver a debatirse en este Consejo de Participación” y añadía que este órgano colegiado debe informar toda actuación en relación al espacio protegido, para garantizar la transparencia y la participación ciudadana, si bien sus informes son preceptivos y no vinculantes.
Por ello, Ecologistas en Acción solicitará que la proposición de ley del PP andaluz, en caso de ser presentada, sea debatida previamente en el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, conforme a la norma sobre sus funciones y su reglamento, antes de continuar con el trámite que está siguiendo.
Con la cosas así, es evidente que la proposición de ley del Grupo Popular andaluz sería una nueva irresponsabilidad histórica y un señuelo para los agricultores, pues, utilizando el poder legislativo, legalizaría la situación de desmadre actual del regadío en Doñana de 1600 hectáreas que se están regando sin calificar como agrícola de riego provocando que numerosos propietarios tengan que solicitar permisos de riego a la Administración del Estado que son imposibles por la situación de sobreexplotación del acuífero y el alto coste del trasvase de otras cuencas, de cien millones de euros (100.000.000€), con todos los ojos de los organismos internacionales que velan por Doñana y su conservación puestos en la gestión de este espacio natural y particularmente en su agua, siendo previsible la estimulación de un clima social de tensión y conflictividad social, todo ello en el marco de un año electoral en Andalucía.
Por ello, Ecologistas en Acción denunciará la nueva situación de amenaza que se está creando ante la Comisión Europea y ante todos los organismos internacionales que velan por la integridad del Espacio Natural de Doñana e iniciará las acciones legales oportunas. La organización insiste en la necesidad de que la sociedad en su conjunto reciba información sin sesgos y tenga participación, así como en la urgencia de blindar Doñana frente a las amenazas que constantemente surgen en respuesta a intereses económicos y políticos que poco o nada tienen que ver con la conservación de Doñana.
El coordinador general de IU Andalucía y portavoz de Unidas Podemos por Andalucía, Toni Valero, ha señalado en la tarde de hoy que la proposición de ley presentada hoy en el Parlamento andaluz por PP, C’s y Vox es un atentado medioambiental contra Doñana, puesto que pretende legalizar el 85% de los pozos ilegales, cuando Doñana está en serio riesgo de desertificazión”.
Valero ha recordado que “esta reserva de la biosfera está en riesgo de muerte porque “se están desecando sus acuíferos y ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció que se tenían que cerrar los pozos ilegales y, sin embargo, el Gobierno andaluz y sus socios hacen todo lo contrario”.
Valero ha indicado que esta proposición de ley “rompe el consenso del plan de la Corona Forestal en Doñana y rompe el equilibrio necesario entre la actividad agrícola y la pervivencia de Doñana”. Además, Valero ha señalado que esta iniciativa ha sido ya denunciada por organizaciones ecologistas y por el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Para el coordinador general de IU Andalucía, esta iniciativa legislativa demuestra que “esa revolución verde de la que habla Juanma Moreno no existe, si no más bien todo lo contrario”, y ha insistido en que supondría “una hipoteca para la actividad agrícola, por escasez de agua, condena a muerte al Parque Natural de Doñana y pone en el disparadero internacional a Doñana y a su industria agrícola”.
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