El secretario general del PSOE-A afirma que la información publicada “respalda lo que venimos diciendo desde hace meses” y reclama “responsabilidades al más alto nivel”.
El Gobierno andaluz adjudica 117 millones a clínicas privadas acogiéndose a un decreto para contratos covid ya derogado
Lunes, 13 de marzo de 2023. El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha exigido hoy explicaciones urgentes al gobierno de Moreno Bonilla por el desvío de al menos 117 millones de euros a la sanidad privada sin control legal ni presupuestario entre 2021 y 2022, tal y como se ha publicado hoy en un medio de comunicación. Según esta información de eldiario.es, el gobierno andaluz adjudicó a dedo más de 117 millones a clínicas privadas acogiéndose a un decreto para contratos covid ya derogado.
En este sentido, Espadas reclama a Moreno Bonilla que informe urgentemente de este monumental desvío de fondos públicos en su gobierno y que “asuma responsabilidades al más alto nivel”.
Según Espadas, la información, “respalda lo que venimos diciendo hace meses, que el gobierno de Moreno Bonilla está derivando de manera creciente recursos públicos a la sanidad privada y hoy conocemos, a través de la información publicada, que lo está haciendo a través de un procedimiento al margen de la legalidad”. En este sentido, ha destacado que “en mayo de 2021 se cerró la posibilidad de hacer contratos de emergencia o adjudicaciones directas porque la pandemia había finalizado y, sin embargo, el gobierno de Moreno Bonilla sigue y lleva más de año y medio haciendo esas adjudicaciones directas, esos contratos a dedo que claramente están beneficiando a unas compañías privadas y perjudicando, claramente, la concurrencia, la competencia y a otras empresas”.
A su juicio, “esto, evidentemente, es todo menos transparente; es opaco”, de ahí que el secretario general de los socialistas andaluces le exija al gobierno de Moreno Bonilla “que informe sobre los contratos, sobre las adjudicaciones y todas estas cuestiones en sede parlamentaria porque, sin duda, estamos hablando de una cuantía superior a los cien millones de euros y nos parece sumamente grave”.
“Una cuestión muy grave que no se puede despachar, como habitualmente hace Moreno Bonilla ante nuestras críticas, diciendo que esto también es un bulo”, ha indicado el secretario general de los socialistas andaluces, quien ha explicado que desde el PSOE-A “hemos preparado de manera urgente una batería de petición de información para saber quién está detrás de esas adjudicaciones y cuál es la justificación que se da para algo que está al margen de los procedimientos legales porque la fórmula de contratación de este tipo se terminaron en mayo de 2021 y han seguido llevándose a cabo sin respaldo legal a lo largo de los siguientes meses y durante un año y medio más”.
El secretario general de los socialistas andaluces se ha manifestado así antes de asistir a la presentación de un programa de actuaciones en la AP-4 por parte del Gobierno de España. En este sentido, ha mostrado su “satisfacción” por la presentación de un proyecto que ha sido, ha dicho, “una reivindicación desde Sevilla y Cádiz desde hace tiempo”. Espadas ha valorado que sea el Gobierno de España “el que da el primer paso para poner encima de la mesa una solución, una inversión importante de 200 millones para el tercer carril de AP-4, imprescindible después de la evolución del tráfico en estos últimos años y que justifica la necesidad urgente de inversión, una inversión vital para Sevilla y Cádiz”. Y, en este sentido, ha reclamado, además, que no debe ser la única inversión. “Debe venir complementada, como así entendemos, por una inversión de la Junta de Andalucía en las carreteras de competencia autonómica, como en el tramo entre Las Cabezas de San Juan y Sanlúcar de Barrameda”, ha añadido Espadas.
Así, y tras afirmar que “hay que rediseñar las conexiones entre ambas provincias”, el secretario general de los socialistas andaluces también ha anunciado que este Grupo trasladará la situación al Parlamento para “que la Junta de pronuncie y se comprometa igualmente a hechos y no palabras”.
Por otra parte, Espadas ha recordado que, desde el pasado mes de septiembre, el PSOE-A ha venido trasladando al gobierno andaluz la necesidad urgente de adoptar medidas para paliar la subida de precios, que otras comunidades autónomas sí tomaban, así como otras medidas para complementar el transporte, para paliar la subida de las hipotecas o para autónomos, por
ejemplo. “Siempre nos parece bien la concertación”, ha asegurado Espadas, quien ha destacado, además, que era el PP el que criticaba y denostaba los acuerdos de anteriores gobiernos socialistas.
El Ejecutivo de Moreno Bonilla triplicó un presupuesto inicial de 70 millones para contratos de emergencias, encadenando prórrogas y ampliaciones de gasto durante año y medio a partir de la pandemia. Un contrato inicial de 50.000 euros con un hospital privado se amplió con tres prórrogas a 2,85 millones
Entre enero de 2021 y diciembre de 2022, el Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla adjudicó a dedo -sin publicidad ni concurrencia competitiva- 226,7 millones de euros a clínicas privadas para derivar pacientes, operaciones y pruebas diagnósticas, acogiéndose al procedimiento de emergencia de contratación habilitado por el Gobierno central para agilizar la respuesta sanitaria ante la pandemia. Al menos 117 millones de euros del gasto global (el 49,8%) fueron adjudicados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) amparándose en un Real Decreto ley ya derogado.
El origen de estos 79 contratos con clínicas privadas está en el Expediente 110/2021, un Acuerdo de Emergencia de 20 de enero de 2021 firmado por el director gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán [hoy viceconsejero de Salud], con un presupuesto inicial de 70 millones de euros, y un periodo de ejecución de febrero a diciembre de ese año.
Sobre ese acuerdo marco, el Gobierno andaluz ha ido encadenando adendas a cada contrato (con ampliaciones de gasto) y resoluciones de prórroga del expediente original durante al menos año y medio. “Debido al incremento de contagios de la sexta ola de pandemia”, justifican fuentes de la Consejería de Salud a este periódico.
El Acuerdo de Emergencia, de 70 millones de euros, sumó otros 55,7 millones a lo largo de 2021 y 100,9 millones más durante 2022. Hasta septiembre de 2022, la Junta triplicó el presupuesto inicial en adjudicaciones a dedo con clínicas privadas: 156,7 millones por encima de la licitación inicial.
Todo el dinero que se adjudicó el año pasado [117,7 millones de euros], a partir de una resolución del SAS de 30 de diciembre de 2021 que prorroga el acuerdo marco hasta septiembre de 2022, se justifica en dos preceptos legales: el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público para contratos de emergencia [que ya existía antes de la pandemia pensado para responder a situaciones de crisis]; y el artículo 16 del Real Decreto Ley 7/2020, aprobado por el Gobierno central durante el primer estado de alarma para “justificar la necesidad de actuar de inmediato” y dar respuesta al impacto económico de la Covid-19.
Derogado el 9 de mayo de 2021
Este marco normativo permitió a las comunidades autónomas contratar a dedo con empresas sanitarias con un procedimiento más ágil para contener la propagación del virus sin necesidad de pasar por todos los trámites de contratación en la Administración Pública en lo peor de la crisis. En la práctica, ese atajo para que los Gobiernos pudieran hacer frente a la emergencia supuso menos controles y fiscalización del dinero público por parte de los interventores. El artículo 16 del Real Decreto dice así: “La adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de la Administración general del Estado para hacer frente a la Covid-19 justificará la necesidad de actuar de manera inmediata, al amparo de lo previsto en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público”.
La resolución del SAS para prorrogar y ampliar los contratos a dedo con clínicas privadas mucho después de que decayese el estado de alarma alude directamente a ese artículo 16 [aunque evita citar su número], y reproduce una parte en su exposición de motivos, argumentando que “refuerza la aplicación del trámite de emergencia” para contratos sin concurrencia competitiva ni publicidad.
Acto seguido, la Consejería de Salud justifica su vigencia y aplicación en el momento de la prórroga: “Si bien este artículo se refiere a la Administración General del Estado, es igualmente aplicable a la contratación de otras administraciones y a todo el sector público con la misma finalidad”. Pero ese artículo llevaba ocho meses derogado, desde el 9 de mayo de 2021.
Y el Gobierno andaluz era plenamente consciente de ello, porque el 18 de junio, la Dirección General de Contratación de la Consejería de Hacienda había remitido una instrucción escrita a todas las consejerías advirtiéndoles de que el artículo 16 estaba “plenamente derogado”; que la justificación del coronavirus ya no era motivo suficiente para usar regularmente el artículo 120 de la Ley de Contratos Públicos, y que “el recurso a la contratación de emergencia” orientado a “hacer frente al Covid-19” debía tener “carácter excepcional y residual”. Pese a ello la Junta adjudicó decenas de millones de euros a la sanidad privada sin concurso ni controles, según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía.
La resolución del SAS alega que era “imposible el haber realizado por la vía ordinaria de urgencia” los contratos con las clínicas privadas para derivación de pacientes. Esta premisa está vigente desde enero de 2021 hasta finales de 2022, periodo en el que el Gobierno andaluz siguió amparándose en la pandemia y evitó volver al procedimiento ordinario para adjudicar contratos a clínicas privadas. En lugar de optar por los concursos abiertos, el Ejecutivo de Moreno prolongó año y medio una figura excepcional, sin publicidad ni concurrencia pública, y sin apenas controles de la Intervención.
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