La comisión europea ha solicitado a las autoridades españolas que completen de una vez por todas, la transposición de la directiva sobre el agua potable en la legislación nacional para proteger el medioambiente. Mediante este documento que tiene por objeto proteger la salud de las personas de los efectos adversos derivados de cualquier tipo de contaminación del agua destinada al consumo humano, se garantiza además, la limpieza y la salubridad del agua potable.
En octubre de 2015 fueron revisados los anexos técnicos en los que se establecían los requisitos mínimos de control del agua potable, referidos en el documento Directiva UE 2015/2017. Los estados miembros tenían entonces que adoptar las medidas adecuadas para dar cumplimiento a la directiva antes de octubre de 2017. España entonces, no respetó el plazo inicial y recibió una carta de la comisión que les emplazaba para otra fecha, noviembre de 2017.
Actualmente, en junio de 2018, España ha reconocido que sus autoridades no están preparando las medidas necesarias para cumplir con dicha directiva y la comisión europea les emplaza para que en dos meses esté solucionado este asunto que podría remitirse de no ser así al tribunal de justicia de la Unión Europea.
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