Las televisiones crearon sus propias editoriales musicales y llegaron a acuerdos con músicos para darles espacio en su programación nocturna, a cambio de ceder estos artistas a las cadenas el 50% de sus derechos de autor.
La rueda es un sistema por el cual algunos miembros de la SGAE habrían estado recibiendo ingresos millonarios en los últimos años. Las televisiones que pagan una cantidad fija anual a la SGAE por el uso indiscriminado de todo su repertorio idearon una forma de recuperar parte de ese dinero. Crearon sus propias editoriales musicales y llegaron a acuerdos con músicos para darles espacio en su programación nocturna, a cambio de ceder estos artistas a las cadenas el 50% de sus derechos de autor. En algunos casos, editando composiciones que son una burda modificación de piezas originales cuyos derechos han expirado por antigüedad (más de 80 años), especialmente obras de música clásica.
La SGAE reparte los ingresos procedentes de las televisiones entre sus socios basándose en la duración de las interpretaciones, así un artista que aparece veinte minutos cada madrugada en un programa sin apenas espectadores, gana mucho más dinero que otro que actúa durante cinco minutos en prime-time. Además, la SGAE reparte poder (votos) entre sus socios en función de las cantidades percibidas por generación de derechos de autor, lo cual genera una espiral que ha impedido que se ponga freno a este mecanismo por vías internas.
Las corporaciones imputadas son RTVE, Atresmedia, Mediaset y once autonómicas, las de Andalucía, Extremadura, Asturias, Galicia, Aragón, Islas Baleares, Euskadi, Madrid, Canarias, Castilla y León y Castilla-La Mancha. La operativa investigada consiste en el registro fraudulento de supuestas modificaciones de obras originales como si se tratarse de obras nuevas, sin variación alguna de la auténtica y original, en la mayor parte de los casos; en otros casos, se realizaban ligeras modificaciones respecto a la partitura original. Las piezas sonaban en bucle en televisión en horario nocturno generando derechos de autor para quienes las tenían registradas. Estos, según los investigadores, actuaban «en connivencia con trabajadores de productoras» de televisión a quienes abonarían «comisiones para que su repertorio se difundiera con preferencia».
Moreno cifra el fraude en 100 millones de euros y sitúa el periodo investigado entre 2006 y 2011. Según su auto, el grupo de investigados podía embolsarse hasta 20 millones al año. Para evitar ser detectados y aparecer siempre los mismos beneficiarios cedían sus derechos de autor a familiares, cónyuges, hijos o creando sociedades o productoras.
Según la Audiencia Nacional, la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó una denuncia en 2016 a raíz de denuncias formuladas por distintas asociaciones y socios individuales de la SGAE que ponían en conocimiento la existencia de un grupo de socios de esta sociedad que desde hacía 10 años venían realizando actuaciones irregulares respecto al registro y/o modificaciones de obras musicales. El juez sospecha que la trama perjudicó a los 120.000 creadores que componen la SGAE, al desequilibrar su reparto, además de imponer, con su poder de voto, gobiernos afines en la entidad, que perpetuaran sus intereses. Desde septiembre de 2018, el entonces presidente de la SGAE José Miguel Fernández Sastrón también figura como imputado por el caso rueda.
Todavía en el primer semestre de 2018, los temas que sonaron entre las dos y siete de la madrugada generaron ingresos por 16,15 millones, un 40% de la recaudación de la música en televisión. Para arreglar este desajuste, la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual estableció, el año pasado, que ninguna franja horaria pueda representar más del 20% de los ingresos totales.
El auto del juez considera que la responsabilidad penal que pueda imputarse a las personas encargadas de las áreas de las televisiones que realizaron las negociaciones y a los investigados hasta el momento, también debe trascender “a los entes televisivos implicados en los que eran reproducidos los repertorios musicales en cuestión, porque no activaron ni aplicaron protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos, ni implementaron eficazmente mecanismos de control o reacción idóneos para detectar las actuaciones criminales cometidas en el seno de sus corporaciones, permitiéndose así la emisión de repertorios musicales no con criterios de calidad, obtención de audiencias u otros fines lícitos para tales entes televisivos, sino con un objetivo de carácter defraudador”.
Por todo ello, Moreno concluye que existen indicios de que los entes televisivos han participado en la omisión de estos hechos, no como un mero instrumento del delito «sino auténticos sujetos de derechos y obligaciones, y por tanto deben adquirir el estatus jurídico procesal de investigado con los derechos y garantías inherentes al mismo».
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