El colectivo se reunió el pasado jueves en La Palma de Condado (Huelva) con parlamentarias autonómicas de Adelante Andalucía y con el eurodiputado Miguel Urbán, a quienes explicaron “otra realidad” de los frutos rojos onubenses,
JHL exige y apoya la regularización para todas las personas migrantes: “si todos los trabajadores estuviéramos en igualdad de condiciones no se daría la problemática existente ni se provocarían enfrentamientos”.
El colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha (JHL) trasladó el jueves “la situación de abuso y explotación que sufre trabajadores del campo onubense en los tajos de forma generalizada” a las parlamentarias autonómicas Ángela Aguilera y María Gracia González (Adelante Andalucía), y al eurodiputado Miguel Urbán, adscrito al Grupo de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica.
En un encuentro mantenido en La Palma del Condado (Huelva), los tres parlamentarios escucharon de las trabajadoras onubenses relatos, en primera persona, que dibujan un panorama de incumplimiento generalizado del Convenio Colectivo del Campo de Huelva por parte de los empresarios agrícolas. Una violación de derechos que excede sobremanera lo que las organizaciones patronales más importantes describen recurrentemente como “casos aislados”, y que se produce ante la mirada impasible (RAE: que no se altera, perturba o muestra emoción alguna ante una impresión o estímulo externo que normalmente producen turbación, desencadenan una emoción o inducen a determinada acción) de la Administración Pública, abonada sin fisuras al relato patronal. O azote que denuncia campañas de “bulos que no son justos”, como afirmaba esta semana la consejera popular de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo. En el álbum de fotos de la Junta de Andalucía no hay un espacio para las trabajadoras del campo. La única voz que escucha y amplifica el gobierno andaluz es la de las organizaciones patronales cuyas empresas acumulan el grueso de denuncias ante la Inspección de Trabajo de Huelva.
«La victoria en la lucha por los papeles para nuestros compañeros africanos conllevaría una mejora en derechos humanos para ellos y en derechos laborales para nosotras”
El colectivo onubense Jornaleras de Huelva en Lucha se ha sumado a la campaña #RegularizaciónYA que exige al Gobierno la regularización para todas las personas migrantes. Para JHL la situación de vulnerabilidad y situación de extrema necesidad de trabajadores sin papeles favorece la explotación laboral en el campo, y debilita la capacidad reivindicativa y negociadora de los jornaleros. «Si todos los trabajadores, estuviéramos en igualdad de condiciones no se daría esta problemática ni se provocarían enfrentamientos. La victoria en la lucha por los papeles para nuestros compañeros africanos conllevaría una mejora en derechos humanos para ellos y otra en derechos laborales para nosotras”, subraya Pinto, portavoz del colectivo de jornaleras de Huelva.
Es por ese motivo, que las mujeres de JHL agradecieron a las dos parlamentarias autonómicas y al eurodiputado Urbán su interés por la realidad de las jornaleras y jornaleros onubenses, al tratarse de la primera reunión “institucional” mantenida por el colectivo que ha liderado esta campaña las reclamaciones de los trabajadores del campo. JHL transmitió a González, Aguilera y Urbán su confianza de que lo que el jueves conocieron directamente de las protagonistas, se convertirá en iniciativas parlamentarias que ayudarán a “normalizar” los aspectos sociolaborales de la industria agrícola.
EL RELATO NO ESCUCHADO DE LAS JORNALERAS
El mayor problema para las jornaleras se encuentra en “el maltrato y las normas abusivas que obligan a firmar a las temporeras algunas de las principales empresas del sector de los frutos rojos», y en los propios salarios percibidos, que se sitúan, en la inmensa mayoría de los casos, por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Condiciones a las que suman las “listas de productividad”, el extendido sistema empresarial que “penaliza” a las jornaleras y jornaleros que no alcanzan una media de cajas recogidas. La media cambia cada día y no está regulada en ningún tipo de convenio o normativa legal. A efectos prácticos, crece o decrece en función de qué trabajador ha recoge más cajas ese día. Tanto JHL como otras fuentes consultadas por esta revista coinciden en que se trata de una práctica ilegal, que impone, a través de “normativas internas” dictadas unilateralmente por las empresas y toleradas por la Inspección de Trabajo, una suerte de producción a destajo no permitida.
HORAS EXTRAS, RENUNCIAS OBLIGADAS…
Una de las consecuencias de la existencia de estas listas, comenta Ana Pinto, es que “al colectivo jornalero andaluz cada vez se le hace más difícil conseguir un jornal, al existir enormes bolsas de trabajadores de otros países en los que el salario conseguido en Huelva durante la recolecta de frutos rojos compensa los incumplimientos de convenio”. Una disposición a tragar con abusivas condiciones de trabajo, que lleva implícita la renuncia expresa a reclamar derechos sociales y salariales por parte de miles de trabajadores y trabajadoras de origen rumano, polaco o búlgaro (europeos sin euro). También de otros contingentes expresamente “importados” -con compromiso de devolución- como el de las mujeres marroquíes contratadas en origen. “Esta situación acaba provocando discursos de odio contra nuestros compañeros y compañeras migrantes, debido al rechazo de muchos empresarios a contratar mano de obra autóctona”, sostiene Ana Pinto. Como puso el pasado jueves en cocimiento de los representantes parlamentarios, “las listas de productividad obligan a competir en los tajos, y favorece los incumplimientos del Convenio Colectivo respecto del pago de horas extras, kilometraje, y otros”.
HORAS EXTRAORDINARIAs, LA JUGOSA PLUSVALÍA ILÍCITA DE LOS FRUTOS ROJOS
El sindicalista y dirigente histórico del Sindicato Andaluz de Trabajadores Diego Cañamero, recientemente elegido miembro del Consejo Ciudadano de Podemos, calcula que las campañas de frutos rojos generan cada año hasta 9 millones de horas extraordinarias. Según reconocen, sottovoce, no pocos empresarios del sector, se pagan entre 6 y 8 euros.
Los trabajadores de las empresas que pagan “a ocho” se sienten unos privilegiados. Pero lo cierto es que el valor real establecido en convenio colectivo se sitúa en torno a los 12 euros (algo más de 13 si se aplicara el SMI). Si todos los empresarios de los frutos rojos pagaran la hora extra al privilegiado precio de 8 euros, las 9 millones de horas que calcula Cañamero se traducirían en 36 millones de euros de “plusvalía ilegítima sobre las rentas del trabajo” obtenida por las empresas. 36 millones que debían haber ido al bolsillo de las jornaleras y jornaleros.Si se pregunta al lado patronal, los empresarios que admiten abiertamente que la hora extra no se paga según Convenio, alegan que cumplir lo establecido afectaría gravemente a la rentabilidad de sus empresas. ¿”A qué precio tengo que vender yo la fresa para pagar lo que dice el Convenio?”, preguntaba a hace unos días a un sindicalista un polémico empresario cartayero considerado un “pionero” y un “referente” en la contratación de migrantes para la recolecta de frutos rojos.
Para JHL, esto también “sucede porque [los empresarios] cuentan con una mano de obra que viene de otros países con aún más necesidades que las nuestras, sin papeles ni derechos, que acaban siendo explotados en los tajos, de sol a sol, por un mísero salario”, ante el “abandono de las Administración y de los grandes sindicatos, lo que otorga total impunidad a la patronal para explotarnos”.
Para Ana Pinto, uno de los grandes muros a los que se enfrentan los jornaleros andaluces es ese. “Las denuncias a la Inspección de Trabajo no sirven para nada. Los trabajadores que se atreven a denunciar son despedidos, y cuando se produce la inspección ni siquiera se les toma declaración”. La Mar de Onuba ha tenido acceso a informes emitidos este año por la Delegación Provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de los que se infiere que la ITSS de Huelva han “teleinspeccionado” durante la anómala campaña de berries 2020, condicionada por la pandemia de COVID-19 y el estado de alarma. Por resumir, la ITSS de Huelva ha requerido a las empresas denunciadas, vía e-mail, una respuesta sobre los hechos denunciados, y en sus informes hace constar acuse de recibo de las respuestas dichas respuestas, sin especificar su contenido. Los informes finalizan con una sorprendente “recomendación” a los denunciantes, “si persisten los incumplimientos deberán interponerse una nueva denuncia”.
EL COSTE DE SER JORNALERAS, 127 EUROS MENSUALES
A Jornaleras de Huelva en Lucha también le preocupa “la subida de impuestos en el sello agrícola”. La cuota que, además de las retenciones por Seguridad Social e IRPF en sus nóminas, deben pagar los trabajadores del campo para acceder al subsidio de desempleo, el mal llamado “paro agrícola”. Tras la última subida, la cuota del sello se sitúa en 127 euros, lo que deja el subsidio agrario en apenas 428 euros mensuales. “Esta precariedad hace la vida en los pueblos cada vez más difícil”, destaca Pinto.
“Después de escuchar nuestra denuncia”, indica JHL, las diputadas Aguilera y González y el eurodiputado Urbán “se han comprometido a apoyar nuestra lucha ejerciendo de altavoz en el Parlamento Andaluz y denunciando también en Europa la grave situación a la que seguimos enfrentándonos las jornaleras y jornaleros en pleno siglo XXI. Todo ello supone otro pequeño paso para nuestro colectivo, que desde la auto organización de las bases está demostrando que la unidad y la lucha son el único camino posible para conseguir los derechos laborales que nos fueron robados”.
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