Los magistrados de la Corte Penal Internacional (CPI) autorizaron este jueves 14 de noviembre de 2019 a la fiscalía a abrir una investigación formal sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos sistemáticamente contra la minoría rohinyá en la frontera entre Myanmar con Bangladesh, país en el que se han refugiado más de 700 000 personas de esa minoría musulmana.
La aprobación de las pesquisas responde a la solicitud presentada el 4 de julio de 2019 por la fiscalía del CPI y a peticiones de centenares de miles de supuestas víctimas.
De acuerdo con los registros de la Corte, las presuntas víctimas insistieron de manera unánime en la necesidad de una investigación, argumentando que sólo la justicia y la rendición de cuentas pueden garantizar el fin del ciclo de violencia en su contra.
La Cámara del tribunal encargada del caso, integrada por los jueces Olga Herrera Carbuccia, Robert Fremr y Goeffrey Henderson, escuchó a todos los individuos y organizaciones que acudieron en calidad de víctimas o de asesores de éstas víctimas a pedir que se abriera el proceso.
Los colegiados determinaron que la CPI podría ejercer su jurisdicción sobre los delitos denunciados ocurridos en un Estado parte de su Estatuto. En este caso, Bangladesh es parte por haber ratificado el Estatuto de Roma en 2010. Myanmar, en cambio, no es parte de la máxima instancia judicial del sistema de la ONU.
La Cámara consideró que existe una base razonable para creer que los actos sistemáticos de violencia pueden catalogarse como crímenes de lesa humanidad y listó entre ellos la deportación y persecución por motivos étnicos y religiosos contra la población rohinyá.
Los jueces no determinaron si se investigarían otro tipo de crímenes dentro de su jurisdicción, pero no descartó que pueda haber una futura indagación sobre ellos.
Los documentos proporcionados dan cuenta de entre 600 000 y un millón de rohinyás desplazados de manera forzada de Myanmar a Bangladesh.
El procedimiento en la CPI
Para iniciar la investigación, la Oficina del Fiscal reunirá las pruebas necesarias provenientes de distintas fuentes confiables de manera independiente, imparcial y objetiva.
La averiguación no tiene límite de tiempo y puede durar lo que la fiscalía considere necesario para obtener las evidencias.
De encontrar pruebas suficientes para establecer que individuos particulares habrían incurrido en actos de responsabilidad penal, la fiscalía solicitaría a los jueces que emitieran citaciones u órdenes de arresto, según el caso.
Los Estados tienen la responsabilidad de que se cumplan las eventuales órdenes de arresto emitidas por la Corte. Los Estados parte del Estatuto de Roma tienen la obligación legal de cooperar con la Corte. Los otros Estados tienen la capacidad de decidir si desean colaborar voluntariamente.
por Mercedes Aracibia / PEE
El gobierno de Bangladesh tiene previsto el inminente traslado de 100 000 de los 900 000 refugiados rohinyás birmanos que se han refugiado en el país a la isla de Bhasan Char, según la información publicada este fin de semana en el diario francés Libération, firmada por Laurence Defranoux.
Tras la operación de limpieza étnica emprendida en 2017 por las autoridades budistas birmanas contra la minoría musulmana de los rohinyás, y la huída de cerca de un millón de personas que en primera instancia atravesaron la frontera con el vecino Bangladesh, algunas se trasladaron después a países asiáticos y europeos –donde tienen familiares o amigos- pero una gran parte se ha quedado en los campamentos improvisados, esperando el momento de regresar a su país «cuando se haga justicia», y especialmente en el gigantesco reducto de Cox’s Bazar, en un país que ya contaba con 164 millones de habitantes y tiene durante varios meses inundada casi la mitad de su territorio.
Millones de bangladesís viven en los «chars», islas de aluvión planas y frágiles que van surgiendo a medida que los tres grandes ríos himalayos – Ganges, Bramasutra y Megna- van depositando su limo en el delta del Golfo De Bengala. Pero, a diferencia de otras, los únicos habitantes hasta ahora de la isla de Bhasan Char –originada en 2003 a tres horas en barco de la costa- han sido algunos rebaños.
Según la información que publica Libération, asegurando que la operación de traslado ha comenzado el viernes 15 de noviembre de 2019, es «en esta tierra aislada y vulnerable, grande como medio París y cubierta de una vegetación raquítica, donde el gobierno de Bangladesh tiene el proyecto de realojar a 100 000 de los refugiados rohinyás… En YouTube se pueden ver los largos edificios con tejados rojos, los refugios anticiclónicos, las carreteras perfectas. Las autoridades elogian los apartamentos familiares, la electricidad solar, las bombas de agua, los dispensarios, el helipuerto para evacuaciones de urgencia, la posibilidad de pescar en los estanques y de criar ganado: ya se han enviado 2800 búfalos. Desde el punto de vista logístico, las infraestructuras son mejores que en los campamentos, y las autoridades garantizan que solo irán a la isla los voluntarios».
A los rohinyás, cerca de 1,2 millones de musulmanes birmanos que llevan cuarenta años sufriendo un «apartheid despiadado», se les ha privado de nacionalidad y no pueden tener más de dos hijos, ni viajar, ni estudiar.
El 25 de agosto de 2017, tras los ataques a puestos de policía por parte de rebeldes rohinyás, el gobierno birmano puso en marcha una brutal represión, que llevaron a cabo sus fuerzas del orden ayudadas por milicias budistas, que mataron violaron e incendiaron los pueblos. Al menos 740 000 rohinyás atravesaron la frontera y se refugiaron en Bangladesh, una marea humana que inicialmente fue bien recibida y contó con la solidaridad de sus habitantes y con el apoyo del gobierno, que organizó una acogida que debía ser provisional y de la que se encargaba el ejército de Bangladesh con la ayuda del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Programa Mundial de Alimentos y decenas de ONG.
Posteriormente se firmó un acuerdo de repatriación entre Bangladesh y Birmania, que no ofrece garantías de seguridad a los rohinyás: sus fuentes aseguran que hasta hoy solamente 200 000 refugiados «han hecho el camino en sentido contrario».
La información del diario francés asegura que «Bangladesh, que nunca ha firmado la Convención de Ginebra de 1951, prohíbe a los refugiados estudiar, cultivar la tierra o trabajar. Para sobrevivir, se ven obligados a trabajar en negro o cometer delitos, lo que evidentemente despierta recelos, e incluso brotes de xenofobia, entre los habitantes locales. Según un vecino, «los refugiados venden a mitad de precio la ayuda que reciben de las ONG»; para otro, «los rohinyás están en todas partes, nos quitan los trabajos. Yo querría que los reenviaran a su casa».
Las autoridades de Bangladesh no han querido responder a las preguntas del diario francés, que giran en torno a la seguridad, los derechos de los refugiados, el papel de las ONG’s en la isla, la nacionalidad de los niños que nazcan allí y su educación, la justicia y la permanencia del proyecto… «¿El dique de 3 metros de alto será suficiente cuando suba el nivel del agua?.. El asunto divide a la clase política bangladesí, algunos critican unas obras que cuestan 235 millones de euros mientras que 10 millones de habitantes se amontonan en los suburbios de las grandes ciudades del país».
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