AMR considera una “desfachatez” que la empresa presente como un éxito no haber depositado aún los 65 millones del aval impuesto por la Audiencia Nacional.
La asociación sostiene que «la provisión que tiene que preparar Fertiberia es de 2.500 millones de euros», el coste que supondría la retirada total de los fosfoyesos.
“Fertiberia manifiesta una falta de respeto absoluto al pueblo de Huelva. En otros lugares de España realiza inversiones millonarias y aquí nos deja los residuos”, destaca la asociación.
Grupo municipal Mesa de la Ría: «Fertiberia nunca ha tenido intención de poner el dinero para restaurar la marisma».
Miércoles, 12 de agosto de 2020. «La estrategia de Fertiberia es y ha sido, dilatar en el tiempo la solución al enorme problema ocasionado en Huelva con los vertidos ilegales e incontrolados de fosfoyesos sobre la marisma onubense». Han pasado 13 años desde que la Audiencia Nacional sentenció que la empresa había vertido sus residuos por encima de lo que tenía autorizado y condenó a Fertiberia a restaurar ese espacio natural. Lejos de cumplir la sentencia, la empresa continuó vertiendo fosfoyesos durante tres años más, al socaire de los múltiples recursos, súplicas, reformas y cuantas ventanas judiciales consiguieran aplazar al máximo la firmeza de la sentencia. Finalmente, la Justicia obligó a cesar los vertidos el 31 de diciembre de 2010. Ese día, la fábrica cesó también su actividad y cerró su planta química de la capital onubense. Una década más tarde, el litoral onubense de la capital onubense aún alberga las balsas de fosfoyesos y Fertiberia continúa sin asumir su responsabilidad como causante del desastre -cuanto menos- paisajístico provocado por sus residuos, y ni siquiera ha depositado los 65’9 millones de aval impuestos por la Audiencia Nacional. Una cantidad que, como recuerda la Asociación Mesa de la Ría (AMR), apenas cubre el 2’3 % de los 2.500 millones que supondría, según los cálculos realizados por la Junta de Andalucía, el coste de la retirada de los fosfoyesos y la restauración total de la marisma.
El pasado viernes, 7 de agosto, Fertiberia hizo público, como si de un gran éxito empresarial se tratara, que había comunicado a la Audiencia Nacional el “logro” de constituir avales bancarios que apenas suman 36,1 millones de euros, el 55% del total impuesto por el órgano judicial, y que continúa con «un intenso proceso de negociación» para intentar alcanzar la cantidad total de 65,9 millones. En realidad, la empresa, que acaba de anunciar una inversión de 150 millones para una «factoría verde» en Puertollano (Ciudad Real), trataba de justificar ante la Audiencia Nacional no haber cumplido, de nuevo el plazo para depositar la fianza impuesta. Fertiberia dispone de fondos para abrir nuevas fábricas, pero carece de solvencia para asumir sus responsabilidades por los daños causados por las ya cerradas.
“Está a punto de conseguir el dinero, dice Fertiberia… ¡¡¡Qué desfachatez!!! Como si este fuera el meollo de la cuestión”, critica con dureza en un comunicado la Asociación Mesa de la Ría. “Si no fuera suficiente farsa todo lo transcurrido hasta ahora, Fertiberia manifiesta una falta de respeto absoluto al pueblo de Huelva. En otros lugares de España realiza inversiones millonarias y aquí nos deja los residuos”, destaca la asociación.
“El verdadero problema son los vertidos de fosfoyesos incontrolados e ilegales en la marisma, como ya pusiera en evidencia el expediente por incumplimientos en el contrato de concesión abierto contra Fertiberia por la Dirección Provincial de Costas de Huelva allá por el año 2001”, sostiene AMR, “La sentencia de la Audiencia Nacional establece que se han vertido residuos por encima de lo autorizado, de lo que se desprende, sin lugar a duda, el proceder ineludible de la retirada de los fosfoyesos. No cabe otra interpretación y ningún enfoque ambiental. El Ministerio lo sabe y está jugando al juego que Fertiberia marca y le interesa. Ni la fianza, ni el proyecto que la empresa presentó en el 2014 y que el Ministerio dice que está evaluando, tienen nada que ver con la realidad de la situación”.
Para la asociación, “es imprescindible recordar y aclarar que todo lo que se ventila en este delirante asunto de los fosfoyesos, en la marisma de Huelva, tiene un carácter exclusivamente administrativo. La empresa fue condenada por la Audiencia Nacional, con ratificación del Supremo en el 2011, al final de un procedimiento Contencioso-Administrativo, que nada tiene que ver con un delito ambiental”.
Efectivamente, la sentencia de la Audiencia Nacional ponía fin a un proceloso proceso judicial iniciado con la retirada de la concesión administrativa para verter residuos. La empresa incumplía las condiciones de dicha concesión, y superaba con creces el vertido autorizado por el gobierno andaluz. En 2003, el Gobierno ordenó cesar el vertido sobre la Marisma onubense de más residuos contaminantes (“subproducto”, según la nomenclatura técnica de la empresa). La Orden Ministerial declaraba “caducada” la concesión, y esgrimía como motivo los incumplimientos por parte de Fertiberia, a la que se había permitido que los fosfoyesos fueran apilados en capas de 3 metros de altura en la Marisma, y ya entonces sobrepasaban los 30 metros. Fertiberia supo exprimir los mil y un trucos y artificios legales del Estado de Derecho durante siete años más, y no fue hasta 2010 que la Audiencia Nacional dictó la sentencia que fijó el cese definitivo de los vertidos, sin más demoras, para el 31 de diciembre de 2010. Hasta esa fecha, Fertiberia siguió depositando sus residuos en la Marisma hasta acumular más de 120 millones de toneladas en 1.200 hectáreas de marisma. Una superficie similar a la de la propia Ciudad de Hueva. La empresa luchó hasta el final por seguir vertiendo fosfoyesos y recurrió “en súplica”, pero la Audiencia Nacional rechazó la pretensión y ratificó la prohibición de abrir nuevas balsas, y, lo más importante, estableció la obligación de Fertiberia de asumir el coste de la regeneración ambiental de los terrenos afectados por 42 años de vertidos incontrolados.
La propuesta de Fertiberia
En ese sentido, para la Asociación Mesa de la Ría, “la provisión que tiene que preparar la empresa es de 2.500 millones de euros», el coste que supondría, según cálculos realizados por la Junta de Andalucía, la retirada total de los fosfoyesos. AMR defiende que ello «traería a Huelva muchos puestos de trabajo en una nueva industria de la descontaminación y la marisma limpia”. Fertiberia, por su parte, rechaza esta pretensión del colectivo onubense, que califica de “inviable”, y apuesta por un proyecto, mucho más económico, de “encapsulado” de las balsas con un polímero plástico (con una vida útil de 400 años), cubrir este de arcilla y tierra fértil, y dotarlo de vegetación. Los críticos con esta propuesta la denominan «solución capita de tierra«.
La sentencia, firme, de la Audiencia Nacional obliga a Fertiberia a la “restauración medioambiental” de la marisma. Ni el Ayuntamiento de Huelva, la Autoridad Portuaria, la Junta de Andalucía o el Gobierno de España se han pronunciado con claridad sobre qué supone y qué se debe exigir a Fertiberia para considerar restaurada medioambientalmente la zona. Tampoco lo han hecho las sucesivas mesas y comités de expertos que debaten desde hace años sobre este aspecto. “Todos colaboran en la ceremonia de la confusión que celebra Fertiberia y que dura ya 20 años”, lamenta la Asociación Mesa de la Ría.
El grupo municipal Mesa de la Ría considera que "la empresa nunca ha tenido intención de poner el dinero para restaurar la marisma".
Tras conocer, a través de la Audiencia Nacional, las siete propuestas de avales presentadas por Fertiberia, por un importe de alrededor de 36 millones de euros, Mesa de la Ría tiene claro que la empresa “nunca ha tenido intención de poner el dinero para restaurar la marisma”. De hecho, la organización ha presentado hoy un escrito ante la Audiencia Nacional alertando sobre “esta maniobra de la empresa” que, por un lado, “trata de eludir la constitución del aval” y por otro intenta presionar al Ministerio de Transición Ecológica y a la Junta de Andalucía para que le dé las autorizaciones ambientales pertinentes (DIA y AAI).
En este sentido, el concejal de Mesa de la Ría Rafael Gavilán asegura que “podría darse el caso de que alguna de estas autorizaciones administrativas resultara desfavorable para Fertiberia, lo que supondría la falta de garantía económica para los trabajos de restauración”.
Además, en las alegaciones presentadas, Mesa de la Ría solicita a la Justicia que Fertiberia deposite de inmediato la totalidad de los 65,9 millones de euros requeridos y que este aval tenga vigencia hasta que la empresa acabe con las labores de restauración, ya que las garantías suscritas con diferentes entidades bancarias solo alcanzarían una duración de cinco años prorrogables por otros cinco.
De nuevo, Rafael Gavilán sostiene que “Feriberia se ríe de la Justicia, de Huelva, de sus ciudadanos y de las instutuciones que los representan.” De hecho, el colectivo ciudadano solicita a la Audiencia Nacional que se lleven a cabo las medidas coercitivas previstas y que se proceda al embargo de los bienes de Fertiberia por valor de 65,9 millones de euros.
El problema medioambiental que acarrean las balsas de fosfoyesos requiere de una intervención contundente por parte de todas las Administraciones implicadas, si lo que se desea es alcanzar una solución definitiva a esta situación.
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