El PSOE de Palos lamenta “el juego sucio” del alcalde y diputado del PP.
Sábado, 29 de abril de 2023. La Junta Electoral Central ha instado al alcalde “popular” de Palos de la Frontera (Huelva), Carmelo Romero, a retirar en un plazo improrrogable de 24 horas dos vallas publicitarias colocadas este viernes, 28 de abril, por “infringir la legislación electoral vigente”. Se trata de dos anuncios con propaganda institucional de grandes dimensiones que publicitan proyectos futuros, por lo que «alteran la neutralidad institucional de cara al desarrollo legal y transparente de unas elecciones», segúin ha denuciado el PSOE de Huelva en un comunicado.
La JEC, en este sentido, ha recordado que «existe reiterada doctrina sobre la obligación de los poderes públicos de mantener estrictamente la neutralidad política durante los procesos electorales”, doctrina confirmada por Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sección 6ª) de 28 de abril de 2016.
El PSOE lamenta la “falta de transparencia y objetividad” del alcalde y candidato por el PP
La candidata socialista a la Alcaldía de Palos de la Frontera, Belén Castillo, ha lamentado la “falta de transparencia y objetividad” del alcalde y candidato por el PP, Carmelo Romero, al colocar, incumpliendo la normativa electoral. Castillo ha indicado que la JEC viene recordando reiteradamente la obligación de las administraciones públicas de ser neutrales durante los procesos electorales en lo referente a la publicación y propaganda en los edificios y espacios públicos.
Para Belén Castillo, “el comportamiento de Carmelo Romero es inadmisible y contrario a los principios de libertad e igualdad electoral. Con este acto, se evidencia una clara intención de condicionar la voluntad de los palermos y palermas”.
La candidata socialista pide transparencia y juego limpio a quienes se presentan en las elecciones municipales. “Después de 28 años en la alcaldía, quien comete este tipo de infracciones las comete sabiendo exactamente lo que hace y el perjuicio que ello conlleva para el municipio y los ciudadanos que serán, en última instancia, quienes terminen abonando las sanciones con el dinero de sus impuestos”.
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