El informe preceptivo de la Dirección General de Tributos concluye que la operación genera una «descapitalización de la entidad local de un 120% sobre sus ingresos totales».
«De las condiciones que constan en la documentación que se aportó por parte de la Mas no se desprende la existencia de garantías suficientes para que el traspaso de la titularidad y privatización del servicio se realice primando el interés general y la adecuada prestación del servicio», advierte el gobierno andaluz.
Sin embargo, la Junta reconoce a GIAHSA como una sociedad no financiera productora de mercado, por lo que abre la puerta a no exigir las medidas de «prudencia financiera» propias de las empresas de titularidad pública.
Martes, 19 de abril de 2022. La Junta de Andalucía continúa con el contencioso administrativo interpuesto contra la operación de financiación a largo plazo y la reestructuración de las concesiones demaniales de GIAHSA, según han confirmado fuentes de la Vicepresidencia en un comunicado remitido este martes a La Mar de Onuba.
Para que el pleno de la Mancomunidad de Servicios (MAS) pueda aprobar dicha operación es preceptivo, si bien no vinculante, informe de la Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones locales y Juego sobre la misma.
Dicho informe versa sobre aspectos financieros diferentes a los que han motivado que la Delegación Territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local de Huelva iniciara los trámites necesarios para la interposición del recurso contencioso administrativo, previo informe favorable del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.
En el informe de la Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones locales y Juego se concluye que esta operación es poco prudente ya que genera una descapitalización de la entidad local de un 120% sobre sus ingresos totales. Además, según sigue señalando el informe, de las condiciones que constan en la documentación que se aportó por parte de la Mas no se desprende la existencia de garantías suficientes para que el traspaso de la titularidad y privatización del servicio se realice primando el interés general y la adecuada prestación del servicio, pues parecen estar configuradas para priorizar el pago de la deuda financiera.
El informe señala que debería acompañarse de cláusulas garantes de una adecuada regulación del mismo en términos de precio, cantidad y rendimientos u otras obligaciones específicas del servicio para el caso de privatización.
Sin embargo, al estar calificada GIAHSA como una sociedad no financiera “ productora de mercado ”, aunque sea propiedad 100% de una entidad local como es la mancomunidad , es posible que estas medidas de prudencia no le puedan ser de aplicación legalmente, aunque sea la MAS y los ayuntamientos que la componen los que finalmente vayan a responder por las operaciones financieras.
FUENTE: Vicepresidencia de la Junta de Andalucía
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