🚨 El protocolo fue activado por el Hospital Juan Ramón Jiménez, donde la víctima fue atendida tras la agresión sexual.
🗞️ La víctima retiró los cargos contra el presunto agresor en el Juzgado sin haber recibido atención psicológica, información sobre recursos asistenciales o asesoramiento jurídico.
🗞️ La agresión tampoco fue notificada por el cuartel de Moguer a Amuvi, la asociación facultada por el Instituto Andaluz de la Mujer para la asistencia integral e inmediata a las víctimas de Violencia de Género y agresión sexual.
🗞️ La Subdelegación del Gobierno en Huelva descarta impulsar una investigación y reduce la denuncia de AUGC a “una cuestión de procedimiento cuestionada por una organización sindical”.
🗞️ AUGC da por hecho que el caso quedará sin investigar, ya que el Instituto Armado no reconoce a la asociación progresista de guardia civiles competencias para solicitarlo.
🗞️ La asociación progresista de guardias civiles defiende el trabajo realizado por los agentes del cuartel moguereño para asistir a la víctima, y señalan las «irregularidades» en las órdenes del oficial de puesto.
🗞️ “La presunta víctima puede presentar una reclamación si no está satisfecha con el trato recibido”, dice un portavoz de la Guardia Civil a La Mar de Onuba.
🙅🏻♀️ La mujer, una joven marroquí de 28 o 29 años, sin NIE y con limitaciones idiomáticas, mantiene o mantenía una relación de pareja con el presunto agresor.
Viernes, 5 de febrero de 2021. El oficial responsable del puesto de la Guardia Civil de Moguer el pasado 19 ordenó que una mujer marroquí violada en la localidad esa misma noche fuera atendida por el “oficial de puertas”, y que no se hicieran más trámites que levantar el atestado, acompañar a la víctima a su domicilio y mantener un dispositivo de vigilancia hasta que su agresor, un hombre con el que mantiene o mantenía una relación de pareja, fuera detenido, hecho que tuvo lugar la mañana siguiente en la explotación agrícola de la que es o era trabajador.
La decisión del oficial del puesto supuso la paralización del protocolo de asistencia a víctimas de violencia de género y agresiones sexuales que había sido puesto en marcha, también esa misma noche, por los profesionales del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, al que la mujer había acudido tras sufrir la agresión. La exploración realizada en el centro hospitalario confirmó que las lesiones respondían a un caso de violación, lo que supuso la activación del dispositivo.
A partir de ese momento la víctima permaneció en todo momento custodiada por una patrulla que la acompañó hasta el cuartel de la Guardia Civil de Moguer, donde los agentes, según sostienen fuentes de Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) conocedoras de los hechos, esperaban que se hubiera seguido el “completo protocolo” diseñado por la Dirección General de la Guardia Civil, que detalla, entre cosas, cómo se debe proceder para atender a la víctima y garantizar que se ponen a su disposición todos los recursos asistenciales (jurídicos, psicológicos y sociales) que la legislación española contempla para las víctimas de violencia de género y agresiones sexuales.
En concreto, según explican las fuentes de AUGC consultadas, el oficial del puesto debía haber notificado de forma inmediata el caso a los Equipos Mujer-Menor (EMUME), desplegados a nivel comarcal, y en el que se encuadran las Unidades Orgánicas de Policía Judicial (UOPJs) de la Guardia Civil especializadas en hechos delictivos en los que se encuentran implicados mujeres y menores, tanto en calidad de víctimas como de autores. Están compuestos por guardias civiles con la formación necesaria para tratar de manera adecuada estos delitos. Los Emume son los equipos que, además de instruir las diligencias policiales y desarrollar la investigación criminal hasta su esclarecimiento, son los que deben atender y asesorar personalmente a las víctimas, solicitando los apoyos asistenciales ofrecidos por otras Instituciones públicas. En Andalucía, estos son prestados por el Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía, que tiene delegadas sus atribuciones en la Asociación AMUVI.
Sin embargo, como se cuenta en el comunicado de AUGC del pasado 23 de febrero (recogido por La Mar de Onuba), el oficial del puesto esa noche en Moguer rechazó poner el caso en conocimiento de la policía judicial del cuerpo, activar los equipos Emume o avisar a AMUVI. Una portavoz autorizada ha confirmado a esta revista que no consta en el registro de la asociación ninguna notificación de la Guardia Civil que responda a los hechos denunciados en Moguer la madrugada de 20 febrero. Así, siguiendo instrucciones del máximo superior del cuartel moguereño, la mujer fue atendida por el “oficial de puertas”, que tuvo que limitarse, dentro de las posibilidades de su puesto, a levantar el correspondiente atestado con los datos recogidos en el informe médico del Hospital Juan Ramón Jiménez, y la declaración de la mujer, que apenas habla unas pocas palabras en español, en la que identificó a su agresor.
Tras firmar un atestado cuya literalidad desconocía, la víctima fue acompañada por una patrulla a una vivienda de Moguer, donde según las fuentes consultadas, vive con otra chica. Dos agentes permanecieron toda la noche cerca del domicilio “estando al loro y dándole protección”.
El presunto violador de la mujer, un hombre marroquí con el que mantiene o mantenía una relación de pareja, fue detenido por agentes de la Guardia Civil a la mañana siguiente en una finca agrícola de la comarca, y puesto a disposición del Juzgado de Moguer. Fuentes de la AUGC sostienen que cuando allí se le tomó declaración, y “sin que se conozcan los motivos”, la mujer negó que el detenido le hubiera agredido, por lo que el juez decretó que fuera puesto en libertad. Las fuentes de la asociación progresista de guardias civiles “creen” que el caso «ha sido archivado».
En la actualidad, la fuentes consultadas desconocen el paradero y situación personal de la víctima.
AUGC PIDE QUE SE ABRA UNA INVESTIGACIÓN
Como adelantaba esta revista el pasado viernes, el presunto violador de la mujer marroquí es otro ciudadano de la misma nacionalidad con el que la víctima mantiene o mantenía una relación de pareja, y con el que había regresado «de recoger fruta en Granada» hace unas semanas. Fuentes cercanas a la comunidad marroquí de Moguer, consultadas por La Mar de Onuba, sostienen que el individuo en cuestión tiene una condena de cárcel por delitos de drogas en situación de suspenso, por lo que los cargos por una agresión sexual, corroborada por un informe médico, podrían suponer su inmediato ingreso en prisión. Por este motivo, y «asesorada por una abogada de oficio», según aseguran las mismas fuentes, la victima habría desistido finalmente de ratificar la denuncia en el Juzgado de Moguer.
Nadie sabe qué ocurrió en el periodo transcurrido desde que los agentes acompañaron a la víctima a su domicilio y su declaración en el Juzgado, pero en el seno de la Asociación Unificada de Guardias Civiles se sospecha que hay una relación directa entre la decisión de retirar los cargos contra su presunto agresor y la deficiente atención recibida en el cuartel de Moguer. En este sentido, destacan que la exploración médica realizada a la víctima en el Hospital Juan Ramón Jiménez confirmó que la mujer había sido víctima de una violación, y que ella misma había señalado a la persona detenida como su agresor ante el «oficial de puertas»,
«Esta señora pudo ser mejor o peor atendida, y nosotros no sabemos exactamente cómo fue», comentaba ayer a esta revista un integrante de AUGC. «Estamos seguros que el compañero [por el oficial de puertas] actuó de manera profesional e hizo lo posible por ayudarla. Igual que los compañeros que estuvieron con ella antes y después de acudir al cuartel. Pero evidentemente, si la hubiese atendido alguien que sabe de qué va el tema y que está específicamente preparado para casos de esta gravedad, pues seguramente la hubiesen atendido mejor que si le atiende alguien que desconoce cómo se trata ese tipo de víctima», añade, incidiendo en que las irregularidad está en la orden de no seguir el protocolo. «Si tenemos un protocolo para estos casos, es necesario que se cumpla».
En este caso, las cosas no se han hecho debidamente, al no requerir el oficial del puesto la intervención de los Emume o notificar el caso a la Asociación Amuvi del IAM, aseveran desde AUGC. Como consecuencia, la víctima no recibió asesoramiento ni apoyo psicológico. Información especializada ni asesoramiento jurídico. Tampoco asistencia legal especializada en la declaración ante el Juzgado. Asimismo, no fue informada (al menos aquella noche, dadas las barreras idiomáticas que caracterizan el caso) de los derechos de indemnización de la Ley 35/1995, de la ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, a los que tendría derecho, a pesar de carecer de NIE o no tener regularizada su estancia en España.
Las fuentes de AUGC consultadas aseguran que por este motivo hay un «gran malestar» entre los agentes de la Guardia Civil de Huelva. Temen que este caso de violencia machista y agresión sexual se haya resuelto en una situación de total indefensión para la víctima. Por eso han solicitado a la Subdelegación del Gobierno en Huelva, así como a la jefatura provincial del Instituto Armado, que se abra una investigación, y que se aclare por qué el oficial del puesto de Moguer no siguió adelante con el protocolo iniciado por el Hospital Juan Ramón Jiménez. «Cuando hay este tipo de delitos se participa a los mandos para que estos ordenen a Policía Judicial que instruyan las diligencias. Pedimos una investigación para ver por qué no se hizo».
La solicitud de investigación de las "irregularidades en la atención a una víctima de violación" fue remitida por AUGC a la Subdelegada del Gobierno, Manuela Parralo, y al Coronel Jefe de la Comandancia de Huelva, Andrés López García, el pasado 23 de febrero, tres días después de haberse producido la violación, confirmada por los servicios sanitarios del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, y tras haber tenido conocimiento la asociación progresista de guardias civiles de que la víctima había retirado los cargos contra su presunto agresor.
Sin embargo, las fuentes de AUGC consultadas por La Mar de Onuba son bastante pesimistas respecto de que su petición sea atendida y el caso sea debidamente investigado. "A nosotros el jefe no nos ha contestado todavía, pero ya te digo yo lo que nos va a contestar", dice un portavoz de la asociación. "Nosotros ponemos denuncias... pues en el año 2020, 40 o 50, y él siempre contesta que este tema de servicio 'no está dentro de las de las competencias de las asociaciones profesionales' [como AUGC]. Entonces, no nos da ningún tipo de explicación", lamenta. "Somos una asociación de corte sindical, ni siquiera somos un sindicato, y como asociación profesional dentro de la Guardia Civil, tenemos muchísimas cosas limitadas".
"Ese es el motivo también de dar el comunicado de prensa", añade el portavoz citado de AUGC. "Porque a nosotros no nos contesta, y probablemente no haga nada si no sale en la prensa. Ahora que ya ha salido algo, pues igual habrá tenido que dar explicaciones en algún sitio y habrá tenido que pedirle explicaciones al oficial, y se habrá abierto algún tipo de investigación interna, pero a la que no vamos a tener acceso nadie. A lo mejor vosotros [por los medios de comunicación], o algún político de la oposición o alguien consigue que se informe y se vea todo lo que ha ocurrido, pero para nosotros, la verdad, es que es muy difícil entrar ahí. Y encima con el riesgo de que te puedan abrir cualquier expediente disciplinario sólo por presentar el escrito".
"No constan irregularidades"
Una fuente autorizada de la Subdelegación del Gobierno aseguró el pasado miércoles a esta revista que "no constan" irregularidades en el caso de la denuncia de violación tramitada en Moguer la noche del 19 al 20 de febrero. "Hubo una denuncia y se actuó en consecuencia. El agresor fue detenido y puesto a disposición judicial, y la mujer fue custodiada y asistida por agentes de la Guardia Civil en todo momento". Respecto de la solicitud de investigación formulada por AUGC, la fuente autorizada de la Subdelegación del Gobierno en Huelva responde que se trata de una "cuestión de procedimiento cuestionada por una organización de corte sindical", y que esta debe ser resuelta en el seno de la Guardia Civil, por lo que se descarta una investigación impulsada por la Subdelegada del Gobierno, Manuela Parralo.
Por su parte, en términos similares se pronuncia el Instituto Armado. Fuentes de la comandancia onubense coinciden en el mismo argumentario que la Subdelegación. Hubo denuncia, detención, protección de la víctima y resolución judicial. Las mismas fuentes recuerdan que la Guardia Civil es un cuerpo jerarquizado, y que al frente de los puestos hay oficiales debidamente formados y capacitados para dar las órdenes más adecuadas en cada atestado. En cualquier caso, según ha asegurado un portavoz de la Dirección General de la Guardia Civil a La Mar de Onuba, se hará una "averiguación" interna -que "no será rápida" y de la que "no se dará información a la prensa"- para responder al escrito de la AUCG.
"Si la presunta víctima no está satisfecha con el trato recibido en el cuartel de Moguer, está en su derecho de presentar una reclamación", añade el portavoz de la Dirección General de la Benemérita.
En La Mar de Onuba… TRIBUNA
Alzar la voz cuando no respondemos al perfil de víctima de violencia de género
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