Las mafias de la vulnerabilidad: la Guardia Civil desarticula en Huelva una red que vendía empadronamientos ilegales a trabajadores migrantes que buscan regularizar su situación en España

🚔 La operación Ñomblo, que permanece abierta, se salda con 14 detenidos.

🗞️ Los imputados cobraban importantes sumas de dinero por un certificado ilegal e inútil para obtener el permiso de residencia.

🗞️ Hasta 83 personas habían sido inscritas en un mismo domicilio de la localidad onubense de Villarrasa, cuyo propietario es uno de los detenidos.
🗞️ La Guardia Civil les atribuye Delitos de contra los Derechos de Ciudadanos Extranjeros, Estafa y Falsificación de documento público.
📇 Nico Ferrando

 

Viernes, 4 de junio de 2021. 14 persona han sido detenidas en el transcurso de la denominada Operación Ñomblo, desarrollada por la Guardia Civil en la provincia de Huelva, en la que se imputan delitos contra los Derechos de los Ciudadanos Extranjeros, Estafa y Falsificación de Documento Público (así como una acusación de Atentado contra un Agente de la Autoridad por las lesiones causadas a un agente por uno de los detenidos).

La trama había creado una red de contactos en numerosos puntos de la provincia de Huelva que comunicaba a los cabecillas con personas inmigrantes en «situación irregular», dispuestas a pagar por obtener el empadronamiento, uno de los requisitos que el Estado Español exige a estas personas para poder iniciar las solicitudes de permisos de trabajo y residencia. La emergente industria de la necesidad se nutre, también del engaño.

La Operación Ñomblo, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, comenzó en el verano de 2020, cuando agentes de la Comandancia de Huelva detectaron un aumento significativo en el número de empadronados en una vivienda de Villarrasa. Las investigaciones abiertas constataron la existencia de una trama cuyos cabecilla eran dos varones «españoles y mayores de edad», que habían tejido una red de «intermediarios» de nacionalidad marroquí, senegalesa y maliense, para captar a personas migrantes en situación irregular y deseosas de poner en orden su situación administrativa en nuestro país.

La trama había creado una red de contactos en numerosos puntos de la provincia de Huelva que comunicaba a los cabecillas con personas inmigrantes en «situación irregular», dispuestas a pagar por obtener el empadronamiento, esencial para acreditar la permanencia injustificada en España durante -al menos- tres años. Uno de los requisitos, junto al propio empadronamiento, que el Estado Español exige a estas personas para poder iniciar las solicitudes de permisos de trabajo y residencia. La emergente industria de la necesidad se nutre, también del engaño.

La red de intermediarios era la encargada de captar a estas personas, establecer los precios y desplazarlos hasta la localidad de Villarrasa, donde se cerraban los acuerdos económicos, gestiones por las cuales obtenían directamente del cabecilla parte del dinero por facilitar los contactos.

Simultáneamente la red habría entablado una relación de negocios con el dueño de una vivienda  en la que, a cambio de una suma se dinero, se empadronaban las personas migrantes estafadas. Una vez cerrado el acuerdo, el cabecilla ponía en contacto a los inmigrantes con el dueño de la vivienda y juntos acudían a realizar los tramites de documentación requeridos.

Las víctimas de la estafa, hasta 83 en el último año y medio, según las investigaciones dadas a conocer este viernes por la Guardia Civil, carecían de documentación alguna que justificase su estancia en España. Entre los perfiles se encuentran personas migrantes que en su momento entraron o permanecieron de forma irregular en territorio nacional, algunas de ellas en posesión, en todo caso, pasaportes u otros documentos de identidad expedidos en sus países de origen. Según se desprende la de la información facilitada por el Instituto Armado, otras víctimas serían personas temporeras contratadas en origen para las campañas de frutos rojos, cuyos visados habían vencido al finalizar las temporadas de recolecta.

La trama desarticulada por la Guardia Civil habría estado entregando a sus víctimas documentos de empadronamiento irregulares, haciéndoles creer que es legal inscribirse en domicilios en los que no se reside, lo que, en realidad, podría suponer la comisión de un fraude de carácter delictivo. En consecuencia, y según los datos facilitados hoy por la Guardia Civil, entre los 14 detenidos se encuentran «personas que se habrían beneficiado del empadronamiento, dado que las mismas no residían en la referida vivienda». Estas creían haber dado el primer paso para regularizar su situación en territorio nacional, mientras que el resto de actores en la trama se habrían lucrado económicamente del desconocimiento de estas personas y de su precaria situación, obteniendo en año y medio unos grandes beneficios.

No se descartan nuevas detenciones

Ante la gravedad de los hechos narrados, la Guardia Civil trasladó las diligencias realizadas al Juzgado de Instrucción número 2 de La Palma del Condado, desde el que, a su vez, se han abierto «diligencias previas encaminadas al esclarecimiento total de lo denunciado, «practicando diversas gestiones tendentes a la identificación de la/s persona/s implicadas, así como otras que hayan colaborado con los anteriores, y que pudieran dedicarse a favorecer la inmigración ilegal de ciudadanos extranjeros».

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