Bajo el lema “Estás con la educación pública o no estás” hay convocadas protestas en todas las capitales de provincia. En Málaga la concentración es en la Delegación de Educación a las 12:00 h.
La reducción de la ratio a 15 alumnos por aula, contratación de profesores, protocolo sanitario realizado por personal experto o que aumente la inversión en Educación hasta el 7% del PIB, son algunas de las 15 reivindicaciones.
Marea Verde Andaluza, un movimiento que engloba a distintas organizaciones, entre otras a CNT, Docentes por la Pública, FEL Andalucía, Unión Sindical Estudiantil, Ampas en Píe, y que abarcan al alumnado, madres/padres y personal educativo, tanto docente como no docente, convoca una huelga general educativa en toda Andalucía para mañana jueves 12 de noviembre. La reducción de la ratio a 15 alumnos por aula, contratación de profesores, protocolo sanitario realizado por personal experto o que aumente la inversión en Educación hasta el 7% del PIB, se encuentran entre las reivindicaciones. Es una información de EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com.
En un comunicado (AQUÍ) publicado en su página web explican que el mayor motivo de esta protesta es sanitario: “Los brotes de COVID-19 surgidos en los centros educativos representan ya el 13,6% del total, según datos del Ministerio de Sanidad. En la semana del 19 al 24 de octubre, 324 aulas estaban clausuradas a causa de los contagios en los centros educativos andaluces, 101 de las cuales cerraron en un plazo de solo tres días. La situación de contagios y cierres de aulas se va a seguir recrudeciendo, teniendo en cuenta el contexto de ascenso de la segunda ola de contagios por COVID-19 y las nulas medidas tomadas por las administraciones en los centros educativos”.
Además denuncian que se está planteando relajar las medidas sanitarias en los colegios: “Ya se está hablando de reducir el tiempo de confinamiento de los/as trabajadores/as que hayan tenido contacto estrecho con un positivo de los 10 días actuales (antes 14) a solo 3 días y mantener abiertas las aulas aunque haya positivos por COVID entre el alumnado, confinando solo a esos/as alumnos/as. Es decir que, para evitar el cierre a toda costa, se pretende mantener las clases abiertas reduciendo aún más la seguridad del alumnado (con ello, de sus familias) y de los/as trabajadores/as docentes y no docentes, impulsando así aún más que las aulas sean un foco de contagio del virus para toda la población”.
Por esto desde Marea Verde proponen medidas para poner freno a esta situación y mejorar la educación pública: “Contratación de un número significativo de docentes que permita reducir la ratio para impartir una educación 100% presencial, 100% segura y 100% de calidad, garantizar las sustituciones inmediatas del personal confinado, contratación pública de más personal no docente, aumento de los recursos en los centros educativos para atender al conjunto del alumnado y en especial al alumnado NEAE, necesidad de adecuación y preparación de infraestructura existente para uso escolar seguro, presencia de enfermeros/as escolares, la dotación de recursos específicos para los protocolos COVID y su elaboración conjunta con expertos/as sanitarios/as, bajas para el personal vulnerable al que se está obligando a ir a trabajar en aulas repletas de alumnos/as… En definitiva, la solución es la inversión en la educación pública”.
Hacen hincapié en que la huelga del pasado 18 de septiembre, convocada por CGT, USTEA, CCOO y CNT y construida por Marea Verde y otras organizaciones del ámbito educativo, ha servido para presionar a la Consejería de Educación, que se ha visto obligada a firmar un acuerdo con las cúpulas sindicales de CCOO, CSIF y ANPE: “Un acuerdo lamentable pues la Consejería, que viene a reconocer por fin que mantiene ratios ilegales en las aulas, incluso ahora con la situación de contagios, se compromete únicamente a hacer cumplir su propia ley y acabar con ellas pero sólo hasta 2ºESO, contratando para ello a 1500 docentes hasta el 31 de diciembre. Esos 1500 docentes deberían haber estado en las aulas desde mucho tiempo atrás, además de los/as necesarios/as para que se cumplan las ratios que la propia Consejería impone desde 3ºESO a 2ºBachillerato y que, según este acuerdo, tendrán que esperar. Ni que decir tiene que este pacto, por tanto, no plantea ninguna reducción de la ratio en los centros educativos. Queda claro que este acuerdo, supone pues un balón de oxígeno para Imbroda, que trata así de calmar el cabreo que, a día de hoy, existe en los centros por la falta de recursos y de medidas adoptadas por la Consejería”.
Por último, alertan que se está utilizando la situación de crisis para dar un nuevo impulso a la educación privada: “Primero, la administración concede fondos para la concertada, contratando a más de 1000 profesores/as, un acuerdo alcanzado con la patronal educativa a nivel andaluz. Después, aprobando una normativa para permitir los conciertos de las enseñanzas de Bachillerato y FP, que va a degradar aún más la educación pública y el empleo del profesorado. A todo este cúmulo de intenciones de degradar lo público, se nos viene de forma inminente un decreto mediante el cual se busca establecer que la atención y el apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales ejercida por Personal Técnico de Integración Social (PTIS) y la Interpretación de Lengua de Signos Española (ILSE) sean servicios complementarios de la Educación, lo que abre la puerta a su privatización. Si a todo esto sumamos el bloqueo de las bolsas de empleo en la pública, nos encontramos de nuevo una situación de trasvase de unos fondos económicos, que son imprescindibles para la educación pública, a la educación privada que busca que unos pocos saquen beneficios”.
1- Reducción de ratios a 15 alumnos y que estas se mantengan en los siguientes años, no solo ante esta crisis del COVID-19.
2- Contratación de 20.000 profesores para este curso. Una PT por cada 7 alumnos. AL por cada 12 alumnos para NEAE. Una orientadora por cada 250 alumnos. Contratación de PTIS para que el alumnado esté atendido.
3- Monitor escolar de apoyo administrativo por centro en jornada completa. Fin de contratos precarios Monitores escolares de apoyo administrativo.
4- Habilitación de espacios públicos alternativos y construcción de nuevos centros educativos públicos.
5- Protocolo sanitario realizado por personal experto y dotado de recursos.
6- Bajas cubiertas desde el primer día. Convocatorias diarias (SIPRI)
7- No a la privatización de la educación. Eliminación de conciertos educativos. No a la ampliación de los conciertos al bachillerato y FP. No al proyecto de decreto de servicio complementario del colectivo de integración para la atención del ACNEE. Subrogación de PTIS como personal laboral Art. 130.3 LCSP.
8. Precariedad 0: no a la contratación precaria de asociados en nuestros centros universitarios, mejores condiciones para nuestros profesores y del personal interino y no docente. Plan de estabilidad.
9- Aplicar ya el artículo 8.1 de la Ley de Bioclimatización que incide en la calidad del aire interior de las aulas y espacios educativos (para reducir el riesgo de contagio por aerosoles).
10- Exigir que la nueva Ley de Educación LOMLOE cuente con la participación de los colectivos educativos.
11- Ampliación de contratos de refuerzos COVID para todo el curso 20/21.
12- No a la semipresencialidad a costa de tiempo lectivo y currículum. La organización no puede vulnerar derechos ni sembrar desigualdades.
13- Financiación y dotación de recursos, para que los centros puedan apostar por la máxima presencialidad posible de forma segura.
14- Derogación del Decreto de Escolarización.
15- Inversión del 7% del PIB.
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