Todas las variables demográficas están siendo alteradas por la pandemia del coronavirus. Es pronto para hacer un balance cuantitativo ante la carencia de las cifras necesarias, pero sí se pueden señalar tendencias orientadoras de los giros detectados. Y, sin lugar a dudas, el componente más afectado por esta situación es la mortalidad.
Como si de una manifestación se tratase, también en esto hay guerra de cifras. Entre las que aporta el Ministerio de Sanidad (27.136 muertos a 11-6-2020) y el exceso de fallecidos sobre los del año anterior, que para el periodo entre el 1 de enero y el 24 de mayo ofrece el INE (43.945), hay una diferencia cercana a los 17.000 óbitos.
No todos esos decesos han sido provocados por el virus, pero sí muchos, entre otras razones porque esa mayoría de defunciones extra corresponden a personas mayores de 70 años (casi el 86%), las más afectadas por el virus.
Así pues, no resulta aventurado afirmar que la COVID-19 deja un panorama de cerca de 40.000 fallecimientos suplementarios, principalmente de Madrid, Castilla-La Mancha o Cataluña, las autonomías donde se han registrado los mayores crecimientos relativos, frente a Baleares o la Región de Murcia, con porcentajes de aumento insignificantes.
El recuerdo de la semana trágica
Todos recordaremos con espanto la pandemia, pero especialmente la semana trágica del 30 de Marzo al 5 de Abril, que acumuló un 155% más de muertos que el año anterior y casi el 50% de todos los fallecidos sumados hasta el 24 de Mayo.
Han fallecido personas de cualquier edad y condición, incluso niños menores de 4 años, pero sobre todo gente por encima de 55 años, y especialmente por encima de 85 años. Hasta los 84 años murieron más hombres que mujeres, mientras que por encima de esa edad murieron más mujeres, que en esos tramos reúnen más efectivos que los hombres. En cambio, por debajo de 55 se produjo un bajo número de óbitos y apenas diferencias con los registrados en años anteriores.
La otra variable del crecimiento interno es la natalidad, sobre la que solo caben pronósticos basados en la evolución previa y el sentido común. Algunos han vaticinado apresuradamente la posibilidad de un incremento fruto de una etapa de confinamiento prolongado. Creo que no va a ser así, sino que tendremos una acentuación de la caída derivada de las difíciles condiciones económicas a las que nos estamos viendo abocados por la pandemia.
La baja tasa de fecundidad en España
Ya pasó con la crisis de 2008, que vino acompañada por un descenso del número de nacimientos que se ha prolongado hasta la actualidad. Y esa caída no será buena en un país donde la tasa de fecundidad es de 1,23 hijos por mujer, muy lejos de la necesaria para renovar generaciones (2,1).
Solo podría evitar ese probable retroceso una buena política de ayuda familiar inexistente hasta el momento, pero los problemas económicos y laborales futuros son de tal envergadura que no resulta probable la puesta en marcha de una política de este tipo en el corto plazo.
Las dos evoluciones señaladas, el incremento inicial de los fallecidos y la baja posterior de los nacimientos, acumularán sus efectos sobre el crecimiento vegetativo, condenado a una nueva disminución. En 2019 el saldo negativo fue de 57.000 personas, valor que se acentuará en 2020 por el efecto de la mortalidad y en 2021 por el de la natalidad, si no hay rebrotes graves y una nueva partida de muertes.
La pandemia afectará también a las migraciones internacionales. El cierre inicial de fronteras ya está causando un estancamiento de las corrientes recuperadas en los últimos años. Pero cuando se abran tampoco habrá movimientos muy numerosos por la crisis laboral inminente. Algunas ocupaciones tradicionalmente desempeñadas por inmigrantes volverán a ser ejercidas por españoles ante la falta de mejores oportunidades.
Así está sucediendo ya con la recogida de ciertos productos agrarios, a la que se han incorporado personas nativas con buen nivel de cualificación. La caída de la inmigración tendrá además otra consecuencia: la reducción del número de madres de origen extranjero y una acentuación del retroceso de la natalidad a la que contribuyen actualmente con un 20% de los nacimientos.
Por último, la pandemia aumentará aún más los niveles de envejecimiento. El desfondamiento de la natalidad reducirá los efectivos de jóvenes y la pérdida de vidas humanas de los mayores se compensará con la entrada en la vejez estadística de importantes generaciones de adultos.
Cambiará el panorama demográfico para mal
En resumen, la COVID-19, que ojalá no haya venido para quedarse, al menos en la situación confortable que ha tenido en los últimos meses, va a cambiar el panorama demográfico español para mal. Ante todo, elevando de forma intensa e imprevista el volumen de fallecidos y produciendo simultáneamente un retroceso de la esperanza de vida al nacer.
La pandemia se ha cebado especialmente en las personas nacidas en los años previos a la guerra civil, durante ella o en los tiempos de miseria de la postguerra, ciudadanos recios, derrotados ahora en esa batalla contra un enemigo invisible, pero implacable. Después, provocando un déficit de nacimientos, cuando lo que necesitamos es todo lo contrario: un aumento significativo para salir de esa atonía demográfica que tendrá graves consecuencias futuras.
Además, reducirá unas corrientes quizás menos necesarias ante el clima laboral que se avecina, que no podrán desempeñar ese papel tan útil de revitalizar nuestra natalidad. Y, por último, acentuará un envejecimiento ya preocupante en estos momentos por su intensidad y sus consecuencias.
La longevidad es un hecho positivo, una conquista social que permite a más gente vivir más años y en condiciones mejores, algo que también ha truncado la COVID-19 al llevarse a tantas personas de 80 años y más.
El Gobierno de España tiene una ardua tarea de reconstrucción por delante y medios escasos para abordarla. Pero no debe olvidar la maltrecha demografía que va a dejar el virus, y ha de aplicar algunas medidas y algunos recursos, si no queremos que los problemas de población se cronifiquen y hagan muy difícil después los intentos de revertirlos.
Rafael Puyol es catedrático de Geografía Humana y Rector Honorario de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente, es presidente de UNIR y responsable de Relaciones Institucionales de The Conversation España. Ha sido presidente del Patronato del IE University, vicepresidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y rector de la Universidad Complutense de Madrid (1995 – 2003), donde también enseñó Demografía en la Escuela de Geografía e Historia. Ha sido presidente (y sigue siendo miembro) del Grupo de Población en la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE), como vicepresidente de la Real Sociedad Geográfica, y es miembro del Consejo del Capítulo Español del Club de Roma y Presidente de la Asociación Española de Personas Mayores. También es miembro del Consejo Editorial de Gaceta de los Negocios y de la revista Dinero y del Consejo Editorial de Nueva Revista de Política, Cultura y Arte. Posee la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, la Gran Cruz del Mérito Naval y la Gran Cruz de Alfonso X El Sabio a los Méritos Académicos. Fue galardonado con la Medalla Conmemorativa del 50 aniversario de UNICEF y es miembro honorario del Comité Español de UNICEF. Especialista en datos demográficos, es autor de numerosas publicaciones y trabajos en este campo. Ha publicado 18 libros y más de 200 artículos.
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