Martes, 22 de marzo de 2022. Ser mujer y entrar en la arena política implica en Perú vivir múltiples obstáculos por la discriminación de género que obstaculiza su participación igualitaria, llegando a casos extremos de violencia expresadas en el acoso político, que es una forma de expulsarlas del espacio público, o al menos tratarlo, informa Mariela Jara (IPS¹) desde Lima.
«Las mujeres autoridades electas a nivel regional o municipal solo duran cuatro años en el cargo, que es el tiempo de la gestión subnacional. Después, ya no quieren saber nada, sienten que el sistema las ha expulsado», explicó a IPS en una entrevista Elizabeth Herrera, portavoz de la campaña ¡Somos la mitad, queremos paridad sin acoso!
Esta es una iniciativa de sociedad civil impulsada por organizaciones feministas como el Movimiento Manuela Ramos y el Centro Flora Tristán en alianza con la Red Nacional de Mujeres Autoridades (Renama), que ha logrado promover importantes avances para la participación política femenina sin discriminación, como la Ley de Paridad y Alternancia, en vigor en julio del 2020.
Herrera, joven politóloga de profesión, indicó que la experiencia política de las mujeres enfrenta muchos obstáculos: «No te dan la palabra, te difaman, te agreden en las redes sociales, se ejerce violencia física, incluso sexual, lo que lleva a que digas, ya no quiero seguir aquí, para qué más», precisó.
Un informe del oficial Jurado Nacional de Elecciones reveló que 47 por ciento de mujeres vivió el acoso político en las elecciones presidenciales y legislativas de Perú en 2021, mientras que en las últimas regionales y municipales, del 2018, el porcentaje fue de 69,6 por ciento.
Las agresiones vienen del frente interno y externo: «Si eres una autoridad los adversarios buscan expulsarte de los espacios de decisión, no quieren vernos allí, como históricamente no hemos estado presentes, nos dicen que no es para nosotras», detalló Herrera.
Agregó que en esa visión confluyen también muchos correligionarios de las mujeres que las acosan y violentan para evitar que les disputen un puesto en la organización, una candidatura: «Hemos conocido casos en que les esconden los documentos, las insultan, lo que se suma al acoso en línea, a través de las redes sociales, que es brutal», dijo.
Recordó el caso de una mujer autoridad en la región de Puno, en el sur andino del país, quien se siente muy culpable porque cree que su hijo se quitó la vida por el acoso sistemático contra ella.
Es tal la presión a la que están expuestas las mujeres, que la campaña les solicita su autorización para poder hacer público un caso: «No todas quieren denunciar porque hay amedrentamiento, acoso de los mismos integrantes de los partidos», refirió.
Modelo para una legislación regional
En 2017 la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) aportó como modelo una propuesta de ley sobre violencia política contra las mujeres en la región latinoamericana y caribeña.
Tipificó esa violencia como «cualquier acción, conducta u omisión, realizada en forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos».
También estableció como sus modalidades la violencia física, sexual, psicológica, moral, económica, simbólica.
La propuesta colocó sobre la mesa la urgencia de que los Estados actúen ante el problema, pues eliminar la violencia contra las mujeres en la vida política es condición para la democracia y la gobernabilidad en la región.
Antes, la declaración hemisférica sobre Violencia y Acoso Político contra las mujeres, adoptada en 2015, ya evidenciaba que alcanzar la paridad política requería no solo de cuotas electorales sino de garantizar condiciones para que las mujeres ejerzan su derecho de participación en igualdad.
Avances peruanos
En Perú, con el impulso de las organizaciones feministas, se lograron en 1997 las primeras leyes sobre cuotas de género en la composición de las listas electorales hasta avanzar hacia la norma sobre paridad y alternancia de 2020.
Esa ley contribuyó a que en elecciones al unicameral Congreso de 2021 la representación legislativa de las mujeres alcanzó a 35 por ciento de los puestos, con 47 congresistas de 130.
En las próximas elecciones subnacionales (municipales y regionales) del 9 de octubre también se aplicará la ley y se espera mejorar la exigua presencia de mujeres, quienes pese a ser la mitad de la población y del electorado, no están representadas en esa proporción.
Un solo dato muestra esa discriminatoria desigualdad: en los anteriores comicios regionales y municipales, en 2018, se eligió uno por ciento de alcaldesas y ninguna gobernadora de los veinticuatro departamentos en que está dividido este país andino de 33,5 millones de habitantes.
Nueva ley en auxilio
Desde abril del 2021 está vigente la Ley 31155, que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política, impulsada por la Campaña ¡Somos la mitad…y que recoge los postulados de la CIM.
Herrera, la vocera (portavoz) de la campaña, precisó que en este marco las organizaciones políticas están obligadas a establecer estándares de atención y sanción de estos casos. «Nos toca ahora vigilar que se cumpla», agregó.
La oficina regional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) destacó en una publicación de este mismo mes de marzo que la distribución desigual del poder en la política socava la eficacia de la gobernabilidad en América Latina y el Caribe.
Y puntualiza que incluso con los avances normativos conquistados, solo 19 de los 46 países y territorios de la región alcanzaron la paridad de género en algún momento en los últimos veinte años, a la vez que solo cinco lo lograron a nivel de ministerios, dos en parlamentos nacionales y uno en alcaldías.
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