Sindicatos y colectivos sociales temen que las trabajadoras convalecientes que puedan viajar sean devueltas a su país sin que se garanticen sus derechos.
Al tratarse de un accidente laboral (in itinere) no es preciso haber cotizado a la Seguridad Social con anterioridad para cobrar indemnización o prestación por incapacidad o invalidez.
Las afectadas que regresen a Marruecos también tienen derecho a asistencia sanitaria en su pais, sufragada en su totalidad por el Estado español y durante toda su convalecencia.
Las prestaciones por baja laboral o invalidez pueden ser gestionadas directamente por las empresas, si bien la práctica más habitual es que estas entreguen la documentación a las trabajadoras para que ellas mismas, a pesar de las circunstancias, hagan los trámites ante la Seguridad Social.
Martes, 2 de mayo de 2023. ¿Qué va a pasar con las temporeras marroquíes afectadas por el fatal y fortuito accidente de autobús que este Primero de Mayo ha acabado con la vida de una de ellas y herido de diferente gravedad a otras 38?
No es una cuestión baladí. Más allá de la «crónica de sucesos», la complicada, peculiar, preocupante gestión por parte de las organizaciones patronales y las administraciones públicas implicadas en casos como el de Fátima Z. B. (fallecida de un cáncer fulminante detectado en plena campaña, y cuyo cadáver tuvo que ser repatriado por el Consulado General de Marruecos tras hacerse pública una cuestación popular para sufragar los gastos ante la indiferencia de la empresa que la trajo a España), o Smahia Benjafell (también enferma de cáncer y a la que le fue negada, primero, la asistencia sanitaria que precisaba y, después, facilidades para el acceso a las prestaciones a las que tenía derecho), han hecho saltar todas la alarmas en los sindicatos y colectivos sociales más cercanos a las diferentes problemáticas que afectan a las trabajadoras marroquíes de «contrato en origen», que vienen cada año a Huelva para la recogida de frutos rojos en la provincia de Huelva.
Cuando la buena fe es norma, son las propias empresas o sus entes «mediadores» subvencionados con dinero público quienes facilitan la información pertinente y las gestiones administrativas a sus trabajadoras accidentadas, para garantizar su derechos antes de regresar a sus países de origen
Así, aparte de la preocupación por cómo se va realizar la repatriación de la trabajadora fallecida este lunes, Primero de Mayo, en el accidente sucedido en Almonte, o de si va a facilitar a sus familiares el desplazamiento a España para acompañar el féretro en su último regreso a casa, organizaciones como Jornaleras de Huelva, Mujeres 24 H, la Asociación Multicultural de Mazagón o el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), mostraban ayer también su temor por que las personas accidentadas con capacidad para viajar y seguir tratamiento domiciliario sean trasladadas a Marruecos sin que se hayan tramitado las correspondientes prestaciones por incapacidad laboral (temporal o definitiva), así como las garantías de asistencia sanitaria total durante toda su convalecencia, a las que tienen derecho según los acuerdos suscritos entre los reinos de España y Marruecos sobre protección de los dos estados a las personas trabajadoras en ambos territorios.
Las trabajadoras marroquíes de «contrato en origen» gozan exactamente de los mismos derechos que cualquier otra persona trabadora afecta a las leyes laborales y de Seguridad Social españolas
Dichos acuerdos garantizan que los ciudadanos de un país gozarán en el otro de todos los derechos y ventajas que las leyes laborales, sanitarias y de Seguridad Social de uno y otro ofrecen en caso de fallecer o resultar afectados por enfermedad o accidente laboral. En los casos de fallecimiento por accidente laboral, esto incluye derechos de indemnización, viudedad y orfandad. También a recibir prestación por incapacidad temporal hasta la total recuperación de la persona trabajadora lesionada. O, si el accidente deviene invalidez total o absoluta, prestación por invalidez con carácter permanente. En los casos de accidente laboral no es necesario haber cotizado con anterioridad para acceder a estas prestaciones y beneficios.
Dicho de otra forma, y aunque la desinformación al respecto a ambos lados del Estrecho es total (incluso dentro de las propias administraciones públicas, como desveló el caso de Smahia Benjafel), las trabajadoras marroquíes de «contrato en origen» gozan exactamente de los mismos derechos que cualquier otra persona trabajadora afecta a las leyes laborales, sanitarias y de seguridad social españolas.
Cuando la buena fe es norma, son las propias empresas y sus entes mediadores y financiados con dinero público (Prelsi, Cruz Roja, MZC…) quienes facilitan la información pertinente y las gestiones administrativas a sus trabajadoras accidentadas, para garantizar y agilizar su derechos antes de regresar a sus países de origen. Sobre todo, una vez constatado, y cabe citar de nuevo los casos de Smahia o Fátima, que en Marruecos estos se vuelven un auténtico galimatías. Mucho más para mujeres que desconocen los intríngulis de las administraciones pública, sanitaria y empresarial, y que en muchos, demasiados casos no saben ni leer o escribir en su propio idioma.
Cuando no lo es, la ausencia de buena fe, de humanidad, hace que víctimas y familiares vivan el calvario jurídico administrativo y falta de asistencia de Smahia, Fátima… y tantas otras.
Habrá que estar atentos.
Perico Echevarría es editor y director de La Mar de Onuba @PericoPan
La «macroagencia» de Emergencias de Moreno Bonilla abre la puerta a la privatización del Infoca
Que vamos a esperar de la derecha,ellos son muy coherentes en la defensa de terratenientes banqueros y empresarios,les da igual que el pueblo se queden sin agua,ello erre que erre en la defensa de los empresarios.