La Diputación de Málaga de Elías Bendodo, número 3 del PP, condenada por antidemocrática: “La línea editorial de la revista El OBSERVADOR es la que ha llevado a su discriminación”.
El director de COPE Andalucía, Adolfo Arjona, así como la propia cadena han demandado a EL OBSERVADOR por publicar declaraciones del comunicador José Antonio Abellán manifestando que el responsable de la cadena de los obispos había dado dinero en negro a Elías Bendodo
Viernes, 21 de abril de 2023. EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com. Desde que empezó a editarse esta revista hace más de 35 años nunca ha recibido publicidad institucional por parte del Ayuntamiento o de la Diputación de Málaga del Partido Popular. En el año 2017 EL OBSERVADOR presentó sendas denuncias contra ambas administraciones por discriminación y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sentencia por partida doble que no se puede excluir a un medio de comunicación del reparto de publicidad institucional, ya que esto afecta al derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y a la igualdad y no discriminación en la asignación de publicidad.Las sentencias (AQUÍ) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) son claras, algunos políticos utilizan la publicidad para sus intereses, para lo que hacen un “uso abusivo de la contratación menor para adjudicar la publicidad institucional”. Es lo que han hecho, según el Tribunal, Elías Bendodo, cuando era presidente de la Diputación de Málaga, y Francisco de la Torre, alcalde de la ciudad, ambos pertenecientes al Partido Popular.
En el fallo judicial puede leerse literalmente que «La línea editorial de opinión de la revista EL OBSERVADOR es la que ha llevado a su discriminación». Dictamen que califica la actitud antidemocrática de estos políticos del PP, uno de ellos, Bendodo, número 3 a nivel nacional y con aspiraciones a lo máximo.
En los dictámenes del TSJA se pone de manifiesto como tanto la Diputación como el Ayuntamiento malagueños se han valido de los contratos menores para repartir la publicidad institucional entre los medios de comunicación amigos, discriminando a su vez a los medios críticos con su gestión. El Tribunal asegura que “la Diputación hace uso abusivo de la contratación menor para adjudicar la publicidad institucional”.
Así, según la sentencia la Diputación “incumple el procedimiento establecido para la contratación menor” hasta de cuatro maneras diferentes: “o recurre sistemáticamente a la contratación menor en todas las campañas de publicidad institucional”; “o fracciona toda la contratación, con la finalidad de disminuir la cuantía de los contratos para eludir los procedimientos de contratación abiertos y evitar los requisitos de publicidad”; “o adjudica contratos menores cuyas cuantía superan los umbrales establecidos en la legislación”; “o no cumple con la obligación de publicar la información relativa a los contratos menores celebrados”.
Los políticos responsables de la discriminación publicitaria sufrida por EL OBSERVADOR son el ex presidente de la Diputación Elías Bendodo y el alcalde Paco de la Torre, ambos del Partido Popular. Además, también se debe destacar el papel jugado por Marta Olea, ex directora de Comunicación de la Diputación y actual directora general de Comunicación de la Junta, y Jesús Espino, director general de Comunicación del Consistorio malagueño.
Bendodo y la COPE
El OBSERVADOE lleva desde el año 2015 informando sobre el trato de favor que recibe la COPE en Andalucía, a la que se le permite tener emisoras ilegales (AQUÍ), y seguir recibiendo mucha publicidad institucional de la Junta, diputaciones y ayuntamientos del PP por ello (AQUÍ). Es lo que tiene que Adolfo Arjona, director de COPE en Andalucía y Elías Bendodo sean amigos.
La cadena de los obispos, COPE, y su director en Andalucía, Adolfo Arjona, incluso han llegado a presentar una querella criminal contra EL OBSERVADOR y el comunicador José Antonio Abellán, por informaciones publicadas en esta revista (Este asunto se destapó a principios del 2020 al presentar Abellán una denuncia en la consejería de Bendodo sobre las emisoras que emiten sin licencia en la comunidad y al hacer unas declaraciones a esta revista: “DOSSIER 28. El comunicador J. A. Abellán acusa al consejero Elías Bendodo de ser “un amoral” y de haber recibido dinero negro de una caja existente en Unicaja de Adolfo Arjona, por haber validado el ‘decretazo’ que beneficia a la COPE”.
Así, en una entrevista para esta revista Abellán aseguraba que “Adolfo Arjona, el que es ahora director de la COPE en Andalucía y antes lo era de la emisora de Málaga, en Madrid toda la vida ha dicho que todo esto se lo permitía Elías Bendodo, que era entonces presidente de la Diputación de Málaga, porque era un empleado suyo. Arjona siempre dijo que él no le dejaba a Bendodo que le cerrara las emisoras, que para eso era su trabajador. Esto es lo que vendía Arjona en Madrid. Que Bendodo era su empleado. Yo no sé si cobraba o no. Si tenía nómina de COPE o no. Siempre dijo que era empleado de COPE, por lo tanto debería tener una nómina y por eso le prohibió que le cerrara las emisoras”.
En realidad, Abellán, que lleva mucho tiempo luchando contra las emisoras ilegales de la COPE en Andalucía (¿Prevaricación? El Grupo COPE de los obispos tiene 13 emisoras piratas, incluida COPE Málaga que dirige Adolfo Arjona, y sólo cinco legales en la provincia, según el conocido periodista y exlocutor de esta cadena José Antonio Abellán), exige a la Junta y a Marta Olea, directora general de Comunicación de la Junta de Andalucía en particular, que castiguen a COPE según dicta la Ley y le prohíban emitir en Andalucía (AQUÍ), cerrando todas las emisoras que dirige regionalmente el íntimo amigo de Bendodo, Adolfo Arjona (Las emisiones irregulares de COPE alcanzan toda la provincia. La radio del ‘páter’ Adolfo Arjona también retransmite en Marbella sin concesión administrativa, y Cadena 100 llega a Antequera con una licencia para emitir en Campillos), porque “la COPE infringe la ley de forma organizada y se salta a la torera las órdenes de cierre y cese de emisiones ilegales que emite la dirección general que usted preside”. Leer (¿Prevaricacion? La directora general de Comunicación de la Junta, Marta Olea, no dice la verdad en una carta oficial al comunicador José Antonio Abellán. Asegura haber cerrado emisoras ilegales de COPE que siguen emitiendo).
Marta Olea, Elías Bendodo y Adolfo Arjona
Elías Bendodo era un asiduo habitual de los programas de Arjona y siempre ha sido muy generoso con el dinero público para invertir en los medios de comunicación de Málaga. Sobre todo en COPE y en Onda Cero, donde trabaja su mujer periodista (Elías Bendodo agiganta su partida de autobombo premiando a medios minoritarios en Málaga afines al PP: Grupo Mundo 54.879 euros, COPE 70.340 euros, ABC 29.540 euros, AIERTA 47.125 euros (II parte)) Bendodo gasta al año más de un millón de euros en publicidad (La Diputación de Málaga de Elías Bendodo (PP) le paga más de un millón de euros en publicidad a los medios. En 2015 todavía reciben más los menos críticos: Sur, COPE u Onda Cero. Más dócil, más dinero).
Por su parte Marta Olea, ex directora de Comunicación de la Diputación y actual directora general de Comunicación de la Junta, era la responsable de repartir la publicidad entre los medios de comunicación, ayudada por el actual director general de Canal Sur, Juande Mellado, que también trabajaba en la Diputación. Ambos estaban a las órdenes de Bendodo y entre los tres repartían la publicidad a dedo.
Olea era conocida durante su época en la Diputación por los sobrecostes que generaban los viajes oficiales a los que acudía, en los que superaba la asignación oficial para pernoctaciones que marca la normativa (AQUÍ). Además, ya en su actual puesto en la Junta, Olea se vio envuelta en el escándalo de las emisoras ilegales de la cadena COPE en Andalucía, cuando pudo cometer prevaricación según denunció el periodista José Antonio Abellán (AQUÍ).
Por su parte, Jesús Espino es el director general de Comunicación del Consistorio malagueño desde el año 2011. Nombrado por el alcalde del PP Francisco de la Torre, no solo ha ignorado a EL OBSERVADOR respecto al reparto de publicidad institucional, si no que ha ordenado al equipo de prensa municipal que no responda las preguntas que este medio dirija al gabinete de prensa del Ayuntamiento (AQUÍ) o que borre los correos que les mandamos sin ni siquiera abrirlos (AQUÍ).
La denuncia
Desde que empezó a editarse la revista hace más de 35 años nunca ha recibido publicidad institucional por parte del Ayuntamiento o de la Diputación de Málaga del Partido Popular. En el año 2017 EL OBSERVADOR presentó sendas denuncias contra ambas administraciones por discriminación, y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sentencia por partida doble que no se puede excluir a un medio de comunicación del reparto de publicidad institucional, ya que esto afecta al derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y a la igualdad y no discriminación en la asignación de publicidad.
Para el Tribunal, este reparto de publicidad institucional debe ser equitativo, transparente e igualitario, evitando conductas discriminatorias y garantizando la libertad e independencia de los medios de comunicación. El Tribunal asegura que la administración pública debe actuar con objetividad y cumplir con la legalidad en sus decisiones, evitando la arbitrariedad
Estas sentencias señalan que la vulneración de los criterios de transparencia, igualdad, objetividad, publicidad y libre concurrencia en el reparto de esta publicidad “pone en peligro la independencia e incluso la supervivencia de los medios de comunicación social”, y van a poder utilizarse por parte de otros medios de comunicación nacionales que se sientan discriminados por las administraciones públicas, para que inicien acciones legales con el fin de reclamar sus derechos a la información, a la igualdad y a la no discriminación en la asignación de publicidad.
Sentencia Ayuntamiento
EL OBSERVADOR denunció al Ayuntamiento de Málaga en el año 2017 por la discriminación sufrida durante 35 años al no haber recibido publicidad institucional y, tras varias sentencias y recursos, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en su sentencia nº 5913/2022 de 22 de diciembre (AQUÍ), ha condenado al consistorio que dirige Francisco de la Torre a cesar en sus prácticas discriminatorias, “así como a indemnizar a la recurrente por los daños y perjuicios ocasionados por tal conducta”, además de la imposición de las costas de primera instancia.
En la sentencia se destaca que la asignación de publicidad institucional debe ser equitativa, transparente e igualitaria, evitando conductas discriminatorias y garantizando la libertad e independencia de los medios de comunicación, indicando que la administración pública debe actuar con objetividad y cumplir con la legalidad en sus decisiones, evitando la arbitrariedad.
También se indica en el fallo que existe una Ley en Andalucía que regula la actividad publicitaria de las Administraciones Públicas y que establece principios como la libre concurrencia, transparencia, eficacia y rentabilidad en la asignación de recursos económicos en la contratación de publicidad institucional.
Según el Tribunal, el Ayuntamiento ha utilizado sistemáticamente la contratación menor, sin permitir la participación de otros contratistas y sin proporcionar información adecuada, lo que ha afectado directamente a EL OBSERVADOR al excluirlos de la contratación de publicidad institucional. En el dictamen se confirma que no se ha seguido un procedimiento de libre concurrencia y que no se ha demostrado la existencia de motivos razonables para excluir a esta revista de la adjudicación de dichos contratos.
La sentencia sostiene que la discrecionalidad de ciertas decisiones administrativas no excusan al consistorio malagueño de demostrar que sus decisiones son legítimas y no contrarias a los derechos fundamentales, mencionando que las actuaciones de exclusión sistemática de EL OBSERVADOR constituyen una «vía de hecho» que vulnera principios constitucionales como igualdad, no discriminación, derecho a la información y transparencia, cuando la Administración debe actuar con objetividad y plena sumisión a la legalidad, sin arbitrariedad.
Sentencia Diputación
Por su parte EL OBSERVADOR denunció también a la Diputación de Málaga en el año 2017 por el mismo motivo que al Ayuntamiento de la ciudad, por no haberle ni siquiera tenido en cuenta a la hora de repartir la publicidad institucional. La última sentencia emitida por el TSJA, número 5247/2022 (AQUÍ), declara constitutiva de vía de hecho la actuación de la Diputación y se le condena a cesar en la discriminación y a indemnizar a esta revista. También se le imponen las costas de primera instancia a la institución.
En la sentencia se recuerda que la publicidad institucional es una forma de comunicación pública entre los poderes públicos y los ciudadanos a través de los medios de comunicación, y por lo tanto, está sujeta a principios constitucionales como la igualdad, la no discriminación, la transparencia y la libertad de los medios de comunicación.
Así, según el dictamen, la Administración pública debe actuar con objetividad, sumisión a la legalidad y sin arbitrariedad en la asignación de publicidad institucional, y una eventual vulneración del principio de igualdad o de prohibición de discriminación por razones ideológicas, de tendencia o de opinión debe ser acreditada con elementos que indiquen una conexión entre la tendencia editorial del medio de comunicación y el trato diferenciado en la asignación de publicidad.
También indica que el Tribunal Constitucional ya ha dictaminado en ocasiones anteriores que considera discriminatorio excluir a un medio de comunicación del reparto de publicidad institucional, ya que esto afecta al derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y a la igualdad y no discriminación en la asignación de publicidad institucional.
En este caso concreto, la sentencia estima que la Diputación malagueña ha utilizado la contratación menor de forma sistemática para la asignación de contratos de publicidad institucional, contraviniendo los principios de libre concurrencia, transparencia, eficacia y rentabilidad establecidos en la Ley 6/2005 reguladora de la Actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía.
En este sentido, la sentencia recoge que entre el año 2012 y el 2019 la Diputación ha celebrado 4.592 contratos menores en publicidad institucional, siendo el gasto total durante esos años de más de 10 millones de euros.
El tribunal sostiene que la negativa de la administración constituye un funcionamiento anormal del servicio público y ha causado un perjuicio económicamente evaluable a EL OBSERVADOR, lo que obliga a la Diputación a indemnizarla, notificando a las partes que pueden interponer recurso de casación en un plazo de 30 días.
Reacciones
EL OBSERVADOR ha recogido algunas de las reacciones (AQUÍ) ante estas sentencias, que “marcan un antes y un después”, tal y como asegura Francisco Terrón, secretario general del Sindicato de Periodistas de Andalucía, que entiende que “esta discriminación que vienen haciendo muchas instituciones, es una práctica habitual en toda España desgraciadamente, es un intento de silenciar a los medios críticos y también una forma de controlar a la prensa y de ‘orientar’ la línea editorial de cadenas y de medios ya consolidados”.
Pepe Fernández, director de Confidencial Andaluz, lamenta que “estas sentencias a quien dejan al descubierto, aparte de la ilegalidad de comportamientos políticos, es a los medios y profesionales partícipes de una merienda que en realidad va contra el derecho a la información de los ciudadanos”.
Por su parte Remedios Ramos, concejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento malagueño, reclama “más transparencia en los contratos públicos de publicidad institucional” y denuncia que el uso de “contratos menores es un recurso de contratación que debería ser excepcional. El que se utilicen generalizadamente ya representa un fraude de Ley y constituye un abuso, ya que sustituyen a los procedimientos de libre concurrencia”.
Elena Blanco, presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga, entiende que a su asociación “no le corresponde entrar ni valorar litigios de empresas”, aunque exigimos siempre transparencia en todo aquello que beneficie al buen funcionamiento de los medios de comunicación y, consecuentemente, a sus profesionales, especialmente en el ámbito público”.
EL OBSERVADOR también ha intentado recabar la opinión del candidato del PSOE a la alcaldía de Málaga, Dani Pérez, pero al momento de cierre de esta noticia no ha recibido contestación alguna.
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