Viernes, 17 de septiembre de 2021. El 1 de septiembre, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó su Informe Mundial sobre la Protección Social 2020-2022. El subtítulo, “La protección social en la encrucijada: en busca de un futuro mejor”, resulta tan descriptivo del análisis de situación, como sugerente en una vertiente prospectiva.
Su mayor interés reside en que, además de ofrecer una visión global de la protección social, también la desglosa por regiones: Europa y Asia central, Estados Árabes, Asia y Pacífico, Américas y África. Esto permite contextualizar la situación particular de cada país e imaginar proyectos de intervención focalizada, desde la cooperación y la acción internacional.
El informe reconoce en algunas zonas modestos avances en la definición de los pisos de sus sistemas de protección social , es decir, “del conjuntos de garantías básicas (…) que deberían asegurar (…) que todas las personas necesitadas tengan acceso a una atención de salud esencial y a una seguridad básica del ingreso (…)”.
También describe fuertes desigualdades regionales: las tasas de cobertura (número de personas protegidas y tipo de situaciones cubiertas) son más altas en Europa, Asia central y las Américas que en África. En paralelo, las inversiones en protección social (en términos de PIB) son igualmente dispares.
Pobreza y desprotección social
Es muy llamativa la deficiente protección a la infancia. Englobando los datos de todas las regiones, solo el 26,4 % de los niños (sus familias) recibe algún tipo de prestación social. Este dato da forma a la pobreza infantil y se relaciona también con la protección del trabajo de las familias y la protección social de la que puedan ser beneficiarias las distintas personas integrantes. Sin que se pueda olvidar que el trabajo infantil (cuyos datos son alarmantes) está íntimamente relacionado con estos déficits de protección de las niñas y los niños.
Respecto a las prestaciones esenciales, los datos agregados a nivel mundial muestran una protección claramente insuficiente, pues apenas el 44,9 % de las mujeres que han dado a luz percibe una prestación económica durante el puerperio; sólo el 33,5 % de las personas que sufren una discapacidad grave reciben prestación; un tercio de la población está protegida en caso de enfermedad (común), y un 35,5 % tiene protección en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional.
En el ámbito laboral, hay una separación generalizada entre los servicios de salud (con catálogos muy dispares según regiones, países y zonas urbanas-zonas rurales) y la protección de los ingresos en caso de enfermedad, sin que se opte por perspectivas preventivas. Resulta especialmente llamativo que, a nivel mundial, solo el 18,6 % de las personas trabajadoras desempleadas reciben un subsidio.
De entre todas las situaciones de necesidad, la protección por vejez resulta ser la que arroja cifras aparentemente más positivas: un 77,5 % de la población recibe algún tipo de pensión (con distintas modalidades: en forma de cuantía fija, de cuantía proporcional a las contribuciones previas, etc.). Sin embargo, se observan desigualdades cuestionables entre hombres y mujeres y entre personas de las zonas urbanas y las zonas rurales, aunque hay una tendencia a la universalización de la protección de la vejez.
Protección social vs. pandemia
A partir de la pandemia de covid-19 los distintos sistemas de protección social nacionales reaccionaron para ofrecer soluciones a las dificultades generadas por la crisis sanitaria aunque, por esa misma razón, también se han visto cuestionados.
Los que ya contaban con mecanismos de respuesta a las demandas de atención sanitaria y de garantía de ingresos para los supuestos de desempleo o enfermedad, han tenido que reforzarlos para incrementar excepcionalmente sus estándares, incluir a más colectivos y mejorar la intensidad de la protección.
Los países que contaban con sistemas de protección débiles (o que eran inexistentes) no han podido soportar las necesidades emergentes de la población, trabajadora o no, esencialmente por no contar con los recursos financieros suficientes.
La capacidad de los gobiernos para movilizar nuevos recursos y transferirlos a los sistemas de protección social, así como el grado de informalidad del trabajo y la economía, han sido factores cruciales para la efectiva protección social y económica de las personas para prevenir, reducir o eliminar las tasas de pobreza (absoluta y relativa).
Todavía hay países en los que está ausente el derecho a la seguridad social y no hay una acción del Estado que acompañe al individuo a solventar las vicisitudes laborales o vitales que le puedan sobrevenir y a las que no puede enfrentarse solo.
En su informe, la OIT insiste en que, tras la recuperación pospandémica, los países con sistemas de protección social todavía poco desarrollados o mal atendidos deben establecer líneas de acción que garanticen a sus ciudadanos este derecho.
Una recuperación basada en las personas
Los mecanismos de protección social son herramientas fundamentales para la erradicación de la pobreza. El primero de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que componen la Agenda 2030, “poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los más vulnerables”, es una de las metas establecidas por la ONU en 2015 para alcanzar ese objetivo.
Esta meta se concretaría esencialmente mediante el desarrollo, donde no los haya, de pisos de seguridad social (bases universales mínimas) que cubran a toda la población. Esto, sin perjuicio de que, allí donde los niveles de ingresos nacionales lo permitan, se avance en el camino hacia una cobertura adecuada e integral.
Protección social, trabajo digno, pensiones solidarias, crecimiento sostenible
El informe incide de modo particular en la necesidad de que las reformas del sistema de pensiones que se han basado en la sostenibilidad financiera retomen los principios esenciales de la normativa internacional: universalidad, adecuación y previsibilidad de las prestaciones, solidaridad y financiación colectiva.
Asimismo, respecto de la protección social en su conjunto señala que se ha de primar la necesidad de gasto (incrementando el porcentaje de PIB dedicado) y evitar caer en la tentación de la contención fiscal. En el corto y medio plazo eso se traduciría en la necesidad de mantener las ampliaciones del gasto realizadas desde marzo de 2020, para seguir cubriendo las coyunturas provocadas por la pandemia mientras se mantengan sus efectos.
En el proceso de construcción de sistemas de seguridad / protección social resilientes, se hace una llamada al Diálogo Tripartito eficaz. Más allá de la acción gubernamental, que otorga prestaciones monetarias y en especie, han de revisarse también los mercados de trabajo para promover el trabajo decente y el crecimiento económico sostenible e inclusivo.
Desde una perspectiva puramente interna española, el informe tiene una utilidad clara: por más que los estándares de protección social y de inversión estén por encima de la media mundial, este documento sirve para:
- Revisar si los elementos esenciales de la protección social están bien apuntalados (los previos y los posteriores de la crisis de la covid-19).
- Remarcar el valor del diálogo tripartito.
- Reforzar la necesidad de la ligazón inevitable entre recuperación-inversión pública-justicia social.
María Gema Quintero Lima es Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad Carlos III. Su actividad investigadora se ha desarrollado dentro del ámbito de la protección social, en especial en materia de Seguridad Social. Destaca su actividad científica referida al Derecho Social, a las reformas normativas en materia de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social, y a otros tipos de transformaciones en Derecho del Empleo o de la Asistencia Social. En sus investigaciones recientes opta por un enfoque poliédrico de género. Participa en grupos de trabajo relativos al Trabajo Decente (OIT Futuro del Trabajo) y, como miembro de REDS, promueve el estudio desde la perspectiva social y la implementación de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ha sido Profesora Titular interina en la Universidad Autónoma de Madrid (2005-2007) e investigadora invitada en las universidades de Paris X, Paris I y Montesquieu-Bordeaux IV. Es autora de diversos trabajos, individuales y colectivos, publicados en obras monográficas y en revistas especializadas de referencia en la materia. A las publicaciones científicas se suman otras de orden pedagógico y docente, bajo la forma de manuales o materiales de estudio. También ha participado en proyectos de innovación docente y pedagógica. Mantiene una participación (y presentación de comunicaciones/papers/ponencias) regular en congresos, seminarios y eventos análogos, de distintos ámbitos (jurídicos, sociológicos).
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