La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, retiró el pasado viernes su condición de diputado a Alberto Rodríguez tras recibir un oficio del Tribunal Supremo en el que su presidente, Manuel Marchena, advertía de que la inhabilitación era «obligada». El terremoto político y social desencadenado en ese momento es de al menos una magnitud 8 en la escala Marca España. Y no es para menos. La sucia guerra judicial del stablishment español contra Alberto Rodríguez ha supuesto un grave ataque a la democracia y una prueba más de que la cacareada normalidad democrática está muy lejos de ser real en el Estado español.
El miembro de Jueces y Juezas para la Democracia, Joaquim Bosch, explicó en un hilo de Twitter «las implicaciones jurídicas de un caso que presenta cierta complejidad»:
Según la periodista Ana Pardo de Vera, «lo que ha ocurrido con Alberto Rodríguez abre una crisis institucional en toda regla, donde la derechización del poder judicial ha vuelto a ganar por incomparecencia, sobre todo, del PSOE». Incluso el diario El País, abiertamente hostil a Podemos y defensor habitual del régimen, reconoce en un valiente editorial titulado «Alberto Rodríguez: castigo político» las barbaridades que representa esta condena.
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