Después de dos años de práctica paralización de los trabajos de reparación de las víctimas del franquismo, en este 2021 ha seguido reduciéndose el presupuesto para la búsqueda de represaliados y apertura de fosas comunes, aunque en este año, la partida de unos 1,4 millones de euros, al menos, se ha ejecutado en torno a un 40%, no como en 2019 y 2020, que la Junta pasó de puntillas sobre las políticas memorialistas.
Martes, 6 de septiembre de 2021. El secretario de Políticas Sociales y Memoria Histórica de UGT-A, Ramón Sánchez-Garrido, hace un llamamiento al gobierno andaluz, a cumplir con la Ley de Memoria Histórica, y a elevar, en el Presupuesto de 2022 la partida destinada a “memoria, justicia y reparación”, que se ha reducido un 20% desde que PP y Ciudadanos gobiernan la Junta de Andalucía.
Sánchez-Garrido considera, también, un paso atrás, el nombramiento de un Comisionado para la Concordia, que asegura “es una cesión más a la ultraderecha, para seguir manteniendo su apoyo en el Parlamento” y le pide a la Junta que sea “valiente y que cumpla la ruta hacia la recuperación de los cadáveres de los asesinados por el franquismo, y hacia la reparación de su memoria para sus familiares y para la Historia.”
La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, anunció en julio pasado, en Comisión parlamentaria, que se había ejecutado el 43% de los presupuestos de Memoria Histórica y Democrática, sin embargo, aún son muchos los proyectos de asociaciones memorialistas y reclamaciones de las víctimas del franquismo, que cuentan con subvenciones finalistas, que aún no han sido atendidas, y que afectan a Ayuntamientos, universidades y colectivos sociales.
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