Una vez más, la sociedad española recibe con expectación un nuevo cambio de la ley educativa. La denominada LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de Ley Orgánica de Educación) se plantea como una reorganización del sistema educativo español para atender a las necesidades de una sociedad que ha cambiado.
El objetivo principal es promover una educación como derecho y pilar fundamental del conocimiento, recuperando la equidad y la capacidad inclusiva del sistema, adaptando los modelos de enseñanza y aprendizaje a la transformación digital y poniendo el foco en la importancia de la formación personalizada, en el desarrollo del alumnado y en la adquisición de competencias profesionales.
Una reforma educativa, la octava para los denominados millennials, que entraría en vigor el próximo curso y que empezaría a aplicarse a partir del proceso de admisión de los alumnos y escolarización, al inicio del segundo trimestre de 2021.
Esta nueva ley llega en una etapa de inmersión global en un plan de recuperación de la covid-19 donde la totalidad de las sectores y algunos de los grandes motores e infraestructuras económicos, sociales y culturales de España se han visto debilitados.
Una crisis que nos ha ayudado a detectar necesidades
Hemos puesto a prueba la capacidad que tenemos para lidiar con el impacto de una pandemia a gran escala, donde la educación también se ha visto afectada. Se han puesto de manifiesto no solo las necesidades en torno a recursos tecnológicos y humanos, sino las desigualdades o puntos de mayor vulnerabilidad de nuestro sistema educativo.
Por ello, es necesario mejorar nuestra capacidad de resolver los problemas de la actualidad con eficiencia y eficacia. La educación es un aspecto clave para construir una sociedad más resiliente, que tenga el conocimiento, las competencias y las habilidades necesarias para adaptarse a la sociedad.
En este contexto, los sistemas educativos deberán ser el eje motor de esta transformación y ocupar el centro de la planificación de los proyectos de recuperación de empresas, instituciones y organizaciones gubernamentales.
La necesaria voluntad política
Ante esta situación, son grandes los retos y desafíos de la educación y prioritaria su atención para el cumplimiento de lo dispuesto en la Agenda 2030 a nivel mundial. Esto requiere voluntad política y compromiso de los gobiernos, de la sociedad civil, del sector privado, de los jóvenes y de las organizaciones para construir sistemas educativos inclusivos, equitativos y adecuados para todos los estudiantes.
El sistema educativo español deberá garantizar con esta nueva ley un impacto significativo en los modelos de enseñanza y aprendizaje, formando a personas cualificadas, diversas, creativas, innovadoras y capaces de resolver los problemas y necesidades de la sociedad para trabajar en las nuevas profesiones y empresas del futuro.
El mayor desafío es promover un aprendizaje que dote a los estudiantes de las habilidades y competencias profesionales para ser piezas clave de la sociedad. La revolución industrial, tecnológica y digital en la que nos encontramos no aceptará una formación que no tenga un enfoque multidisciplinar, innovador y flexible, que no promueva el espíritu emprendedor, las habilidades sociales y comunicativas, la creatividad y el pensamiento crítico.
Los cinco ejes transversales de la ley
Los cinco ejes transversales de la LOMLE, pilares fundamentales que garantizan el cambio de paradigma y la necesidad de “transformar la educación”, un tema recurrente en las últimas décadas, son los siguientes:
- La educación como un derecho.
- La perspectiva de género y la coeducación.
- La educación digital.
- El aprendizaje competencial y personalizado.
- La educación para el desarrollo sostenible.
Los 10 desafíos
Los 10 desafíos de la LOMLOE se plantean como una agenda clara para definir un sistema educativo español que actúe como pilar básico de las políticas educativas y gubernamentales en la actualidad, y con una amplia batería de recursos. Un reto difícil que requerirá, además de una inversión económica, una participación activa de todos los agentes implicados: estudiantes, familias, educadores, organizaciones e instituciones educativas, así como los gobiernos y la sociedad civil.
Según un informe de la OCDE, es fundamental que el gasto público en educación, un derecho humano fundamental para todos y cada uno de los individuos, sea una prioridad para garantizar un acceso con equidad, en igualdad de oportunidades y a lo largo de toda la vida, adquiriendo y desarrollando las competencias que necesitan para participar activamente en la sociedad y cumpliendo con la Agenda mundial Educación 2030.
Un aumento del gasto
En la LOMLOE se prevé un incremento del gasto público educativo hasta un mínimo del 5 % del PIB. En 2016, la proporción de gasto procedente del sector público fue del 2,6 % en España. En 2017, el gasto público total en educación de primaria a terciaria como porcentaje del gasto gubernamental total fue de 11% en promedio en todos los países de la OCDE.
Habrá una mayor autonomía de los centros en la reorganización curricular y un incremento de la implicación de las familias, los profesores y los estudiantes en los consejos escolares, uno de los cambios de la LOMLOE que impactará y contribuirá sin duda a facilitar la educación inclusiva y la atención de la diversidad de manera más personalizada.
Con respecto a la utilización del castellano como lengua vehicular, el aprendizaje de este y la lengua cooficial en aquellas comunidades que la tengan, dejando de ser vehicular, pretende contribuir a la inmersión lingüística, facilitando que el estudiante, al término de la Educación Secundaria, domine plenamente las dos lenguas.
Las dos grandes apuestas
Las apuestas más relevantes que ha hecho el Gobierno con respecto a esta nueva ley son reforzar la educación de los estudiantes a edades tempranas y formar al profesorado en las competencias del siglo XXI.
La ley contempla promover la calidad en la educación y la escolarización de los niños de 0 a 3 años contribuyendo al desarrollo personal y social de los más pequeños. En una sociedad altamente tecnológica y en constante transformación, resulta imprescindible plantear un acceso con equidad a la formación en Educación Infantil.
La otra apuesta es la formación del profesorado, su identidad y desarrollo profesional con el objetivo de garantizar una experiencia global de aprendizaje para todos los estudiantes. En este contexto y ante los retos y desafíos de la educación, el profesorado se convierte en eje fundamental del proceso de transformación de la educación.
En conclusión, entendemos que la nueva ley trata de responder a las necesidades de la nueva sociedad y a la nueva normalidad. Pretende adaptarse a los requerimientos que esta hace a los estudiantes, fomentando sistemas educativos inclusivos que eliminen los obstáculos de participación y rendimiento, con una apuesta firme por la Formación Profesional y la adquisición de competencias profesionales.
Es importante tener en cuenta su forma personal de aprender, sus necesidades y los nuevos estilos de aprendizaje, así como eliminar cualquier forma de discriminación en el ámbito educativo, ya sea por lengua, religión, cultura, conocimiento, zona geográfica, género y diversidad.
Silvia Carrascal es , PDI. Facultad de Educación y Formación de Profesorado, UCM, Universidad Complutense de Madrid. PhD. por la Universidad Complutense de Madrid, docente e investigadora. Desarrollo académico y profesional en torno al Liderazgo Educativo, Management Development, Learning Spaces, STEAM, Teaching & Research. Experiencia en el desarrollo y gestión de innovación educativa en docencia y aprendizaje a través metodologías activas, formación de profesorado y dirección de políticas en Educación Superior Universitaria. Ha sido Vicerrectora de Docencia y Aprendizaje en la UCJC durante 2018/19 y PDI de la Facultad de Educación de la UCM desde 2007 hasta 2019 además de desarrollar su actividad investigadora como IP del Grupo de Investigación: Cultura, Sociedad y Educación de la Facultad de Educación de la UCJC, Miembro investigador del GdI. Religiones, Cultura y Derechos Humanos de la UNIR y del GdI. de Historia Reciente de la Universidad de Navarra. Además, forma parte del Proyecto GENOVIFEM de la Universidad de Navarra y tiene un Sexenio de Investigación concedido en 2016 (CENEAI). En la actualidad es Presidenta del Observatorio Europeo de Análisis y Evaluación de la Desinformación y Directora del área de Teaching & Learning en colaboración con la Dirección de Información del Parlamento Europeo en España y la Representación en España de la Comisión Europea, Directora de Programas Executive Education en la Escuela de Gobierno de la UCM y Docente e Investigadora en la Facultad de Educación y Formación de Profesorado de la UCM. Forma parte del programa de mentoría en Programas de Desarrollo Directivo de diferentes Escuelas de Negocio en España.
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