La organización patronal agraria se queja de que la ONG de DDHH obtenga financiación pública del Ministerio de Derechos Sociales.
Manuel Piedra pide al ministro Planas su «intervención urgente como representante del sector» para que se pueda «suprimir» la campaña Exporta, explota, me expló!
Justicia Alimentaria denuncia la explotación laboral que hay detrás del sistema agroalimentario en España
Martes, 20 de diciembre de 2022. El secretario de Movilidad y Políticas Migratorias de UPA Andalucía y secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra, ha registrado este martes una carta en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 trasladando a la ministra Ione Belarra la queja de la organización por la que ha denominado como “campaña de desprestigio de productos», entre los que se encuentran los frutos rojos de Huelva, llevada acabo por la ONG Justicia Alimentaria para denunciar la explotación laboral de riders, envasadoras y temporeras.
En su misiva, Piedra traslada el «malestar» de UPA y del sector de los frutos rojos por la «campaña de desprestigio y difamación» que Justicia Alimentaria estaría ejecutando, «con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030». Piedra solicita abiertamente que la campaña sea suprimida «por ser difamatoria y tener una clara intencionalidad de perjudicar sin fundamentos el sector hortofrutícola».
Además del mencionado informe, Justicia Alimentaria ha puesto en marcha una recogida de firmas y tiene previsto difundir la campaña a través de medios publicitarios como la contratación de spots publicitarios o carteles que podrán verse durante las próximas semanas en los autobuses urbanos de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid.
La campaña de Justicia Alimentaria se basa en un informe (VER) al que la patronal agraria atribuye la «clara intencionalidad» de difamar a una serie de sectores estratégicos –entre el que se encuentra el sector hortofrutícola- con argumentos falsos sobre explotación laboral de personas inmigrantes».
Justicia Alimentaria sostiene en el polémico documento, que UPA Andalucía pretende silenciar, que «el sistema alimentario globalizado de nuestros días gana todas las partidas no por lo que muestra sino por lo que oculta: la mano de obra precarizada y explotada sobre la que asienta su éxito económico«. A este respecto la ONG se refiere a «personas vulnerables atrapadas en la inseguridad laboral, los bajos salarios, la pérdida de derechos y unas pésimas condiciones de trabajo y de vida«. «Una precariedad que atraviesa todo el sistema alimentario», advierte el informe, que dibuja un panorama que se extiende desde la producción agrícola, las macrogranjas y los mataderos, hasta el eslabón final de la cadena con los riders que se han convertido en parte del paisaje urbano o el creciente auge de las cocinas fantasma«.
«En la era global«, asevera Justicia Alimentaria, «la agricultura y la ganadería ya no producen productos finales -alimentos-, sino bienes intermedios para la industria agroalimentaria y esta, a su vez, es suministradora de lo que demanda el supermercado global. En parte como consecuencia de ello, se han ido perdiendo progresivamente los vínculos que existían entre alimentación y personas consumidoras, en un proceso gradual e imparable de alienación alimentaria. Buena cuenta de ello da este dato: en el Estado español, el 70 % de lo que consumimos son alimentos procesados«.
Así, el milagro económico de la agricultura de exportación «no ha dado lugar a la creación de empleo estable y de calidad, sino a una mayor precariedad de las relaciones de empleo y de las condiciones de trabajo«. En este sentido, el informe Exporta, explota, me, expló! hace mención expresa a la denominada «contratación en origen», que permite a los empresarios agrícolas la importación eventual de miles de mujeres marroquíes cada año, «mano de obra vulnerable y migrante» y la contratación de mano de obra extranjera que ya reside en España o la Unión Europea. «Parte está regularizada; otra parte, no».
Una mención que tampoco ha gustado a la patronal agraria UPA, cuyo secretario general en UPA Huelva ha asegurado que “hemos puesto en conocimiento de la Comisión Central de Flujos Migratorios, perteneciente a la Secretaría de Estado de Migraciones, que la campaña en cuestión incluye como modelo de explotación laboral el procedimiento GECCO, puesto en marcha por el Gobierno de España y que regula de forma muy pormenorizada la contratación de origen».
UPA invoca al ministro Planas para que interfiera en Derecho Sociales
Además de la carta de queja registrada ante el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, UPA Andalucía ha dirigido otro escrito al ministro de Agricultura, Luis Planas, solicitando su intervención urgente como representante del sector «para que se pueda suprimir la campaña». UPA se pregunta «si dentro de la Agenda 2030 está previsto como objetivo acabar con el sector de los frutos rojos de la provincia de Huelva”, dice Manuel Piedra, para quien “esta serie de acciones son un serio ataque sin fundamentos a la imagen de productos agroalimentarios andaluces cuyo destino son el comercio interior y exterior. En el caso de la provincia de Huelva, son muchos los empresarios y empresarias que ponen mucho esfuerzo en sacar sus explotaciones adelante y es intolerable que se permitan este tipo de campañas cuya única finalidad es acabar con el sector agrario”.
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