En una votación histórica, el Parlamento Europeo aprobó la Directiva sobre la Diligencia Debida para la Sostenibilidad Corporativa (DDDSC), una ley que representa un primer paso para obligar a las empresas a rendir cuentas sobre las medidas que toman de protección de los Derechos Humanos y el medioambiente.
El texto que el Parlamento dio luz verde sólo cubrirá a una minoría muy pequeña de empresas de la UE.
La ley también prevé diferentes opciones de aplicación para los Estados miembros y vías de recurso y justicia para las víctimas. Sin embargo, la Directiva sigue careciendo de normas que eliminen los obstáculos a los que se enfrentan las víctimas cuando intentan acceder a la justicia en los tribunales europeos.
El texto excluye actividades posteriores al consumo como el reciclaje y el tratamiento en vertederos, lo que supone una bofetada a quienes reclaman una transición justa.
El texto final no incluye los cruciales Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, dejando a las trabajadoras en condiciones peligrosas y potencialmente letales.
Miércoles, 24 de abril de 2024. En el undécimo aniversario del derrumbe industrial del Rana Plaza, en el que murieron 1.138 trabajadoras y miles resultaron heridas, el Parlamento Europeo ha aprobado en una votación histórica la Directiva sobre Diligencia Debida para la Sostenibilidad Empresarial (DDDSE). Esta ley representa un primer paso hacia unas cadenas de valor mundiales responsables de producir respetando los derechos humanos, laborales y medioambiental. La Unión Europea es ahora el mayor mercado mundial que impone la diligencia debida obligatoria en materia de derechos humanos y medio ambiente a las grandes empresas que operan tanto en su territorio como en el extranjero.
No obstante, la versión de la Directiva aprobada por el Parlamento es mucho menos ambiciosa que la acordada al final de las negociaciones del diálogo a tres bandas de diciembre de 2023. En concreto, el texto al que el Parlamento ha dado luz verde hoy sólo cubrirá una proporción muy pequeña de las empresas de la UE, dejará fuera partes cruciales de la cadena de valor y contiene importantes lagunas en lo que respecta a los derechos de las trabajadoras y los derechos de las víctimas.
«Los eurodiputados y las eurodiputadas han hecho historia hoy, ya que esta ley representa un cambio innovador en la forma en que las grandes empresas que operan en la UE, incluidas las marcas de moda y los minoristas, tendrán que hacer negocios», ha señalado Muriel Treibich, Coordinadora de Incidencia Política de la Oficina Internacional de la Campaña Ropa Limpia. «Sin embargo, su impacto será lamentablemente limitado, ya que muchos intermediarios y operadores más pequeños, todavía podrán eludir sus responsabilidades y seguir operando con impunidad», ha añadido.
Un aspecto crucial es que la ley también prevé distintas opciones de aplicación para los Estados miembros y vías de recurso y justicia para las víctimas, incluido un régimen de responsabilidad civil. Sin embargo, la Directiva aún carece de normas que eliminen los obstáculos a los que se enfrentan las víctimas cuando intentan acceder a la justicia en los tribunales europeos. «Queda por ver si en la práctica las víctimas podrán hacer uso del mecanismo de responsabilidad civil y si los Estados miembros decidirán abordar estas cuestiones durante la transposición del texto a la legislación nacional«, según Giuseppe Cioffo, de la Oficina Internacional de la Campaña Ropa Limpia.
En la recta final de las negociaciones, varios Estados miembros también decidieron reducir el alcance en que la ley se aplica en toda la cadena de valor de una empresa, excluyendo actividades posteriores al consumo como el reciclaje o el tratamiento en vertederos. Según Giuseppe Cioffo, Coordinador de Incidencia Política de la Oficina Internacional de la Campaña Ropa Limpia, «esta exención no responde a las exigencias de quienes reclaman una transición justa, una que respete a las trabajadoras que ya ocupan puestos de trabajo cruciales para avanzar hacia una economía circular«.
Además, a pesar de los esfuerzos por ampliar el abanico de instrumentos internacionales incluidos en la ley, el texto final sigue sin incluir explícitamente los cruciales Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto dejará a muchas trabajadoras que producen ropa para los consumidores europeos expuestas a trabajar en condiciones peligrosas que pueden tener consecuencias catastróficas para sus vidas, como demostró el desastre de Rana Plaza hace once años.
A pesar de sus notables defectos, la directiva aprobada hoy marca un hito en la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos y el impacto medioambiental de las actividades empresariales.
En cualquier caso, La aprobación final este miércoles por parte del Parlamento Europeo de la Directiva de Diligencia Debida para la Sostenibilidad Corporativa (CSDDD) supone un paso crucial para garantizar que las empresas de las que dependen las cadenas mundiales de producción adopten un compromiso real con su impacto en la sostenibilidad y los derechos humanos. Sin embargo, existen múltiples lagunas jurídicas que obstaculizarán el potencial de la norma.
A pesar de que el ámbito de aplicación de la Directiva se redujo considerablemente en las últimas fases de las negociaciones, la aprobación final del Parlamento acerca un poco más a la Unión Europea a garantizar la responsabilidad de las empresas. Las grandes corporaciones presentes en la UE tendrán que prevenir, mitigar y poner fin a las prácticas nocivas en sus operaciones globales a lo largo de sus cadenas de valor. También tendrán que desarrollar e implementar objetivos climáticos y planes de transición para alinear su estrategia y modelos de negocio con el objetivo de 1,5 °C del Acuerdo de París.
«El respaldo de los parlamentarios de toda la UE y de diversos grupos políticos refleja la acuciante necesidad y el amplio apoyo social y empresarial a la ley de Diligencia Debida«, ha declarado Uku Lilleväli, responsable de políticas de finanzas sostenibles de la Oficina Europea de Políticas de WWF. «La norma ayudará a las empresas tanto a prosperar económicamente como a defender los valores europeos de justicia, derechos humanos y sostenibilidad dentro de las fronteras de la UE y en el resto del mundo. Sin embargo, a pesar del resultado positivo de hoy, persisten graves lagunas que dificultarán la capacidad de la ley para lograr un cambio más estructural. Por nombrar algunas, con la norma se pierde una gran oportunidad para que el sector financiero identifique y aborde plenamente su impacto sobre la sostenibilidad. Asimismo, la cobertura de sólo una fracción de todos los daños ambientales y un alcance limitado de las empresas a las que aplica la norma, son cuestiones que deben solucionarse en los próximos años.»
FUENTES: Ecologistas en Acción y Campaña Ropa Limia
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